El Senado francés, gracias a la mayoría de derechas en la cámara alta, ha apoyado el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, el principal punto de la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. La votación, que se alargó hasta la madrugada de este jueves, ha tenido lugar después de que el martes fuese la sexta jornada de movilizaciones, la mayor desde el comienzo de las protestas en enero.
Pasada la medianoche, 201 senadores se pronunciaron a favor del que ya es el conocido artículo 7 del proyecto de ley que aumenta en dos años la edad a la que los franceses tendrán que esperar para poder hacer valer sus derechos a la jubilación, mientras que 115 se pronunciaron en contra y 29 se abstuvieron.
El voto se produjo al término de un rifirrafe parlamentario que sobrepasó las 15 horas de duración y en las que se discutió ese artículo, con la izquierda que había presentado cientos de enmiendas para obstruir el debate y la derecha recurrió a un dispositivo excepcional que permite saltárselas.
El ministro de Trabajo Olivier Dussopt se mostró satisfecho pero prudente, consciente de que este avance parcial para su proyecto se asentó en un apoyo de la derecha que le resultará imprescindible para que salga adelante en la fase de conciliación entre las dos cámaras parlamentarias.
Dussopt consideró que fue "un voto de responsabilidad del Senado, que se ha decantado por seguir al Gobierno", y manifestó su deseo de que todos los artículos puedan discutirse y adoptarse de aquí a la fecha límite de tramitación en el Senado, la medianoche del domingo.
Pero el gran ganador de la noche fue el jefe del grupo parlamentario del partido de la derecha clásica Los Republicanos, Bruno Retailleau, cuyos senadores fueron el soporte fundamental del artículo 7: 127 se pronunciaron a favor y sólo 2 en contra.
Movilizaciones masivas
Más allá de esta votación y de la tramitación parlamentaria, que podría finalizar la semana próxima, el gran escollo para Macron son las protestas masivas en la calle organizadas por todos los sindicatos reunidos en una unión inaudita en Francia.
El pasado martes tuvo lugar la mayor protesta desde que en enero comenzaron las movilizaciones: 1,28 millones de personas, según el Ministerio del Interior, o 3,5 millones, según la CGT, salieron a las calles de toda Francia e intentaron parar el país.
Aunque las centrales no paralizaron el país -como habían anunciado-, sí han convocado dos nuevas jornadas de acción, el sábado 11 y el miércoles 15 de marzo y pidieron que los reciba con urgencia Macron, al que reclaman la retirada de su proyecto de reforma de pensiones.
Mientras tanto, los paros continúan en ciertos sectores, en particular en el transporte público y en la energía. El tráfico ferroviario y aéreo volverá a interrumpirse este jueves y tanto hoy como mañana se va a suprimir un 20 % de los vuelos en Charles de Gaulle y el 30 % en el de Orly, así como en los de Beauvais, Burdeos, Lille, Lyon, Nantes, Marsella, Montpellier, Niza y Toulouse. Además, la recogida de basuras en ciudades como París será irregular.
Los trabajadores de TotalEnergies votaron por mayoría detener la producción en la refinería de Feyzin, cerca de Lyon, endureciendo su huelga, que hasta ahora sólo había bloqueado los envíos en el centro.
Los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los votantes se opone al plan del presidente Macron de retrasar la edad de jubilación hasta los 64 años, pero el Gobierno se mantiene firme y afirma que el cambio político es esencial para garantizar que el sistema no quiebre.