Los europeos que se queden en el Reino Unido tras el brexit tendrán que solicitar una tarjeta de identidad especial para probar su estatus de residentes permanentes. Es una de las principales propuestas que el Ministerio del Interior británico quiere establecer para los derechos de los europeos, una de las principales caballos de batalla sobre la mesa de las negociaciones del brexit.
En una intervención este lunes en el Parlamento, Theresa May ha asegurado que ningún ciudadano de la UE que ya esté residiendo legalmente en el Reino Unido deberá irse una vez se consume el divorcio.
La primera ministra británica detalló en el Parlamento que los comunitarios que ya están en el país o lleguen antes de una fecha límite, todavía por determinar, optarán a mantener sus derechos "como si fueran ciudadanos británicos", en cuanto a asistencia sanitaria, educación, prestaciones sociales y pensiones.
"Ha habido mucha ansiedad sobre lo que les va a suceder a los europeos cuando dejemos la Unión. Hoy quiero aplacar esa ansiedad", dijo en una sesión en la que informó a los diputados sobre la cumbre europea a la que asistió el viernes. "No se pedirá a ningún ciudadano de la UE que se vaya. Queremos que os quedéis", ha aseverado May.
En el documento publicado por el Ejecutivo británico sobre los derechos de los europeos, se alerta sin embargo de que los europeos que entren en el Reino Unido tras esa fecha podrían encontrarse con "controles que limiten" sus posibilidades de "vivir y trabajar" en el país.
La propuesta de Londres sobre los derechos de los ciudadanos fue tildada de "insuficiente" por los líderes europeos tras la cumbre de verano de la semana pasada. El negociador jefe de la UE para el 'brexit', Michel Barnier, pidió "más ambición, claridad y garantías" a la propuesta sobre el futuro de los ciudadanos europeos.
Indicó que el objetivo de la Unión para los derechos de los ciudadanos es lograr "el mismo nivel de protección que bajo la ley de la UE".