Hoy se cumplen doce años del mayor atentado terrorista de nuestra historia y es el primer 11-M desde la salida de EL ESPAÑOL. Las secuelas perviven en las víctimas, aunque el paso del tiempo ha empezado a temperar algunas tensiones, como las vividas entre las diferentes asociaciones de afectados.

El frente judicial no está completamente cerrado, pero casi. Tras años de lucha, el intento de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M de que Sánchez Manzano, jefe de los Tedax, responda por su responsabilidad en la desastrosa investigación de los atentados, está a la espera de un recurso para que no sea archivado. Y la última decisión de los tribunales fue desestimar la querella que Jamal Zougam -único condenado como autor material de la masacre- interpuso por falso testimonio contra las testigos rumanas que le situaron en el tren de Santa Eugenia.

Cuestiones no resueltas

Puede decirse, pues, que la Justicia ha desistido de seguir buscando la verdad de lo sucedido, pese a que hay muchas cosas pendientes de aclarar, empezando por la cuestión de quién organizó los atentados, algo que los tribunales no han establecido. Y no descubrimos nada al decir que algunos de los hechos que la sentencia del 11-M da por probados no lo están en absoluto. El fallo, por ejemplo, es confuso incluso en algo tan básico como los explosivos utilizados.

El ingeniero especialista en el sector ferroviario Carlos Sánchez de Roda hace hoy en nuestras páginas una relación pormenorizada de la cadena de chapuzas que se cometieron en la investigación del vagón de Santa Eugenia y que, consecuentemente, dieron lugar a errores en la sentencia.

Aquella pésima instrucción

Son estas y otras cuestiones las que plantean dudas acerca de si Zougam, condenado a más de 40.000 años de cárcel, acabó siendo víctima de una pésima instrucción y de una mala sentencia. Sus familiares y él mismo insisten en su inocencia, y no descartan llevar el caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Evidentemente, ni es labor de los medios de comunicación solucionar el deficiente funcionamiento de la Administración ni revisar las resoluciones polémicas de la Justicia, pero abdicaríamos de nuestra función si no lo denunciáramos.

Decíamos que hoy se cumplen doce años del mayor atentado terrorista de nuestra historia y seguimos sin tener un relato completo y coherente de lo sucedido. Por eso, su esclarecimiento continúa siendo siendo una asignatura pendiente para España, como Estado y como sociedad.