Bruselas

¿Se convertirá España por primera vez en contribuyente neto al marco financiero plurianual de la UE para el periodo 2021-2027 con el plan que ha presentado este miércoles la Comisión Europea? Pese a la salida de Reino Unido, Bruselas plantea un pequeño aumento del presupuesto desde el actual 1,03% del PIB comunitario hasta el 1,11%, cifra que representa un gasto de 1,28 billones de euros en siete años. Sin embargo, propone recortes en las partidas de las que más se beneficia nuestro país para dejar espacio a nuevas prioridades como inmigración o defensa. El tijeretazo es del 5% en el caso de las subvenciones a la agricultura y del 7% para los fondos regionales. "No es una rebaja masiva", se ha defendido el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.

¿Cuál es el impacto de este recorte para España? En el actual periodo presupuestario 2014-2020, tiene asignados un total de 45.000 millones en subsidios de la política agrícola común (PAC) y 37.400 millones de euros en fondos para las comunidades autónomas. Desde la entrada en la UE en 1986, nuestro país ha sido beneficiario neto de las ayudas europeas y lo sigue siendo ahora. Sin embargo, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, vaticinó el pasado enero que en el periodo 2021-2027 España se convertiría por primera vez en contribuyente. Es decir, tendría que pagar a las arcas comunitarias más dinero del que recibe en subvenciones.

La Comisión Europea todavía no ha puesto las cifras por país sobre la mesa. Lo hará a finales de mes, cuando apruebe los criterios de reparto entre los Estados miembros de las ayudas agrícolas y regionales. Pero según sus estimaciones preliminares, contra todo pronóstico España se mantendrá como beneficiario neto los próximos siete años. El motivo es que ha perdido terreno en materia de convergencia económica durante los últimos años debido a la crisis, explican fuentes europeas. Y sigue siendo el segundo país de la UE con más paro, un indicador que tendrá más peso en la distribuciçón de los fondos estructurales.

En contraste, los países de Centroeuropa -como Polonia, Hungría o República Checa, que ahora son los principales beneficiarios de la política de cohesión- han crecido mucho en los últimos años y han reducido la brecha de riqueza respecto a la media comunitaria. Para todos ellos se reducirán los sobres nacionales de ayudas regionales para 2021-2027 en comparación con el periodo actual. El resultado es que parte de los fondos europeos se redirigirán desde los países del Este a los países del sur como España, Grecia o Italia, los más golpeados por la crisis y la presión migratoria.

Además, la participación de España no se limita únicamente a los subsidios agrícolas y regionales. Es además uno los principales beneficiarios del programa Erasmus de intercambio de estudiantes (cuya dotación se multiplica por dos en el nuevo presupuesto), de los fondos para investigación (que aumentan un 50%) o del gasto en inmigración (que casi se triplica). De hecho, Bruselas quiere que la plantilla de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (FRONTEX) pase de 1.600 a 5.000 trabajadores.

Los contribuyentes netos se rebelan

El Gobierno de Mariano Rajoy ha guardado silencio y no ha hecho pública este miércoles ninguna reacción a las propuestas del Ejecutivo comunitario. Por su parte, el eurodiputado del PP Ramón Luis Valcárcel se ha quejado de los recortes en cohesión, pero sobre todo en agricultura. "Con las exportaciones agroalimentarias como motor de la recuperación económica, no podemos jugarnos el porvenir de tantas familias que viven del campo", ha dicho. También el Gobierno francés ha considerado inaceptables los recortes en la PAC.

Pero los países que se han levantado en pie de guerra contra los planes de la Comisión son los contribuyentes netos, cuya aportación al presupuesto de la UE aumenta considerablemente debido al brexit. El primero en manifestarse ha sido el austríaco Sebastian Kurz, que ha atacado en Twitter las propuestas de Bruselas incluso horas antes de que se hicieran públicas. "La propuesta de la Comisión contiene algunos elementos positivos de modernización, pero todavía está lejos de ser una solución aceptable", sostiene Kurz.

A la misma red social ha acudido el primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, para quejarse del aumento de gasto que plantea el Ejecutivo comunitario. "Una UE más pequeña (sin Reino Unido) debería significar un presupuesto más pequeño", ha escrito Rasmussen. El último en sumarse al coro de los halcones de la austeridad presupuestaria ha sido el holandés Mark Rutte, que reclama más recortes en agricultura y cohesión y una mayor modernización del marco financiero. En el bando de los críticos está también Suecia. Al marcharse Reino Unido, los cuatro perderán progresivamente -en cinco años- el descuento en su contribución a la UE que recibían por el cheque británico.

Polonia y Alemania apoyan a Bruselas

En contraste, Polonia ha exhibido un tono mucho más conciliador. Y eso que una de las  novedades más controvertidas de la propuesta de Bruselas es que en el futuro se congelarán las ayudas europeas a aquellos países que pongan en riesgo el Estado de derecho, en particular la independencia judicial. En el punto de mira están precisamente Polonia y Hungría, cuya deriva autoritaria preocupa en la UE.

Pero Varsovia ha decidido esta vez no darse por aludida. "No percibimos estas propuestas como una agresión contra Polonia", ha dicho el ministro de Asuntos Europeos, Konrad Szymanski. Reclama que la nueva condicionalidad en materia de Estado de derecho se defina claramente de forma que no haya espacio para la arbitrariedad. Pero se muestra convencido de que el conflicto entre Varsovia y Bruselas por la reforma del poder judicial se resolverá en breve.

También Alemania, principal contribuyente neto a las arcas comunitarias, ha acogido positivamente los planes de Bruselas, aunque tenga que pagar más. "Estamos dispuestos a asumir una mayor responsabilidad con el fin de reforzar la UE. No obstante, eso significa también que todos los Estados miembros deben asumir la cuota de la carga que les corresponde", asegura un comunicado conjunto de los ministerios de Exteriores y Finanzas. Berlín se ha quejado en el pasado de que Polonia o Hungría no acepten acoger a refugiados.

La propuesta de Bruselas da el pistoletazo de salida a un "debate encarnizado" y unas negociaciones "extremadamente difíciles" entre contribuyentes netos y beneficiarios de las ayudas europeas, según lo ha caracterizado el vicepresidente de la comisión de Presupuestos de la Eurocámara, Petri Sarvamaa.

El Ejecutivo comunitario quiere un acuerdo antes de las elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019 para demostrar a los ciudadanos que la UE será capaz de financiar los compromisos asumidos. Un plazo complicado de cumplir porque la aprobación de las cuentas exige el apoyo unánime de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. Y los jefes de Estado y de Gobierno acostumbran a retrasar la decisión al último momento posible, normalmente una cumbre maratoniana que dura hasta la madrugada.