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El Parlamento británico investigará el patrimonio y los contratos de alquiler de la Casa Real tras el escándalo del príncipe Andrés.
El príncipe Andrés residió en Royal Lodge sin pagar alquiler durante más de 20 años, lo que ha originado la auditoría.
El Comité de Cuentas Públicas ha solicitado detalles sobre los contratos y posibles fondos públicos usados en reparaciones.
Guillermo y Kate han firmado un contrato de alquiler a precio de mercado para su nueva residencia, a diferencia de las condiciones de Andrés.
El Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico ha anunciado el inicio de una investigación sobre el patrimonio de la Casa Real y sus alquileres a miembros de la familia después de la polémica creada en torno al contrato de Andrés Mountbatten-Windsor, despojado de su título de príncipe de Inglaterra, sobre Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones en la que residía en Windsor sin pagar un arrendamiento durante más de 20 años.
Esta polémica llevó al Comité de Cuentas Públicas (PAC) del Parlamento británico a exigir explicaciones tanto al Tesoro como a The Crown Estate, la entidad gestora de los bienes de la Corona, ahondando aún más en la crisis que vive la Casa Real británica tras la retirada de títulos y funciones oficiales al príncipe Andrés por su vinculación con Jeffrey Epstein.
Este comité solicitó información detallada sobre los términos del contrato de Royal Lodge y sobre si Andrés ha cumplido con sus obligaciones de mantenimiento, así como si se han utilizado fondos públicos para sufragar reparaciones.
Tras recibir esta información, que revela que el príncipe Andrés no pagó alquiler durante dos décadas, el presidente del Comité de Cuentas Públicas, Geoffrey Clifton-Brown, ha explicado todo esto "constituye claramente la base para una investigación", que se llevará a cabo el próximo año.
"El Comité de Cuentas Públicas cumple uno de sus principales objetivos: favorecer la transparencia en información de interés público, como parte de su misión general de asegurar el valor del dinero para el contribuyente", ha afirmado.
En el informe del comité se confirma, además, que el príncipe Andrés no recibirá compensación alguna, que asciende a 488.000 libras -555.000 euros-, por renunciar al contrato de arrendamiento de 75 años del Royal Lodge debido al mal estado de la residencia y las reparaciones que tienen que realizarse.
Andrés podría ser llamado a comparecer
La investigación parlamentaria también ha puesto el foco en los contratos de otros miembros de la familia real. The Crown Estate ha informado al PAC de que Guillermo y Kate, príncipe y princesa de Gales, han firmado un contrato de arrendamiento de 20 años para Forest Lodge, su nueva residencia, a partir del 5 de julio de 2025.
Este contrato se ha establecido en "términos de mercado apropiados", con una renta abierta de mercado, en contraste con el alquiler simbólico e irrisorio de Andrés.
De hecho, hace semanas The Times publicó la copia del contrato de arrendamiento del Royal Lodge. El acuerdo estipula que el alquiler es de "un grano de pimienta (si se exige)" al año desde 2003, si bien se sabe que inicialmente el príncipe Andrés pagó un millón de libras (1,17 millones de euros) en concepto de arrendamiento y al menos 7,5 millones (8,78 millones de euros) en reformas realizadas en 2005.
El Comité de Cuentas Públicas ha anunciado que la investigación se desarrollará a partir de las conclusiones que aporte la National Audit Office (NAO), el organismo encargado de la fiscalización pública. “Esperamos las conclusiones de la National Audit Office y planeamos celebrar una investigación basada en las pruebas resultantes en 2026”, ha declarado Sir Geoffrey Clifton-Brown.
La fecha de la primera sesión de pruebas aún no se ha hecho pública y varios medios británicos apuntan a que el príncipe Andrés podría ser llamado a comparecer.