"La amenaza de guerra puede no ser inminente, pero no es imposible. No se deben exagerar los riesgos de guerra, pero sí debemos prepararnos para ellos". Con este aldabonazo justificaba Ursula von der Leyen la primera Estrategia Industrial Europea de Defensa, que se aprobará el próximo martes.
En un entorno crecientemente hostil en el que Vladímir Putin presume de armas nucleares y Donald Trump anuncia que se desentenderá de la seguridad de Europa si vuelve a ganar en noviembre, la presidenta llama a "turbopropulsar" la defensa comunitaria en un plazo máximo de cinco años.
En términos concretos, el Ejecutivo comunitario propondrá estimular la producción de armamento en la UE utilizando un modelo de compras conjuntas por parte de los Estados miembros similar al que se ha utilizado con éxito con las vacunas y el gas. Y movilizar el presupuesto comunitario como garantía para la industria.
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Sin embargo, la estrategia de rearme que promueve Von der Leyen choca con dos grandes escollos que dificultan su despliegue, al menos en el corto plazo. Por un lado, la industria militar europea, lastrada por muchos años de inversiones insuficientes en los que Europa disfrutaba el dividendo de la paz, no cuenta con capacidad suficiente, no sólo para responder a las necesidades de los Estados miembros sino ni siquiera para suministrar a Ucrania el armamento que necesita para resistir al Kremlin.
Unas carencias que han quedado al descubierto con el problema de la munición. En marzo de 2022, la UE prometió al Gobierno de Volodímir Zelenski que le entregaría al menos un millón de proyectiles de artillería en el plazo de un año. Sin embargo, hasta ahora los europeos sólo han logrado entregar 330.000 rondas de munición. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, espera llegar a 524.000 a lo largo del mes de marzo, es decir, apenas el 52% del objetivo.
La baja capacidad de producción de la industria europea ha obligado a los dirigentes comunitarios a buscar soluciones alternativas. El presidente checo Petr Pavel asegura que ha localizado hasta 800.000 proyectiles de artillería en países extracomunitarios, que podrían enviarse a Ucrania a corto plazo si los aliados consiguen financiación. El coste total de la compra se estima en alrededor de 1.500 millones de euros.
Precisamente la cuestión de quién y cómo se paga el rearme militar de la UE es el segundo escollo, y el más importante, de la Estrategia Industrial Europea de Defensa. En 2023, sólo 10 de los 25 países europeos de la OTAN alcanzaron el objetivo de invertir el 2% del PIB en defensa, en su mayoría los del flanco este. Francia ha anunciado que llegará al 2% este año, mientras que Alemania anunció tras el estallido de la guerra de Ucrania un fondo especial de 100.000 millones para modernizar su ejército. Por su parte, España apenas gasta el 1,26% y no prevé lograr el 2% hasta 2029.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, durante una rueda de prensa
La necesidad de aumentar rápidamente el gasto militar coinicide además con la reactivación este año de las reglas de disciplina fiscal de la UE (suspendidas desde el estallido de la pandemia) que, aunque se han reformado, limitan el margen de maniobra de los Gobiernos. Especialmente de aquellos Estados miembros con un alto nivel de deuda pública como España, Francia o Italia, obligados a consolidar sus cuentas públicas.
Para la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, que aparece en todas las quinielas como candidata a presidenta del Consejo Europeo tras las elecciones a la Eurocámara de junio, la solución para aumentar la inversión en defensa pasa por recortar el gasto social evitando bajadas de impuestos. "Tenemos que admitir que no hemos dedicado suficiente dinero para nuestra defensa y seguridad", avisa en una reciente entrevista al Financial Times. Desde la caída del muro de Berlín, Europa ha prosperado gracias al dividendo de la paz.
Si a nivel nacional el aumento del gasto en defensa genera dilemas difíciles de resolver, tampoco hay consenso a escala europea sobre cómo afrontar el desafío. La propuesta de Borrell de crear un fondo anual de 5.000 millones de ayuda militar a Ucrania lleva meses bloqueada, pese a las necesidades urgentes de Kiev. Los líderes europeos quieren cerrar un acuerdo en marzo, pero no está claro que vayan a lograrlo.
Por un lado Alemania pide que se le descuenten sus aportaciones bilaterales al Gobierno de Zelenski, que según denuncia son muy superiores a las de Francia, Italia o España. Por otro lado, Francia, Grecia y Chipre exigen que el dinero europeo se destine únicamente a comprar armas en la UE, lo que según el resto de socios puede limitar la eficacia del fondo. Además, Hungría sigue vetando el último tramo de 500 millones del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (que entre 2022 y 2024 movilizó 6.100 millones para apoyar al ejército ucraniano).
La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha prometido reforzar la industria de defensa europea
Ante la falta de recursos para invertir en defensa, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha propuesto un plan para emitir 100.000 millones de euros en eurobonos. Una deuda conjunta europea, siguiendo el ejemplo de los fondos Next Generation, que se destinaría íntegramente a impulsar la industria militar comunitaria. La iniciativa de Kallas cuenta con el apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron, pero choca con la oposición del canciller Olaf Scholz, para el que los eurobonos siguen siendo un tabú.
Otra alternativa que se maneja en Bruselas es reforzar el papel en defensa del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo armado financiero de la UE que dirige desde enero Nadia Calviño. El mandato del BEI le permite invertir en tecnologías de doble uso militar y civil (como los drones), pero excluye el armamento, la munición o la infraestructura militar.
Algunos países como Francia o Finlandia quieren modificarlo para incluir el armamento, pero otros como Alemania, Austria o Irlanda se oponen. Calviño apuesta por exprimir al máximo las posibilidades que ofrece el actual mandato: el BEI cuenta con un programa de financiación de 8.000 millones hasta 2027 en seguridad y defensa (que incluye I+D, ciberseguridad o protección de infraestructuras críticas), del cual sólo se han consumido 2.000 millones.
La última iniciativa en busca de dinero la ha planteado esta misma semana la propia presidenta de la Comisión. Von der Leyen plantea utilizar los beneficios generados por los activos del Banco Central de Rusia congelados en Bélgica desde el inicio de la guerra (que ascienden a alrededor de 3.000 millones de euros al año) para financiar el envío de armamento a Ucrania.
"No puede haber un mejor uso de ese dinero que hacer de Ucrania y de toda Europa un lugar más seguro donde vivir", dijo Von der Leyen en su discurso en la Eurocámara el pasado miércoles. Pero el plan de la presidenta genera también dudas en Francia o Alemania y también en Kiev, cuyo Gobierno teme que acabe retrasando la llegada de ayuda.