Londres

El juicio sobre el brexit ha quedado visto para sentencia y las incógnitas sobre el divorcio que mantiene en vilo a toda Europa sólo aumentan. Pocos se atreven a aventurar cuál será el fallo de la Corte Suprema y, en consecuencia, la estrategia que seguirá el partido conservador de Theresa May. Sin embargo, desde que el pasado lunes se iniciara un caso judicial sin precedentes en la historia del país, algunos movimientos de la primera ministra británica parecen preparar el camino en caso de una decisión desfavorable a sus intereses.

Durante estos cuatro días de juicio no ha habido sorpresas en los argumentos presentados por el Gobierno y los demandantes. El fiscal general que defiende los intereses del Ejecutivo se ampara en la prerrogativa real que permite al Gobierno firmar acuerdos internacionales sin pasar por el Parlamento. Los abogados de la líder de la demanda, Gina Miller, sostienen la tesis que utilizó el Tribunal Superior el mes pasado para darles la razón: el Parlamento decidió la entrada del país en la Unión en 1972 mediante votación y, por tanto, debe ser el Parlamento quien decida también, por sufragio directo, abandonarla.

La novedad con respecto al caso en la Corte Alta ha sido la incorporación en suprema instancia de Escocia e Irlanda del Norte. En ambos territorios ganó por mayoría (62% y 56% respectivamente) el ‘no’ al brexit en el referéndum del pasado 23 de junio. En claro desacuerdo y temiendo las repercusiones con los planes del gobierno de May, representantes legales de las dos naciones aseguran que sus parlamentos también deben tener voz y voto para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa que inicia la separación.

Consecuencias del fallo del Supremo

Si el tribunal se adhiere a los argumentos de los gobiernos de Edimburgo y Belfast será, en palabras de Patrick O’Brien, profesor de Derecho Constitucional en la London School of Economics, “mucho más importante que el fallo del pasado mes de noviembre porque tendría implicaciones a nivel constitucional -sugiriendo movimientos hacia el federalismo- y políticas, por las fuertes mayoría pro-europea desencadenando una crisis constitucional en Reino Unido”. El experto, no obstante, ve poco probable que el Tribunal acepte la demanda en su totalidad.

A preguntas de EL ESPAÑOL, O'Brien asegura que el caso “es una cuestión de política y no de Derecho” y considera que los movimientos de May se deben a la debilidad dentro de su partido y a la falta de un plan definido sobre el proceso de separación. Preguntado por un posible veredicto, se inclina por una ratificación del veredicto de la Corte Alta: "Su fallo fue totalmente ortodoxo en términos constitucionales”. Si esto sucede, afirma que el procedimiento “obliga el Gobierno a llevar un texto al Parlamento que debe ser refrendado por ambas cámaras antes de que se inicien las negociaciones con Bruselas”.

Analizando y siguiendo las preguntas de los magistrados durante estos días es difícil saber cuál será el sentido de su fallo como asegura Robert Craig, experto en Derecho Constitucional en Reino Unido. “Algunas preguntas han sido más duras y otras más suaves pero todas han sido meticulosas y han atacado el punto legal clave de la cuestión que está dirimiendo el tribunal” y prefiere no aventurarse a hablar de un posible fallo.  

El Parlamento inicia el 'brexit'

Mientras tanto, el Parlamento británico ha dado ya su primer apoyo al brexit. Y esto, a simple vista, parece contradictorio. ¿El Gobierno pelea en los tribunales no dar poder al Parlamento pero el Parlamento vota sobre el brexit? La votación de este miércoles responde a una moción del partido laborista, no es vinculante y sólo fija la fecha en la que debe ser activado el artículo 50: el 31 de marzo de 2017. El resultado fue de una mayoría de 461 votos a favor y 89 en contra- la mayoría del Partido Nacionalista Escocés (SNP en sus siglas en inglés). Ha sido la primera vez que el Parlamento llevaba a cabo una votación sobre el brexit y se entiende como una encuesta del apoyo parlamentario que tendría el Gobierno en caso de perder su caso en el Supremo.

El voto, pese a no ser vinculante, no ha estado exento de estrategia política. Desde el resultado del referéndum, los tories se han negado por activa y por pasiva a dar a conocer el plan de negociación que llevarán a Bruselas. Bien, en vísperas de la votación y ante amenazas de algunos parlamentarios conservadores de votar en contra, Theresa May anunció que dará a conocer su plan al Parlamento antes de acudir a Bruselas. El gesto se interpretó como un paso atrás del Gobierno y un triunfo laborista. Ahora, algunos analistas aseguran que fue una trampa de los conservadores.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Martin Kettle, analista experto en política británica y europea para el diario The Guardian, explica que “May está preparando el camino para un fallo desfavorable y la votación ha sido un test para medir sus apoyos en el Parlamento”. Kettle entiende que las concesiones para publicar su plan de negociación se deben “al miedo y la vergüenza de perder también con votos de los suyos. Asegura que May “verá comprometidos los apoyos entre sus filas si tiene que hacer pública su estrategia por aquellos diputados que demandan un brexit duro y aquellos que abogan un brexit blando”.  Sobre si tiene algún sentido batallar en el Supremo lo que de alguna manera se está concediendo en el Parlamento, este analista de The Guardian afirma que “podría dejarlo a un lado, pero lo que se debate en el Supremo es el poder de ejecución del gobierno mediante la prerrogativa real y esa es una cuestión todavía más importante".

La editora de política de la BBC, Laura Kuenssberg, asegura que “la astucia de May ha sido infinita, lo que se interpretó como un giro de 180º en su política ha sido en realidad una genialidad”. Para Kuenssberg, la votación ha aportado a May dos informaciones importantes: “Un número muy reducido de diputados se opondría al brexit pero también que no tiene una mayoría segura sobre el proceso de separación de la Unión Europea”. Llevar un texto al Parlamento tras un fallo desfavorable del Tribunal Supremo “forzaría al Gobierno a hacer concesiones y por eso está litigando en los tribunales el Parlamento no pueda decidir. Los Lords podrían ponerle en una situación difícil”.

Y mientras May se las ingenia para salvar su papel en el brexit dentro de sus fronteras, Bruselas apremia. El pasado martes, el encargado de negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Michel Barnier, puso como fecha de salida del Reino Unido de la Unión octubre de 2018, concediendo con 18 meses de negociaciones, y no dos años como cabía esperar, si el Artículo 50 es invocado a finales de marzo. May puede que haya ganado una batalla esta semana con la votación favorable al calendario del brexit, pero la votación deja ver que no será un camino de rosas. Y todavía falta la guinda del pastel: el fallo del Supremo que se conocerá a principios del próximo año.

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