Taiwán enfrenta un nuevo y delicado episodio en su larga pugna de espionaje con China.
La Fiscalía taiwanesa ha presentado cargos contra cuatro exfuncionarios del gobernante Partido Progresista Democrático (DPP), a quienes acusa de haber transmitido secretos de Estado a Pekín mientras desempeñaban funciones de alto nivel.
Entre los imputados figuran un antiguo asesor del actual presidente Lai Ching-te -quien también lo asistió durante su etapa como vicepresidente- y un excolaborador de Joseph Wu, anterior ministro de Exteriores y actual jefe de Seguridad Nacional.
Según el comunicado de la Fiscalía, los acusados habrían compartido durante un largo periodo información "importante y sensible en materia diplomática" con agentes chinos, lo que habría generado "daños significativos a la seguridad nacional" de la isla, como cuenta The Guardian.
Uno de los imputados, además, es señalado por haber enviado datos a Pekín a través de una aplicación de mensajería específica, mientras que otros enfrentan acusaciones adicionales por blanqueo de dinero.
Los fiscales solicitan penas de entre 5 y más de 18 años de prisión, además de la incautación de más de 8,3 millones de nuevos dólares taiwaneses (unos 205.000 libras o 277.000 dólares) en ganancias ilícitas.
Dos de los sospechosos han confesado los cargos, mientras que los exasesores de Lai y Wu niegan rotundamente su implicación en los hechos.
Paralelamente, algunos medios locales informaron que varios miembros del principal partido opositor, el Kuomintang (KMT), también estarían bajo investigación por presuntos delitos similares.
Este caso se produce en un contexto de creciente ofensiva de Taipei contra las redes de espionaje vinculadas a China, en un momento en que las tensiones entre ambas orillas del estrecho no dejan de intensificarse.
Solo en 2024, las autoridades taiwanesas procesaron a 64 personas por cargos relacionados con espionaje a favor de Pekín, más del doble que la suma de los dos años anteriores.
La mayoría de los procesados pertenecían o habían pertenecido a las Fuerzas Armadas.
No es un hecho aislado. En marzo, 4 soldados -3 de ellos integrados en el equipo de seguridad de la oficina presidencial- fueron condenados a penas de hasta 7 años de cárcel por colaborar con espías chinos.
En el caso de esta semana, los fiscales detallaron que los cuatro exfuncionarios ahora imputados habrían recibido pagos de entre 260.000 y 660.000 nuevos dólares taiwaneses (entre 8.000 y 20.000 dólares aproximadamente) a cambio de fotografiar documentos confidenciales con sus teléfonos móviles.
El gobierno de Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde y no reconoce la legitimidad de su ejecutivo democráticamente elegido.
Desde hace años, China mantiene activa una combinación de presión militar, guerra cibernética, desinformación y operaciones de inteligencia para debilitar al gobierno isleño y avanzar en sus objetivos de reunificación.
Aunque el espionaje entre ambas partes lleva décadas, expertos en seguridad advierten que el riesgo es particularmente elevado para Taiwán, dada la determinación de Xi Jinping de anexionarse la isla, incluso mediante el uso de la fuerza.
Como parte de su ofensiva más reciente, las autoridades chinas ofrecieron en mayo pequeñas recompensas económicas a cambio de información que facilite la captura de 20 ciudadanos taiwaneses, a quienes acusa de haber hackeado una empresa tecnológica de Guangzhou.
Taipei rechazó estas acusaciones, calificándolas de "falsas".
Este nuevo escándalo de espionaje amenaza con avivar aún más las tensiones políticas internas en Taiwán, justo cuando el presidente Lai Ching-te -elegido en enero- trata de afianzar su mandato en un entorno regional crecientemente hostil.
Las investigaciones en curso podrían salpicar tanto al oficialismo como a la oposición, alimentando el clima de sospecha y polarización que Pekín no ha dudado en explotar en el pasado para intentar desestabilizar a su rival democrático.