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La Fiscalía de Francia ha reclamado este lunes que el expresidente Nicolas Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial tras 20 días en prisión después de ser condenado a cinco años de cárcel por financiar ilegalmente la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del excéntrico dictador libio Muamar el Gadafi.
Así, han sostenido que el exmandatario debe tener prohibido contactar con testigos y otras partes en el caso para evitar cualquier tipo de injerencia en el proceso, en el marco de una vista cuya resolución está prevista para este mismo lunes a las 13:30 horas y que podría derivar en la salida de Sarkozy de prisión.
El propio expresidente, que ha comparecido por videoconferencia, ha reiterado que "nunca admitirá" haber reclamado financiación a Gadafi
antes de afirmar que su estancia en prisión es "una terrible experiencia, una pesadilla", según ha informado la cadena de televisión BFM TV. "Es duro, es muy duro", ha añadido.
La vista de este lunes tiene lugar después de que los abogados de Sarkozy apelaran su sentencia, un proceso que se espera que tenga lugar en 2026, por lo que la petición gira en torno a la posibilidad de que no permanezca en prisión hasta que su condena sea sopesada o ratificada en apelación.
Víctima de un "escándalo judicial"
Sarkozy entró en prisión el 21 de octubre denunciando ser víctima de un "escándalo judicial" que ha "humillado" a Francia.
El antiguo dirigente conservador, que se convirtió en el primer expresidente de Francia en entrar en la cárcel, siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.
Sarkozy, que lleva encarcelado 20 días y, ante el tribunal, ha vuelto a denunciar este lunes "una manipulación" en relación a los documentos que implicaban a hombres de confianza de su gabinete con el régimen del fallecido dictador libio Muamar Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales francesas de 2007, que ganó.
El que fuera jefe de Estado francés entre 2007 y 2012 respondió a preguntas del Tribunal de Apelación por videoconferencia, acompañado por dos de sus abogados, y con signos de inquietud y fatiga.
Vestido con una chaqueta azul marino, el dirigente conservador intentó aclarar a los jueces que no hay un riesgo de fuga que justifique la prisión y buscó conmoverlos describiendo la cárcel como una "pesadilla".
Su esposa, Carla Bruni, dos de sus cuatro hijos (Jean y Pierre) y su hermano François estuvieron presentes en una sala de audiencia con una enorme expectación mediática y en la que los móviles fueron confiscados por las autoridades para evitar captación de imagen o de sonido durante la vista.
