Los disturbios tienen su foco principal en barrio de Breil, donde el martes Aboubacar Fofana, un francés de origen africano de 22 años, recibió un tiro mortal en el cuello, pero también en los de Saint Herblain, Orvault, Rezé o Bellevue.

En las tres noches precedentes, las cifras de vehículos calcinados fueron todavía mayores también en otras zonas de esta ciudad del oeste de Francia, pero además fueron quemados y blanco del vandalismo mobiliario urbano, comercios y, sobre todo, edificios oficiales, incluidos centros escolares.

Las fuerzas del orden, que en sus enfrentamientos de estos días replicaron con granadas lacrimógenas a los cócteles molotov que les eran lanzados, llevaron a cabo más de una quincena de detenciones.

Ayer tuvieron lugar los primeros juicios por el procedimiento de comparecencia inmediata, en los que tres hombres de entre 20 y 31 años fueron condenados a penas de prisión exentas de cumplimiento.

El desencadenante de este estallido de violencia en una de las ciudades más prósperas de Francia fue un control policial que degeneró el martes en los hechos ocurridos.

Fofana, procedente de la región de París, tenía pendiente desde hacía más de un año una orden de busca y captura por los delitos de robo en banda organizada, receptación y pertenencia a una asociación de malhechores.

Hacía meses que se había trasladado a Nantes, según los investigadores, para borrar pistas.

Cuando fue controlado por la policía, aparentemente ante la sospecha de que pudiera estar implicado en tráfico de drogas, dio una identidad falsa.

Los agentes, que tenían dudas, decidieron llevarlo a comisaría, pero él trató de zafarse y huir con su coche.

En ese punto, las versiones sobre lo ocurrido han ido variando y alimentando la controversia.

La policía inicialmente afirmó que Fofana había dado marcha atrás e impactado contra uno de los agentes, lo que provocó que un compañero sacara su arma y lo hiriera mortalmente.

Sin embargo, el policía que disparó reconoció el jueves bajo arresto que había mentido en su primera declaración y que en realidad no utilizó su arma en legítima defensa, sino de forma accidental cuando estaba forcejeando con el fugitivo para impedir su huida.

Entre tanto, habían circulado imágenes grabadas por los vecinos que ponían en duda parte del relato inicial.

El brigadier jefe causante de la muerte de Fofana fue imputado y ha quedado en libertad bajo control judicial.

De forma paralela al desarrollo judicial, varios políticos de la derecha y la extrema derecha utilizaron rápidamente el suceso y los disturbios posteriores para alimentar el debate público sobre la seguridad, amparándose en la primera versión policial.

El presidente de la formación conservadora Los Republicanos, Laurent Wauquiez, que intenta presentarse como jefe de la oposición al presidente francés, Emmanuel Macron, sobre todo con una postura intransigente ante la inmigración y la delincuencia, dijo: "Entre un maleante perseguido por tráfico de drogas y la policía, pido que la presunción de inocencia esté del lado de las fuerzas del orden".

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, calificó de "insoportable" la "presunción de culpabilidad" con la que tienen que cargar los policías de forma repetida y afirmó que ella se niega a ponerlos en la picota cuando en este caso "tuvieron que responder a un individuo amenazante que era objeto de una orden de arresto".



El Gobierno, por boca de su titular de Interior, Gérard Collomb, y luego del primer ministro, Edouard Philippe, se centró en condenar los disturbios y en apoyar los llamamientos a la calma de la alcaldesa de la ciudad, Johanna Rolland.



Philippe, quien se trasladó el jueves a Nantes para entrevistarse con Rolland y con responsables de la seguridad, anunció allí un reforzamiento de la presencia policial en los próximos meses.