Un tribunal neerlandés ha estimado este este miércoles que la petrolera Shell "puede" y "debe" adherirse al Acuerdo Climático de París y bajar de forma más acelerada sus emisiones con una reducción neta del 45% en 2030, en un respaldo sin precedentes a la denuncia de la ONG Amigos de la Tierra (Milieudefensie, en neerlandés).

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Un tribunal del distrito de La Haya sentenció que la compañía Royal Dutch Shell tiene una responsabilidad directa en la lucha contra el cambio climático, incluido a través de sus políticas empresariales, lo que la obliga también a buscar relaciones con los consumidores que reduzcan las emisiones de CO2.

Shell debe cumplir con el límite establecido por el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que recomienda reducir las emisiones para mantener el objetivo del Acuerdo de París de no superar un aumento de la temperatura del planeta de 1,5 grados a final de siglo.

Esto da la razón a la ONG Milieudefensie, que solicitó en diciembre a la Justicia neerlandesa que exija a la petrolera Royal Dutch Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030 en comparación con 2019, porque "emite sustancialmente más que todas las empresas y ciudadanos neerlandeses juntos", lo que la compañía consideró un tema para los gobiernos y no los tribunales.

"Esto se aplica a todo el mundo, incluido a Shell", consideró la jueza, en referencia al porcentaje de reducción de emisiones, un objetivo para el que la empresa dispone de medios y conocimientos, según la Justicia neerlandesa.

La Corte recordó el impacto que tiene Shell en el cambio climático por su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que va contra la responsabilidad indirecta de la compañía al respeto de los derechos humanos, independientemente de las acciones del Estado, según las directrices de la OCDE y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPs), señaló el tribunal.

Esta sentencia puede tener consecuencias directas en otras compañías porque sirve de precedente judicial para futuras denuncias de ONG que decidan llevar a los tribunales a empresas con altas emisiones de CO2, tanto en Países Bajos como en el extranjero.

Seis organizaciones, entre ellas Greenpeace, además de más de 17.000 ciudadanos se habían sumado a la denuncia. Consideran este caso como "único" porque es el "primer juicio legal que ordena a una corporacón transnacional contaminante reducir sus emisiones de acuerdo con los objetivos climáticos globales".

La petrolera, que admite los peligros del cambio climático, ha defendido que está ya invirtiendo en proyectos verdes y que ha formulado objetivos para reducir emisiones de CO2 causadas por sus actividades, pero considera que no son los tribunales, sino los gobiernos, a través de acuerdos internacionales, los que deben contrarrestar el calentamiento global.

El año pasado, en una sentencia revolucionaria, el Tribunal Supremo de Países Bajos dio la razón a la oenegé Urgenda, condenando al Estado neerlandés a reducir a finales de 2020 las emisiones en un 25 % con respecto a 1990.