El Ministerio de Justicia de Rusia ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo para que se catalogue de extremista "el movimiento internacional LGTBI+", lo que abriría la puerta a ilegalizar sus actividades y añadiría un nuevo capítulo en las medidas represivas adoptadas en los últimos años contra este colectivo. La Justicia rusa ha emitido una "denuncia administrativa" para que el país "prohíba la actividad" del movimiento porque viola las leyes que penalizan el extremismo y "la incitación al odio social y religioso".
El organismo aún no ha aclarado qué entiende por "movimiento público internacional LGTBI+" ni cómo se aplicaría la designación propuesta. Aunque las vistas están programadas para el 30 de noviembre, el sistema judicial ruso suele seguir las líneas marcadas por el Kremlin en casos con un claro cariz político como este. Rusia ya ha utilizado anteriormente la etiqueta de "extremista" para perseguir a grupos de derechos humanos, a medios de comunicación independientes y a la oposición política, como a los aliados del disidente Alexéi Navalni.
En noviembre de 2022, la Duma (cámara de diputados) aprobó una ley que prohíbe totalmente la propaganda LGTBI+, la pedofilia y el cambio de sexo. La ley penalizaba cualquier acto que se considerara un intento de promover lo que Rusia denomina "relaciones sexuales no tradicionales", ya fuera en películas, en Internet, en publicidad o en público. Como consecuencia, el teatro Bolshoi de Moscú retiró de su repertorio un ballet contemporáneo sobre el bailarín ruso Rudolf Nureyev, mientras que las librerías y los cines retiraron todos los contenidos de temática LGTBI+.
Además, en junio se prohibieron las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre la comunidad transexual. La reforma constitucional de 2020 introdujo el concepto de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, después de que Putin asegurara que, mientras sea presidente, en Rusia no habrá matrimonio homosexual.
El Kremlin, que también prohibió por ley la adopción de niños rusos por parejas no tradicionales, ha sido acusado por la ONU de aprobar leyes que promueven la homofobia. En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Rusia en dos casos por ataques y torturas a miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual.
Los activistas homosexuales rusos acusan a la Justicia de no perseguir los casos de violencia o discriminación contra las minorías sexuales, aunque la homosexualidad dejó de ser un crimen en Rusia en 1993. En abril de 2017, el periódico Novaya Gazeta reveló que decenas de hombres fueron secuestrados, torturados y asesinados en la república de Chechenia por su orientación homosexual. Esta semana, el viceministro de Justicia, André Luguínov, aseguró ante la ONU que en Rusia no hay discriminación ni persecución de la comunidad homosexual, y consideró que la prohibición de las manifestaciones públicas de la homosexualidad responde a los valores morales del país.
Rusia inició su actual escalada represiva contra el colectivo LGTBI+ en 2013, con una primera ley contra la 'propaganda gay' que, bajo la premisa de proteger a los menores, limitaba los mensajes y actividades. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Vladimir Putin ha lanzado un nuevo esfuerzo para promover los "valores tradicionales", y el líder ruso ha hecho de la retórica antigay una de las piedras angulares de su agenda política. En discursos anteriores, Putin acusó a Occidente de "avanzar hacia un satanismo abierto", citando como ejemplo la promoción de los derechos de los homosexuales y transexuales en Europa.