Bruselas pide al Gobierno de Sánchez un ajuste de 7.800 millones en 2020

Tal y como estaba previsto, Bruselas ha recomendado este miércoles el cierre del procedimiento sancionador por déficit excesivo contra España que llevaba activo una década. Pero también ha dejado claro que esta decisión no significa el fin de los recortes ni de la vigilancia presupuestaria. De hecho, la Comisión Europea le pide ya al futuro Gobierno de Pedro Sánchez un ajuste estructural en 2020 equivalente a 7.800 millones de euros (el 0,65% del PIB) con el fin de seguir avanzando hacia el objetivo de equilibrio presupuestario y reducir la deuda pública. 

El Ejecutivo comunitario avisa de que, si el nuevo Gobierno no toma medidas de inmediato, "existe el riesgo de una desviación importante respecto al ajuste fiscal exigido en 2020". Además, España tampoco cumplirá el objetivo marcado de reducción de la deuda pública ni para este año ni para 2020. La elevada deuda pública es, junto con el paro, una de las principales vulnerabilidades de la economía española.

Por eso, Bruselas exige a España que apruebe nuevos ajustes ya en lo que queda de 2019 para garantizar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Además, cualquier ingreso adicional inesperado en las arcas del Estado debe dedicarse no a aumentar el gasto público sino a reducir el nivel de deuda.

La salida del expediente por déficit excesivo significa que, a partir de ahora, Bruselas ya  no pondrá el foco en el cumplimiento del objetivo nominal de déficit, sino en el esfuerzo estructural de ajuste. Eso obliga a recortar el gasto o subir impuestos de forma permanente. Ya no servirá fiarlo todo al crecimiento o tomar medidas improvisadas y puntuales.

Preservar la sostenibilidad de las pensiones

Los primeros pasos de Sánchez no han convencido en absoluto al Ejecutivo comunitario, que le puso un suspenso a su proyecto de Presupuesto para 2019 por inflar los ingresos e infravalorar el aumento del gasto. 

En sus recomendaciones de política económica para los próximos meses, el Ejecutivo comunitario recomienda además al futuro Gobierno que tome medidas para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En materia laboral, la prioridad debe ser facilitar la transición hacia contratos indefinidos, simplificando el sistema de incentivos a la contratación.

Bruselas pide además a España más ayudas a las familias y poner fin a las disparidades regionales en materia de asistencia a los desempleados y sistemas de renta mínima. En materia de inversión, el Ejecutivo comunitario aboga por concentrar los recursos en la innovación, la eficiencia energética, la mejora de la infraestructura de ferrocarril y las interconexiones eléctricas con el resto de la UE. 

Finalmente, la Comisión le reclama al Gobierno de Sánchez que aplique plenamente la Ley de Unidad de Mercado.

El último país en salir del déficit excesivo

España es el último país de la UE que sale del procedimiento sancionador por déficit excesivo. Tanto Portugal como Grecia, países que recibieron un rescate completo, lo hicieron ya en 2017 y Francia el año pasado. No obstante, los controles de la UE sobre las cuentas públicas españolas no terminan: aparte de la vigilancia sobre la deuda, continuarán las visitas semestrales a Madrid de los 'hombres de negro' de la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) para garantizar que España devuelve las ayudas del rescate bancario.

Según el análisis del Ejecutivo comunitario, España ha realizado progresos importantes a la hora de volver a una senda de sostenibilidad fiscal. El saldo presupuestario ha mejorado desde un déficit del 11% en 2009 al 2,5% en 2018, por debajo del umbral del 3% que fija el Pacto de Estabilidad. Se trata además de una mejora sostenible: el desfase seguirá reduciéndose hasta el 2,3% este año y el 2% en 2020,de acuerdo con las previsiones económicas de primavera de Bruselas. Es decir, lejos del ajuste que pide la UE pero claramente por debajo del 3%.

El procedimiento por déficit excesivo contra España se abrió en primavera de 2009, cuando el presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia ocupaba la cartera de comisario de Asuntos Económicos. El plazo inicial que la UE le dio a España para situar el déficit por debajo del 3% vencía en 2012. Pero al final han hecho falta cuatro prórrogas y 10 años para que se cierre el expediente.