Los 11 jueces del Tribunal Supremo de Reino Unido han decidido que el cierre del Parlamento británico ordenado por Boris Johnson en la recta final del brexit fue ilegal.

El alto tribunal debía decidir si el primer ministro británico trató de silenciar a las cámaras legislativas en las semanas previas a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tal como argumentan parlamentarios escoceses, la activista Gina Miller y el exprimer ministro John Major, también conservador.

Johnson ha recibido la noticia en Nueva York durante la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático y ha descartado su dimisión tras pedirla el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn. Por su parte, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha pedido que las sesiones del Parlamento sean reanudadas "sin retraso".

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha calificado de "histórica" la decisión del Tribunal Supremo. "El dictamen es de proporciones verdaderamente históricas. La prórroga del Parlamento por parte de Boris Johnson fue ilegal y ha quedado sin efecto", ha escrito Sturgeon en Twitter. 

En otro mensaje en la misma red social, la dirigente nacionalista colgó una fotografía en que aparece junto a varios de sus ministros para ilustrar como estaba siguiendo la lectura de la sentencia desde su residencia oficial de Bute House en Edimburgo.

Las sesiones se reanudarán mañana

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, informó este martes de que ha dado instrucciones para que el Parlamento británico reanude este mismo miércoles sus sesiones.

En una declaración a los medios, Bercow comunicó que espera que la Cámara de los Comunes reanude su actividad a las 11.30 hora local (10.30 GMT) de este miércoles, si bien precisó que no tendrá lugar la sesión semanal de preguntas al primer ministro, Boris Johnson.

El presidente de la Cámara baja manifestó su satisfacción por el dictamen del Supremo, pues ha dejado claro que el cierre del Parlamento impidió a los Comunes cumplir con sus funciones de supervisar la labor del Ejecutivo en momentos cruciales para el Reino Unido.

Varias batallas judiciales

Mientras la Corte de Apelación de Escocia dictaminó que la decisión de Johnson fue ilegal, el Tribunal Superior de Inglaterra, en cambio, consideró que la cuestión no compete al poder judicial. Ahora le competía a la máxima instancia del Reino Unido establecer una sentencia definitiva.

Uno de los dos procesos contra la decisión de Johnson se inició en los tribunales ingleses por iniciativa de la activista y empresaria Gina Miller. El segundo proceso, en Escocia, lo inició un grupo de 75 parlamentarios, encabezados por la diputada del Partido Nacionalista de Escocia (SNP) Joanna CherryEl letrado que representa a ese grupo, Aidan O'Neill, sostuvo que la suspensión del Parlamento responde a "motivos espúreos", para evitar el escrutinio de las cámaras legislativas.

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