La interceptación de los buques de la Flotilla Global Sumud frente a la costa de Gaza y la detención de su tripulación por parte de Israel ha sido calificada por Amnistía Internacional como “un ataque descarado contra activistas solidarios que llevan a cabo una misión humanitaria completamente pacífica”.
La organización subraya que los barcos transportaban ayuda destinada a paliar la escasez en la Franja, sin participación armada. Pero ¿son las acciones israelíes ilegales? Hay opiniones en un sentido y el contrario.
El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha informado este jueves de que el traslado de los más de 400 participantes se completará en el puerto de Ashdod.
Allí recibirán atención consular antes de ser alojados en instalaciones de Be’er Sheva. Israel planea repatriarlos en dos vuelos chárter con destino a Londres y Madrid, entre el lunes y el martes. Tajani señala que estas ciudades fueron elegidas porque albergan la dirección de la flotilla.
El Gobierno español ha pedido a Israel que garantice los derechos de sus nacionales y de todos los participantes. Pedro Sánchez insiste en que la flotilla no representa una amenaza y que su objetivo es suplir la falta de llegada de ayuda humanitaria, especialmente la coordinada por la UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos.
El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina denuncia que estamos ante “un ataque y una agresión” y recuerda que, según la Corte Internacional de Justicia, Israel carece de soberanía sobre las aguas territoriales palestinas y sobre aguas internacionales adyacentes a Gaza.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, exige la liberación inmediata de sus compatriotas y denuncia la violación de la soberanía de los Estados cuyas banderas enarbolaban los barcos. Turquía califica la acción como “un acto de terrorismo” y emprenderá medidas legales.
Israel argumenta que la interceptación fue necesaria para hacer cumplir un “bloqueo naval legal”: los barcos se aproximaban a una “zona de combate activa”. El Ministerio de Exteriores reitera que ofreció trasladar la ayuda por canales alternativos y difunde que algunos participantes podrían tener vínculos con Hamás. Pero no aporta pruebas concluyentes que acrediten la acusación.
El precedente de las flotillas anteriores arroja algo de luz a otras derivadas del mismo caso.
Activistas como la sueca Greta Thunberg han sido detenidas en misiones similares y deportadas sin proceso penal. Es decir: aquello se abordó como un asunto migratorio.
Otros participantes, entre ellos la eurodiputada francesa Rima Hassan, se negaron a firmar órdenes de deportación argumentando que no pretendían entrar en territorio israelí. Algunos fueron retenidos brevemente y posteriormente expulsados con prohibición de retorno por 100 años.
La organización israelí de derechos humanos Adalah indica que los participantes de la última flotilla serán identificados y procesados antes de su deportación.
Su directora legal, Suhad Bishara, destaca que la principal preocupación es garantizar el bienestar y la salud de los activistas, así como su acceso a asesoramiento jurídico durante los procedimientos ante el tribunal de inmigración.
¿Y qué hay de los expertos en derecho internacional? Yuval Shany, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, asume que Israel puede interceptar barcos si el bloqueo de Gaza está justificado militarmente y los barcos intentan violarlo.
Sin embargo, admite a la agencia Associated Press, la validez del bloqueo es controvertida.
Omer Shatz, del Sciences Po en París, señala que aunque el cerco fuera legal, el derecho internacional reconoce un corredor humanitario desde alta mar hasta Gaza para garantizar las necesidades básicas de la población, permitiendo inspecciones limitadas sobre la carga.
Shatz choca con Eugene Kontorovich. Este especialista de la George Mason University interpreta que una vez declarado y notificado un bloqueo, los barcos que intenten romperlo pueden ser detenidos, abordados o incluso hundidos, y sus tripulantes tratados como entidades hostiles.
Esta lectura contrasta con la visión de juristas y oenegés que defienden la libertad de navegación y las obligaciones humanitarias de la Convención de Ginebra. Una que obliga a permitir el paso de ayuda esencial en situaciones de conflicto.