Ucrania ha dado este martes un paso atrás en su compromiso con la transparencia y el Estado de derecho al aprobar una reforma legal que liquida la autonomía de las dos principales agencias creadas para luchar contra la corrupción, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP).
La nueva legislación, impulsada por la mayoría parlamentaria del partido de Volodímir Zelenski, transfiere competencias clave al fiscal general, un cargo de libre designación presidencial, lo que a juicio de numerosas organizaciones civiles e instituciones internacionales supone el desmantelamiento de una infraestructura vital para el futuro europeo del país.
La reforma, adoptada de forma exprés —ha sido tramitada, votada y firmada por el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, en un solo día—, otorga al fiscal general la facultad de retirar casos a las agencias aludidas y confiárselos a los hombres y mujeres de su confianza.
"Si esta ley entra en vigor, la SAP se convertirá en una estructura simbólica y NABU quedará subordinada de facto a la Fiscalía General", advirtió la Oficina Nacional Anticorrupción en un comunicado previo a la votación.
Su director, Semen Kryvonos, fue más lejos tras la aprobación parlamentaria: "Es el principio del fin para las dos únicas instituciones realmente independientes que pueden investigar al círculo cercano del presidente". De modo que pidió a Zelenski que utilice su poder de veto para tumbar esta ley. Pocos cuentan con ello.
Ayer el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) llevó a cabo una operación sin precedentes contra NABU, con registros masivos y la detención de dos investigadores a los que acusa de vínculos con Rusia. Según el propio Kryvonos, en el transcurso de los registros tres trabajadores resultaron heridos por el uso "desproporcionado de la fuerza" por parte de los agentes.
Las acusaciones del SBU —que incluyen desde infracciones administrativas hasta delitos de traición— han generado escepticismo en amplios sectores de la sociedad civil, que temen que se trate de una cortina de humo para justificar un ataque político.
"¿Qué tipo de integración europea podemos defender ahora?", se preguntó en X el popular activista y expolítico Serhiy Prytula.
Daria Kaleniuk, del Centro de Acción Anticorrupción, calificó lo ocurrido como una "maniobra de Bankova" (la oficina presidencial) contra NABU y recordó que la persecución contra su colega Vitali Shabunin, acusado este mes de fraude y evasión del servicio militar, fue solo el primer paso.
El Centro de Libertades Civiles exige al presidente Zelenski que vete la iniciativa. "Investigar cualquier caso penal contra la cúpula política de Ucrania se volverá prácticamente imposible", sostiene en un comunicado esta organización premiada con el Nobel. "En esencia estos organismos pierden su razón de existir, dejarán de diferenciarse en nada del resto de cuerpos de seguridad. Esta ley destruye el sistema anticorrupción construido con esfuerzo durante los últimos diez años".
Inquietud en Bruselas
La embajadora de la Unión Europea en Kyiv, Katarina Mathernova, compartió la preocupación del G7, cuyos representantes mantuvieron una reunión de urgencia con NABU tras los registros: "Ahora es más importante que nunca preservar los logros alcanzados para mantener el apoyo internacional necesario para prevalecer sobre el enemigo".
Conviene recordar que tanto NABU como SAP son hijas de la Revolución del Maidán de 2014, que acabó con la carrera del presidente prorruso Víktor Yanukóvich y abrió el camino hacia la Unión Europea.
Desde entonces, ambas instituciones han acumulado un historial significativo de investigaciones y causas contra altos cargos, incluyendo diputados, ministros y asesores presidenciales. Su autonomía ha sido, hasta ahora, uno de los principales avales de Ucrania ante Bruselas y Washington.
Sin embargo, el nombramiento el mes pasado de Ruslan Kravchenko como fiscal general y el rechazo gubernamental a aceptar candidaturas independientes en organismos esenciales como el Servicio de Seguridad Económica apuntan a una estrategia deliberada de recentralización del poder.