Tras su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto, el Gobierno ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Plan Estratégico Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El objetivo es prevenir, minimizar y sancionar las actividades relacionadas con la financiación de este tipo de armamento. Y pretende conseguirlo a través de la coordinación de todas las administraciones públicas.

Además, contará "con la colaboración del sector privado y una sociedad civil involucrada", según recoge Efe, para cumplir con las Resoluciones de Naciones Unidas, así como la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional.

El Plan plantea abordar cambios legislativos y aboga por una modificación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con el fin de garantizar que no se lleven a cabo pagos prohibidos.

También para que las entidades reporten cualquier operación denegada debido a su vinculación con la implementación de sanciones financieras, y se apliquen las normativas de control en la exportación.

Para ello, añade el documento, considera necesario garantizar un aumento de los recursos destinados a la lucha contra la financiación de la proliferación, mediante el incremento de personal y la implementación de nuevas tecnologías, a través de la oportuna dotación presupuestaria.

Con el fin de llevar a cabo el nuevo Plan Estratégico Nacional, el Gobierno reclama un incremento de la dotación de recursos humanos y presupuesto para la Secretaría de la Comisión Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Misma petición que se ha trasladado para las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con competencias en la investigación de financiación de la proliferación.

El plan tiene en cuenta las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea en materia de proliferación y que se han basado en la prohibición tanto de armamento convencional como de productos de doble uso.

Por tanto, su objetivo es prohibir la venta, suministro, transferencia o exportación, tanto de forma directa como indirecta, de los productos relacionados con las armas de destrucción masiva.

Así como de las actividades de tipo financiero, en relación con armamento convencional o los mencionados anteriormente productos de doble uso con un tercer país que se encuentre sometido a las medidas restrictivas de la Unión Europea.

Actualmente, destaca el texto publicado, "nos encontramos con un riesgo destacable en la transferencia de tecnología, que, dado su carácter intangible, puede salvar múltiples controles con mucha más facilidad".

A lo que se suman mecanismos de financiación que permiten llevar a cabo una deslocalización de la producción fuera de la Unión Europea.

El Gobierno pretende así reforzar los mecanismos ya existentes sobre la congelación de fondos con base en las medidas restrictivas de la UE.

Así como evitar que la financiación promueva la implementación de una industria proliferante, basada en una transferencia tecnológica nacional, tanto de armamento convencional como de productos de doble uso.

Es por esta razón que el intercambio de información entre administraciones es de suma importancia, tanto a nivel nacional como internacional y la colaboración público-privada.