Las Fuerzas Armadas se enfrentan a un escenario complejo, marcado por la necesidad de modernizar sus capacidades y la urgencia de atraer y retener talento. Hace apenas unos meses que el Gobierno estableció un aumento de 10.471 millones de euros de inversión en Defensa para llegar al 2%. 

Una parte relevante de ese incremento se destinará a los salarios de las Fuerzas Armadas, pero también a nuevos sistemas de combate, a emergencias o a la ciberseguridad nacional. Mientras se anuncian estas inversiones millonarias en armamento, surgen preguntas clave sobre quién operará esos nuevos sistemas y cómo se garantizará su bienestar.

A pesar de que desde 2011 se han registrado 203 militares fallecidos y más de 27.500 heridos, su labor sigue sin ser reconocida como profesión de riesgo. La cifra de soldados es muy inferior a la que había hace década y media, cuando se alcanzó el máximo de efectivos con un total de 130.039.

La crisis económica de aquellos años, los recortes y la falta de inversión sostenida en el tiempo propiciaron que la inversión en defensa languideciera, y la cifra de militares comenzó a descender. El declive ha proseguido hasta el pasado 2024, cuando se contabilizaron 116.961 militares, según los datos del Observatorio de la Vida Militar. Algo que ahora parece querer remediarse.

Mariano Casado,  presidente de este órgano encargado de analizar las condiciones de los militares, ofrece una entrevista a EL ESPAÑOL para reflexionar cómo, cuándo y en qué se podría mejorar la vida de los integrantes de nuestras tropas.

¿Cuáles son hoy los principales problemas que afectan a la calidad de la vida militar?

Nuestros posicionamientos se basan en los datos del ministerio y, fundamentalmente, en las reuniones que mantenemos con las tres escalas (oficiales, suboficiales y tropa y marinería) en las unidades que visitamos, sin la presencia de los jefes. Hay problemas que se repiten. Las retribuciones son lo que más preocupa al personal militar. Entendemos que deberían ser más altas, en proporción a la responsabilidad, los riesgos y la disponibilidad permanente que asumen. Es razonable que, además del componente vocacional —que lo entendemos todos—, las familias de los militares también tengan la expectativa legítima de vivir mejor, de que sus hijos puedan estudiar, de tener una vida digna. 

A veces se piensa que la falta de mejoras es por el Ministerio de Defensa, pero no es así. Sabemos que las decisiones dependen también de Función Pública y Hacienda, que deben apostar por ello. Si no hay retribuciones atractivas, nos va a costar mucho retener a la gente, que ya se está yendo en todas las escalas. Si no atendemos esta necesidad, tendremos un problema operativo importante.

¿En qué medida deberían mejorar esas retribuciones?

Si los militares se comparan con otros colectivos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la diferencia es notable. Un teniente recién egresado de una academia militar cobra menos que un guardia civil recién salido de la academia de Baeza, a pesar de que la formación del militar es mucho más larga y exigente. Además, un guardia civil es militar de carrera desde que egresa.

Más allá de las cuantías, desde el Observatorio reclamamos adaptar el sistema retributivo a las particularidades de la vida militar: pagar las guardias, las maniobras o el tiempo que se está fuera de casa, que para algunos supera los 120 días al año. En otros colectivos de la Administración, como el personal estatutario de sanidad, esos conceptos se pagan.

Se han agradecido las recientes subidas salariales de 100 o 200 euros, pero también han generado cierta inquietud porque fueron lineales, lo que provoca debates sobre si esa fórmula es la más justa.

Otro problema que ustedes señalan en sus análisis es la movilidad geográfica.

Sí, y está muy ligado a lo económico. Si las retribuciones fueran mayores, la gente tendría más capacidad para afrontar los costes de un traslado. Cada ejército debería revisar sus políticas internas de movilidad, porque en algunos casos se producen cambios de destino cada dos años. Esto genera grandes dificultades personales y familiares. Si es estrictamente necesario, puede tener sentido, pero conviene revisarlo porque ese nivel de rotación causa estragos. Muchas veces está ligada a la promoción interna, pero otras no, y se establece igualmente. Si esa movilidad es necesaria, hay que compensarla de alguna forma.

¿Y en cuanto a la conciliación de la vida familiar y profesional?

Ahí se han hecho grandes avances, y creo que el Ministerio de Defensa está por delante de otros departamentos del Ejecutivo. El problema es compatibilizarlo con las necesidades operativas y con la escasez de personal en muchas unidades, lo que genera tensiones.

Hemos propuesto aglutinar todos los datos sobre conciliación para conocer la realidad en las unidades. A veces otros funcionarios dicen "nosotros también nos movemos", pero no es lo mismo. No se mueven de la misma manera, ni con la misma intensidad, ni afrontan misiones de tres, cuatro o seis meses fuera de su hogar.

Menciona la atención a las familias como un punto clave. ¿Qué echan en falta?

Si vamos a tener más gente en operaciones y más tiempo fuera, las estructuras de apoyo a las familias deben incrementarse y profesionalizarse. Hay que poner a la familia en el centro de las políticas de defensa. A un militar se le puede ordenar una misión de un día para otro, y cumplirá la orden, pero puede necesitar apoyos que el sistema no siempre provee. No se trata solo de invitar a las familias al día de la unidad, sino de tener resortes públicos, potentes y permanentes, como las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP). Si un militar se va a una misión con la tranquilidad de que su retaguardia está cubierta, trabajará con más serenidad.

Ya existen mecanismos de apoyo y han mejorado mucho las comunicaciones.

Ha mejorado sustancialmente la situación, permitiendo una comunicación fluida, antes impensable. Sin embargo, aunque existen iniciativas, creemos que hay que institucionalizar y profesionalizar mucho más este apoyo. Las estructuras actuales quizás no están preparadas para un escenario con muchísima más gente desplazada y en situaciones más complejas.

Otro tema fundamental es la inversión en alojamientos. Es urgente mejorar su calidad porque hay listas de espera en muchos sitios y, si se van a incrementar las plazas de tropa y marinería, los jefes de unidad ya están preocupados por dónde van a alojar a esa gente. 

El Ministerio de Defensa planea aumentar las plazas de tropa. ¿Están las infraestructuras preparadas?

Si se van a incorporar 7.000 personas, hay que prever dónde se van a alojar. No llegan todos de golpe, pero muchas unidades ya se encuentran saturadas. Y lo que más nos preocupa es que esos alojamientos sean dignos. Algunos jefes de unidad nos cuentan que lo pasan mal porque la tropa recién llegada no tiene dónde vivir. Y muchos de esos jóvenes, cuando se alistaron, lo hicieron con la expectativa de tener un alojamiento garantizado. Esa expectativa no siempre se cumple, y hay que resolverlo.

Para que se cubran esas plazas y la gente no se vaya, tenemos que ofrecer un "reclutamiento inteligente". Que la gente entre en las Fuerzas Armadas y se quiera quedar. ¿Quienes llegan se quiere ir?

Algunos jefes de unidad nos cuentan que, cuando llegan soldados nuevos de los centros de formación, lo primero que se les pregunta es: “¿Cuál es tu plan?”. Y muchos responden que su objetivo es irse a la Guardia Civil o a la Policía. En esos casos, ni siquiera se les puede plantear una carrera a largo plazo. Si la gente está de paso, ¿cómo consolidamos los programas de modernización que requieren personal preparado? Es fundamental consolidar las plantillas. Si no, tenemos un problema serio.

¿Qué papel juega la familia a la hora de que un joven decida ser militar?

Es clave. Si los padres perciben que las Fuerzas Armadas ofrecen un futuro sólido, animarán a sus hijos a entrar. Si no lo ven claro, dirán: “mejor busca otra cosa”. Y más en un escenario como el actual, con incertidumbres. Por eso, debemos hacer atractiva la carrera militar: con mejores retribuciones, opciones de promoción, salidas profesionales y un recorrido claro. No basta con facilitar la entrada; hay que ofrecer un proyecto de vida.

¿Percibe consenso entre los grupos parlamentarios para abordar estas cuestiones?

En algunos temas sí, pero todavía hay que trabajarlo. Nosotros, desde el Observatorio, trasladamos los problemas, nos reunimos con todos y les pedimos consenso. No estamos en el día a día de la política, y quizá por eso podemos hablar con más claridad.

Siempre repito algo que parece muy manido, pero que es verdad: la defensa es una cuestión de Estado. Si hay que subir retribuciones, pónganse de acuerdo.

¿No percibe, al menos entre los dos grandes partidos, una voluntad clara de lograr un gran pacto?

Es una cuestión de Estado. El último dictamen de la Comisión de Defensa recoge 89 medidas que ya constituyen un programa de acción. Las soluciones pasan por alcanzar acuerdos: si falta personal, hay que hacer atractivas las unidades; si los salarios son bajos, mejorarlos; si faltan infraestructuras, invertir. En muchos asuntos de esta índole hay coincidencia entre los partidos, pero la política de defensa va más allá del Ministerio: implica a Hacienda, Función Pública y también a comunidades y ayuntamientos en ámbitos como vivienda, educación o sanidad. Echamos en falta esa responsabilidad compartida.

El Observatorio da ideas y funciona como foro de análisis, pero la responsabilidad última es de los grupos parlamentarios.

Así es, depende de cada grupo. Hay dos niveles de compromiso: el de los partidos, con sus estrategias, y el del Gobierno, con la gestión. Nuestro papel no es criticar por criticar, sino recordar que la política de defensa compete a todos. La defensa no se improvisa y nadie sabe qué escenario geopolítico tendremos en unos años.

Desde 2011 hasta 2023, se han contabilizado 203 militares muertos y 27.511 heridos. ¿Debería ser reconocida como profesión de riesgo?

Este asunto nosotros lo hemos estudiado expresamente, pero ser militar es una profesión de riesgo per se, por su propia naturaleza. La cuestión principal es atender a las consecuencias de esa realidad, por ejemplo, en relación con la jubilación anticipada. Es un tema complejo, ya que la competencia es del Ministerio de Seguridad Social y no de Defensa, y además conviven dos regímenes de cotización. Tarde o temprano habrá que acometer esta situación, pero nadie puede dudar de la existencia de ese riesgo. Lo que hay que determinar son sus efectos jurídicos.

En otros países, como Alemania, se ha planteado reinstaurar el servicio militar. ¿Cómo ven esta posibilidad en España?

Creemos que la apuesta de momento debe ser por un ejército profesional. Lo que sí nos preocupa es la situación del reservismo, que fue concebido en un escenario geopolítico que ya no existe.

Por ejemplo, el personal en la reserva no puede ejercer el mando si se reincorpora, los reservistas de especial disponibilidad se desconectan de la vida militar, y los reservistas voluntarios, a veces con un talento enorme, se ven obligados a retirarse al llegar a una edad. Hay que analizar y reformar todo este sistema.