La Comisión de Investigación de la ONU presentó ayer un informe que avala que Israel cumple con cuatro de las cinco condiciones que permiten concluir que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino.
La publicación llegó mientras Israel avanza en su plan de ocupar la Ciudad de Gaza, y mientras crece la indignación por su respuesta al atentado de Hamás del 7-O. Ese día murieron 1.139 personas en Israel (incluidos 36 niños) y 250 fueron secuestradas; 50 siguen en manos del grupo terrorista, de las que 20, presumiblemente, han muerto.
En Gaza, más de 60.000 palestinos han muerto por ataques israelíes, según el Ministerio de Salud, controlado por Hamas, una cifra que la ONU y organizaciones médicas elevan a más de 64.000, sin contar muertes por hambre o enfermedades. Más de la mitad de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados.
La definición legal de genocidio, según la Convención de 1948, exige demostrar actos como matanzas, lesiones graves, destrucción de condiciones de vida, impedimento de nacimientos o traslado forzoso de niños, con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Este criterio exige una prueba específica (dolus specialis). Por tanto, no basta con consecuencias letales no dirigidas a ese fin.
Diversos organismos —como Amnistía Internacional, grupos israelíes como B’Tselem, Physicians for Human Rights‑Israel, el University Network for Human Rights y la International Association of Genocide Scholars— sostienen que hay pruebas suficientes de genocidio por parte de Israel, señalando la intención en la campaña militar y la destrucción masiva de infraestructura.
La Comisión de Investigación de la ONU ha acusado a Israel de crímenes contra la humanidad, y el ECCHR considera que el uso del hambre y los bloqueos podría constituir genocidio, según el derecho internacional.
Entre quienes consideran que Israel no está cometiendo genocidio, argumentan que falta evidencia del dolus specialis necesario bajo la Convención, consideran que las acusaciones son "absurdas" y advierten que no existen fundamentos legales sólidos.
Opiniones recientes en medios como The New York Post, califican el concepto de genocidio en Gaza como una "creencia de lujo" o "moralmente perverso".
Estas opiniones suelen coincidir con la narrativa del Gobierno de Netanyahu.
Sudáfrica llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en diciembre de 2023. En enero de 2024, la CIJ consideró que era "plausible" que se estuvieran violando derechos protegidos por la Convención, pero no declaró que hubiera un genocidio en marcha. El fallo definitivo podría llegar en 2027.
EL ESPAÑOL ha entrevistado a algunos de los principales juristas internacionales, con posiciones antagónicas acerca de si se debe declarar el genocidio en Gaza, para aclarar tanto el concepto como el proceso legal. El principal escollo está probar la "intención específica".
Entre quienes consideran que no hay genocidio está el jurista israelí Eugene Kontorovich explica que "las acciones de Israel en el conflicto de Gaza no se acercan ni remotamente a la definición de genocidio".
"Según las propias cifras de Hamás, los combatientes [terroristas] de Hamás constituyen casi la mitad de todas las víctimas de Gaza. Eso significa que Israel ha luchado atacando objetivos militares legítimos, causando menos daños a la población civil que en casi cualquier guerra urbana moderna", sostiene.
Según Kontorovich, Israel no ataca deliberadamente a civiles, sino que apunta a objetivos militares, y las víctimas civiles se deben al uso de escudos humanos por parte de Hamás.
A su juicio, esto refleja la intención de eliminar a Hamás, no al pueblo de Gaza. Además, critica que la cobertura mediática internacional —que responsabiliza a Israel mientras ignora el comportamiento de Hamás— "solo anima a Hamás a aumentar y prolongar el sufrimiento de Gaza".
La profesora Yaël Ronen, del Minerva Center for Human Rights, de la Hebrew University, cree que "centrarse en si la situación constituye un genocidio es erróneo". Para esa respuesta es necesario "profundizar en cuestiones doctrinales inexploradas que no se previeron cuando se articuló el delito".
La entrevistada considera que centrarse en si lo ocurrido en Gaza constituye un genocidio es una distracción que desvía la atención de lo verdaderamente importante: detener la violencia y el sufrimiento. Sostiene que esta cuestión jurídica abre debates doctrinales complejos y no resueltos, como la dificultad de vincular la intención con la conducta, o de aplicar un delito basado en distinciones étnicas a un conflicto entre grupos que se definen por esas mismas identidades.
En su opinión, este enfoque ignora el contexto del conflicto armado y a veces incluso minimiza el papel de Hamás o justifica su conducta. Por otro lado, subraya que "la muerte y el sufrimiento de los niños (y otros civiles) no son menos horribles solo porque se trate de un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad y no de genocidio".
Desde su experiencia, sus colegas y ella han advertido reiteradamente al Gobierno y al ejército israelí del riesgo de incurrir en crímenes internacionales.
En cuanto al uso del término "genocidio", reconoce que tiene una utilidad jurídica —al abrir el camino a la CIJ— pero también un fuerte componente emocional y mediático: "Sin duda el genocidio es un crimen mucho más sensacionalista".
Finalmente, aboga por que la comunidad internacional se centre en lo esencial: frenar la guerra y evitar más muertes, tanto de civiles en Gaza como de rehenes en manos de Hamás, ya que el derecho penal internacional no ha demostrado ser eficaz para prevenir atrocidades.
Argumentos para el genocidio
Entre los juristas que aseguran que Israel está cometiendo un genocidio destaca Omer Bartov, catedrático de Estudios del Holocausto y Genocidio de la Universidad de Brown. Explica que los ataques israelíes contra Gaza "cumplen la definición de la convención sobre genocidio desde mayo de 2024".
¿Por qué? Porque "están orientados a hacer que Gaza sea inhabitable para su población mediante la destrucción sistemática de viviendas, edificios públicos, instalaciones educativas, lugares religiosos e instalaciones médicas, con el objetivo de forzar una limpieza étnica que se ha convertido en genocidio porque la población no tiene dónde huir y está siendo diezmada por los ataques militares, la falta de infraestructura humanitaria, la desnutrición, las enfermedades y la hambruna".
Según su análisis, lo más relevante para evaluar estos actos es "la intención de destruir a los palestinos como grupo nacional, étnico y religioso y la aplicación sistemática de esa intención".
La cuestión del genocidio en Gaza recibe tanta o más atención en países occidentales que en Oriente Medio, debido a que "Israel es un aliado de los países europeos y de Estados Unidos, y cuenta con su apoyo militar y político, a diferencia de otros regímenes criminales y genocidas", señala Bartov.
"Es la supuesta ‘mansión en la jungla’ que se ha convertido en el régimen más violento del siglo XXI, utilizando el supuesto ‘ejército más moral del mundo’ para erradicar Gaza y llevar a cabo una limpieza étnica progresiva en Cisjordania", concluye
La doctora Melanie O’Brien considera que "las acciones de Israel cumplen los requisitos legales para ser consideradas genocidio".
Esto incluye "décadas de discriminación, persecución y apartheid anteriores al 7 de octubre de 2023, así como la conducta desde esa fecha, en particular los asesinatos, la inanición, la violencia reproductiva y sexual, la tortura, la denegación de asistencia sanitaria y la destrucción de las condiciones de vida".
Para que una situación sea considerada genocidio, debe probarse que se ha cometido "al menos uno de los cinco delitos de genocidio: que las víctimas constituyen un grupo racial, étnico, religioso o nacional, y que los autores tienen la intención de destruir a ese grupo en su totalidad o en parte", explica O’Brien.
En el caso de Gaza, la preocupación gira en torno a la posible comisión del delito mediante la imposición deliberada de condiciones de vida —como la falta de alimentos, agua, refugio y atención médica— que podrían provocar la destrucción física del grupo.
Estas privaciones están generando hambre, enfermedades y deshidratación, y los expertos advierten que las muertes por inanición aumentarán rápidamente, mientras que quienes sobrevivan podrían enfrentar secuelas de salud a largo plazo.
A diferencia de otros crímenes internacionales, como los crímenes de guerra o de lesa humanidad, el genocidio implica una responsabilidad jurídica específica. Por eso, muchos países evitan emplear ese término, ya que no quieren verse legalmente forzados a intervenir ni asumir responsabilidades por su inacción. Además, el nivel de atención internacional depende de factores políticos como la identidad de las víctimas, los autores, sus alianzas y los recursos en juego en la zona afectada, subraya la jurista.
El profesor William A. Schabas afirma que la ofensiva israelí contra el pueblo palestino cumple los criterios de genocidio según la Convención de 1948 y el Estatuto de Roma.
Señala que Israel está cometiendo actos tipificados como genocidas, como asesinatos y la imposición de condiciones de vida que buscan destruir al grupo "total o parcialmente".
Subraya que "esto se demuestra por declaraciones racistas y conductas genocidas", como la destrucción casi total de infraestructuras civiles, incluidas las de salud pública, educación y agua potable.
El objetivo declarado del régimen de Netanyahu es la expulsión del pueblo palestino de Gaza, y las pruebas apuntan a que se intenta lograr por cualquier medio, incluida la destrucción física de la población.
Coincide con esta afirmación el profesor emérito de la Universidad de Sussex Martin Shaw, porque "el Gobierno israelí ha mostrado una intención constante de destruir físicamente a parte de la población de Gaza, como demuestran las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) durante los últimos 22 meses, así como los discursos genocidas del presidente, el primer ministro y numerosos ministros".
Los dos elementos principales para esta afirmación son "los constantes bombardeos y la prevención del suministro de alimentos, que está provocando hambrunas".
Shaw fue una de las primeras voces en alertar sobre el carácter genocida de la campaña de Israel y asegura que los políticos y editores proisraelíes han mantenido la cuestión fuera del foco público hasta ahora, cuando "se ha vuelto imposible para cualquiera negar de manera creíble la enormidad de lo que ha hecho Israel".
La jurista Sonia Boulos, de la Universidad de Nebrija, responde a las alegaciones contra el genocidio, como la supuesta falta de prueba concluyente de la intención específica.
Según Boulos, las pruebas recabadas por especialistas de la ONU demuestran que el patrón de conducta de Israel en Gaza sí revela esa intención, mediante matanzas masivas, desplazamientos forzados y hambruna inducida.
Un ejemplo concreto es el informe de la ONU de marzo de 2024 que documenta el ataque deliberado contra servicios reproductivos, como el bombardeo del Centro de Fertilidad Al-Basma. Según la Comisión de la ONU, esto demuestra que las autoridades israelíes han destruido en parte la capacidad reproductiva del pueblo palestino en Gaza como grupo.
Otro de los argumentos contra el genocidio es que las operaciones militares no están destinadas a la población civil, lo que para Boulos "resulta insostenible" tras 32 meses de guerra a la luz de las evidencias documentadas.
Tanto Boulos como Schabas rechazan que se descarte el genocidio porque hay palestinos que viven en territorio israelí, y consideran que es un argumento erróneo, como demuestra el genocidio de Srebrenica y la situación de "apartheid" de estos palestinos.