El riesgo para España de una grave crisis fiscal

En pleno debate sobre las consecuencias económicas de la incertidumbre política, ha vuelto a surgir uno de los graves desequilibrios de la economía española: el déficit público. Después de casi ocho años de reiterados incumplimientos del Pacto de Estabilidad europeo y bajo el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), la Hacienda española vuelve a registrar en 2015 una necesidad de financiación muy superior al objetivo previsto y comprometido con Bruselas: 5,24% del PIB frente al objetivo del 4,2%.

En este sentido, este incumplimiento por más de un punto porcentual de PIB no se puede considerar como uno más ni tampoco se le puede restar ni un ápice de la importancia que indudablemente tiene. En una coyuntura tan favorable como la que la economía tuvo en 2015 –un 3,2% de crecimiento con el desplome de los costes energéticos, depreciación del euro y política monetaria acomodaticia del BCE– los agentes económicos esperaban un importante ajuste del déficit para dejarlo cerca del 3% que en teoría se cumpliría de forma holgada en este año 2016.

Sin embargo, España sólo ha sido capaz de ajustar el desfase de sus finanzas públicas en apenas 0,6 puntos de PIB, a pesar de que tenía también casi todo a su favor en términos de recaudación. Gracias a que el consumo es el motor de la economía española, los ingresos por IVA y Sociedades han crecido muy por encima de la media de la recaudación total, mientras que los ingresos obtenidos por el Impuesto sobre la Renta y las Cotizaciones sociales han tenido un comportamiento más discreto.

Confiando en que la recaudación fuera muy sensible al crecimiento económico, un ahorro derivado del gasto cíclico (menos intereses y prestaciones por desempleo) y con el “ensanchamiento” de las bases imponibles derivado de la bajada de impuestos, el conjunto de las Administraciones Públicas aumentó en 2015 el gasto en términos nominales un 3,2% interanual, por encima de lo que estaba presupuestado. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de los ingresos ha cerrado por debajo de lo estimado en los Presupuestos Generales del Estado para 2015.

Es evidente el fracaso de la política presupuestaria en su función primordial de estabilización del crecimiento económico y la generación de empleo

Esta es sólo una de las causas del comportamiento tan preocupante del déficit público. A ella se añaden factores relevantes como el afloramiento de “déficit oculto” tras los cambios de gobiernos autonómicos y locales en las elecciones de mayo de 2015 y situaciones extraordinarias como la que señalaba el ministro Montoro en torno a la compra de vacunas para combatir la Hepatitis C o las ayudas al sistema financiero. Desde 2012, el déficit ha asumido 7 puntos de PIB invertidos en el saneamiento del antiguo sistema de Cajas de Ahorros.

A la luz de esta realidad, es evidente el fracaso de la política presupuestaria en su función primordial de estabilización del crecimiento económico y la generación de empleo. De poco han servido algunas de las líneas de actuación que las distintas Administraciones Públicas llevan poniendo en práctica desde 2011 como la de “guardar facturas” en los cajones en el último trimestre de cada año para después contabilizarlas en el primer trimestre del año siguiente, u otras prácticas denunciadas por Eurostat como las de llevar gastos directamente contra Deuda y no contra déficit.

Incluso teniendo en cuenta cambios metodológicos que ordena el Sistema Europeo de Cuentas 2010 (el llamado SEC 2010) pero que se aplican en muchas ocasiones de forma arbitraria, España se queda muy lejos de poder aseverar que su política fiscal ha tenido éxito a la hora de reducir el desequilibrio presupuestario. Esta es sin duda, una herencia problemática para el próximo Gobierno, la cual corre serio riesgo de empeorar si los datos de recaudación no cubren las expectativas (por ejemplo, crecimientos de la recaudación de IVA descontando devoluciones del 4% interanual) y el gasto continúa aumentando.

España se enfrenta a un déficit estructural permanente de más de 2 puntos de PIB

El incumplimiento del déficit, en sí mismo, no supondría en principio una crisis fiscal y menos cuando el coste de la Deuda está intervenido por la máquina de hacer dinero europea. En realidad, es una señal más de la grave crisis fiscal en la que está sumida España desde 2009, la cual se ha manifestado de diversas formas en los últimos años. En este sentido, es la constatación de un fracaso evidente de la política fiscal, la cual optó por cargar el mayor peso del ajuste por la vía de los ingresos públicos más que por la vía del gasto público.

Con esta filosofía, los agentes económicos en España asumieron la mayor subida de impuestos de la Democracia al comienzo del mandato del presidente en funciones Mariano Rajoy. En aquel momento y en momentos posteriores, el ministro Montoro creyó, por ejemplo, que por cada 1% que se subía el IRPF, su recaudación aumentaba automáticamente en un 1,3%. A pesar de este “dogma” sobre la “elasticidad” de la recaudación con respecto al tipo impositivo, la realidad se encargó de mostrar cómo las subidas de impuestos apenas aportaron 1,1 puntos de PIB un año después (a finales de 2012). En el conjunto de la Legislatura, la presión fiscal –ingresos sobre PIB– apenas ha aumentado en 2 puntos de PIB.

Mientras tanto, el gasto público en relación a la riqueza nacional continúa siendo mayor que los ingresos con una bajada cercana a 2 puntos de PIB. En total, en cuatro años, el déficit público se ha ajustado en 4 puntos de PIB cuando la exigencia era cercana a los 7 puntos. La política fiscal desarrollada por las Administraciones Públicas, ha ido imposibilitando año a año el cumplimiento de los objetivos de déficit, pidiendo constantes aplazamientos a Bruselas y continuas Actualizaciones del Programa de Estabilidad, nuevamente en papel mojado.

En este sentido, su actuación ha estado marcada por un acentuado cortoplacismo, sin atajar el verdadero problema de fondo: una crisis fiscal cuya duración en el tiempo dependerá (entre otros factores) de la intención del próximo Gobierno (o del actual) de rebajar de forma sustancial el gasto público tanto nominal como sobre PIB.

Muchas son las voces que apuntan a que el problema del déficit es de ingresos y cuya solución pasaría por una reforma fiscal que llevara más carga tributaria a las rentas altas, al patrimonio personal y a las empresas. Sin embargo, este razonamiento no cae en la cuenta de un hecho trascendental: en el mejor momento económico de los últimos años (en el tercer trimestre de 2007), España logró su máximo histórico de recaudación en el 39,3% del PIB. Actualmente, el gasto público asciende al 41,3% del PIB mientras la presión fiscal está en el 36,1% sobre PIB.

Al próximo Gobierno le queda la tarea de sacar a España de esta aguda crisis fiscal en un entorno más desfavorable

Por tanto, España se enfrenta a un déficit estructural permanente de más de 2 puntos de PIB (más de 20.000 millones de euros), el cual no le deja margen alguno para poder endeudarse ante imprevistos ni tampoco políticas discrecionales de demanda. Algo similar es la situación del saldo primario (descontando los intereses de la Deuda), el cual no ha podido cerrar por debajo del -2% en 2015. Si con la mayor subida de impuestos de los últimos años sólo se consiguió recaudar 2 puntos más de PIB, sería muy improbable que nuevas subidas de impuestos llegaran al menos a cubrir el actual nivel de gasto público.

Esta es, en suma, la situación actual de las finanzas de la Hacienda pública. Aunque el BCE siga interviniendo, al próximo Gobierno le queda la tarea de sacar a España de esta aguda crisis fiscal en un entorno más desfavorable y con el dudoso honor de ser el país con el mayor déficit primario y el mayor déficit estructural de la Eurozona y en el furgón de cola de los países que han recibido algún tipo de rescate.

El futuro no es alentador. Una economía que a duras penas aumenta su ahorro (la clave del crecimiento a largo plazo) y cuyo Estado des-ahorra, difícilmente puede sostener el actual marco fiscal.

***Javier Santacruz Cano es economista socio de China Capital y miembro del Consejo Asesor de Civismo.