La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cree que España necesita una completa reforma fiscal con el fin de impulsar el crecimiento y reducir las desigualdades. El conocido como 'club de los países ricos' ha pedido este martes al futuro Gobierno de Pedro Sánchez que rebaje los impuestos sobre el trabajo -es decir, el IRPF y las cotizaciones sociales- y compense la caída de ingresos con una subida del IVA y de las tasas medioambientales.
"Existe potencial para introducir cambios en la combinación de impuestos que contribuirían a impulsar el crecimiento y reducir las desigualdades. La tributación se mantiene concentrada en las rentas del trabajo, lo que penaliza el crecimiento y el empleo", señala la OCDE en su informe sobre las previsiones de crecimiento para España.
"Se dispone de margen para emplear impuestos medioambientales con el fin de solventar disfunciones del mercado, así como impuestos sobre el valor añadido que generen menos distorsiones", apunta el organismo dirigido por Ángel Gurría. España es uno de los países de la UE que menos recauda por IVA y por impuestos medioambientales. Tanto la Comisión como el FMI han recomendado a los sucesivos Gobiernos, hasta ahora sin éxito, subir el IVA a la mayoría de los productos a los que ahora se aplican tipos reducidos o superrreducidos.
La OCDE reclama además "políticas más eficaces en relación con el mercado laboral y la adquisición de nuevas competencias y reducir las desigualdades". "Para este fin, resulta fundamental aumentar la proporción de gasto destinado a la formación de la población económicamente activa, así como mejorar la coordinación de los servicios sociales y laborales", resalta el informe.
El 'club de los países ricos' pide también "apoyo individualizado a los alumnos en riesgo de fracasar durante las primeras etapas de la educación" con el fin de reducir el abandono escolar. "Otra forma de aumentar la igualdad de oportunidades consiste en mejorar los incentivos a la movilidad de profesores bien cualificados entre centros escolares y regiones", agrega.
Finalmente, la OCDE aconseja al futuro Gobierno "políticas de fomento de la competencia y de la innovación para impulsar el aumento de la productividad y las exportaciones". "Para garantizar la aplicación eficaz de las reformas estructurales y afrontar la fragmentación interna de los mercados de productos se requiere una mejor cooperación y coordinación entre los distintos niveles de la administración", resalta.
Reducir la deuda, prioritario
La OCDE prevé que la economía española se desacelere hasta el 2,2% este año y hasta el 1,9%, en línea con las previsiones de la ministra Nadia Calviño. No obstante, España seguirá creciendo muy por encima de la media de la eurozona (que apenas crecerá un 1,2% este año) y del resto de países de la eurozona como Francia (1,3%), Alemania (0,7%) o Italia (que se estanca en el 0%).
"La economía seguirá creciendo de forma robusta, aunque a un ritmo más moderado. Las condiciones financieras favorables y el continuo y sólido aumento del empleo sustentarán la demanda interna, que se mantendrá como principal motor de crecimiento. Durante el periodo evaluado, se prevé que la contribución del sector exterior se mantenga neutra", dice el estudio. La tasa de paro seguirá bajando al 13,8% este año y el 12,7% en 2020.
En cuanto al déficit público, la OCDE es más optimista que Bruselas y cree que bajará al 2% este año y al 1,3% en 2020, prácticamente en línea con los cálculos del Gobierno, "sobre todo debido a unas condiciones macroeconómicas favorables".
No obstante, el órgano dirigido por Ángel Gurría pide a Sánchez que cumpla estrictamente sus metas fiscales a medio plazo "para garantizar una reducción duradera de la deuda pública, que sigue siendo elevada". "Si se registrasen sorpresas positivas en cuanto a crecimiento, todos los ingresos extraordinarios deberían destinarse a reducir el ratio de deuda respecto al PIB con mayor rapidez", señala. La deuda pública apenas bajará al 96,5% este año y el 95,7% en 2020.
El principal riesgo que podría empeorar estas previsiones es una ralentización más acentuada del consumo privado "si el ritmo de creación de empleo se ralentiza más de lo previsto o si persiste la incertidumbre política, lo que deterioraría la confianza del consumidor". Además, un crecimiento menor de lo previsto en Europa, principal socio comercial de España, penalizaría las exportaciones.