"Hemos roto muchos tabúes". A principios de 2022, el entonces Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, utilizó esta expresión para referirse a la histórica decisión de la UE de enviar armas a Ucrania. Hoy, su afirmación sigue más que vigente. En lo que se refiere a la defensa y la seguridad —con el rearme europeo en el centro del debate—, pero también en el ámbito migratorio, uno de los asuntos más delicados de la política comunitaria. Y no porque haya habido un aumento descontrolado en la llegada de migrantes, ya que, de hecho, las cifras muestran una tendencia a la baja. Sino, porque, en un momento en el que una ultraderecha en ascenso capitaliza el discurso antimigratorio, Bruselas se ha decantado por cruzar los límites que antes parecían inquebrantables.
En sus primeros meses, la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen, la más derechizada de las últimas décadas, disfrazaba su inclinación hacia medidas migratorias más restrictivas bajo el eufemismo de "explorar soluciones innovadoras". Ahora, sin embargo, ha abandonado esas fórmulas ambiguas para abrir de par en par la puerta a que los Estados miembros recurran a campos de deportación fuera de las fronteras comunitarias.
La propuesta sigue, en cierta medida, la estela del polémico modelo ensayado (y hasta la fecha fallido) por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en sus acuerdos con Albania. Y es la manera en la que el Ejecutivo europeo trata de dar respuesta a la petición de numerosos países miembros para que se actualice la directiva de retornos de 2008. Entre otras cosas porque las tasas de retorno de aquellos que no tienen derecho a estar en suelo europeo rondan apenas el 20%.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en Bruselas.
"Que cuatro de cada cinco personas a las que se les emitió una decisión de retorno terminen quedándose en la UE demuestra claramente que algo no está funcionando. Es inaceptable", denunciaba recientemente el comisario de Interior, Marcos Brunner. Lo hacía, además, con los datos de la Agencia Europea de Asilo en la mano, que indican que sólo un 42% de las solicitudes de asilo que se registraron en el espacio Schengen europeo en 2024 fueron aceptadas. Y ofrecía, como parte de la solución, la idea de estos hubs de retorno, incluida y respaldada legalmente en el proyecto de reglamento presentado a inicios de marzo por Von der Leyen.
Se trata en realidad de la última pieza del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un compendio de normas que ya endurecen —o hacen más eficaces, según algunas voces— las condiciones de acogida y que echará a andar en verano de 2026. Así, el objetivo de la nueva normativa es bastante claro: simplificar y acelerar las expulsiones de inmigrantes irregulares. Sin embargo, el camino para alcanzar esa meta plantea aún muchas dudas legales y en materia de derechos humanos.
Eurostat
Meloni vs Von der Leyen
Sobre el papel, la propuesta de Von der Leyen "introduce la posibilidad" de devolver a un país distinto al de origen a las personas que ya han recibido una decisión final de retorno. Esto la hace diferente al modelo de Meloni, dirigido a los migrantes interceptados en el Mediterráneo y a los que se ha intentado enviar a Albania para que gestionen desde allí su solicitud de asilo. Los centros de la UE, en cambio, están pensados para los migrantes que ya han visto rechazada su solicitud o que están en situación irregular, como los que han superado el tiempo de su permiso de residencia o de trabajo.
Para Francesco Pasetti, investigador principal del área de Migraciones de CIDOB y profesor en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), ambos esquemas siguen una tendencia restrictiva y buscan externalizar lo máximo posible. Sin embargo, detalla, "mientras el plan italiano se centra en el proceso, en la tramitación del asilo, la propuesta europea pone el foco en el retorno". Y en esa diferencia también se encuentra el límite de lo legal.