Malabo ha acusado a Francia de mantener una actitud “paternalista e inclusive neocolonial” durante la disputa legal por una mansión de lujo en París incautada por la justicia gala.
La denuncia se produjo este martes en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde el gobierno ecuatoguineano busca frenar la venta del inmueble, valorado en 100 millones de euros, y que, asegura, fue adquirido para albergar su embajada en el país europeo.
El vicepresidente ecuatoguineano, Teodoro Nguema Obiang Mangue ("Teodorín") -hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo- fue condenado por la justicia francesa en 2021 a tres años de prisión en suspenso y una multa de 30 millones de euros, tras ser hallado culpable de corrupción y malversación de fondos públicos.
Entre los bienes confiscados figura la controvertida mansión, ubicada cerca del Arco del Triunfo y equipada con cine privado, baño turco y grifería de oro.
Ante la posibilidad de que Francia proceda a la venta de la propiedad antes de que la CIJ se pronuncie definitivamente, el representante legal de Malabo, Carmelo Nvono Nca, solicitó medidas cautelares urgentes, según recoge Efe.
“Su propia legislación interna y autoridades parecen ignorar el derecho internacional”, reprochó Nvono Nca durante la audiencia en La Haya.
“Reflejan el mismo enfoque inaceptable que ha caracterizado las actuaciones de Francia desde el inicio de esta controversia. Un enfoque que incluso podría describirse como paternalista e inclusive neocolonial.”
Malabo denunció que el pasado 18 de junio las autoridades francesas “invadieron el edificio” y cambiaron las cerraduras sin previo aviso ni consentimiento.
Considera que tales actos constituyen una violación de su soberanía, y subrayó que Francia “no ha entendido todavía que los africanos ya no aceptamos la injerencia en nuestros asuntos internos”.
La defensa francesa, por su parte, sostiene que la propiedad fue adquirida con dinero público malversado y que no cumplía funciones diplomáticas al momento de su incautación.
En un fallo de 2020, la CIJ ya rechazó una demanda previa de Guinea Ecuatorial al determinar que el inmueble no estaba registrado oficialmente como embajada y que la solicitud de inmunidad se realizó solo después del inicio de las investigaciones.
No obstante, Malabo insiste en que la confiscación vulnera los principios de igualdad soberana entre Estados y exige la devolución del edificio.
“Hacer esto en nuestro edificio, comprado con nuestro dinero, y nuestros recursos financieros, significa que Francia no respeta nuestra soberanía”, sostuvo Nvono Nca.
El conflicto, que se remonta a 2016, representa un nuevo frente diplomático entre Francia y su antigua colonia, y ha reavivado tensiones históricas entre África y Europa en torno a la gestión de recursos, la soberanía y el legado del colonialismo.