El Gobierno regional de Hong Kong inició este martes el proceso para prohibir un partido político independentista, lo que supone el primer intento de este tipo desde el retorno de la ciudad a manos chinas en 1997.
El anuncio de prohibición "puede tener consecuencias de largo alcance. Usar referencias muy amplias a la 'seguridad nacional' para silenciar las voces discrepantes es una táctica favorecida por los gobiernos represivos", señaló en un comunicado Patrick Poon, un investigador de Amnistía Internacional.
El secretario de Seguridad del Gobierno regional, John Lee, anunció en una conferencia de prensa que en Hong Kong hay libertad de asociación, pero que "ese derecho no carece de restricciones". Lee precisó que estas se refieren a "los intereses de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la protección de la sanidad y la moral públicas, y la protección de laslibertades de otros". Sin embargo, el Secretario no detalló qué ha hecho ese partido político para merecer la propuesta de prohibición por parte de las autoridades.
El Partido Nacional de Hong Kong fue fundado en marzo de 2016 dentro de la efervescencia política que generaron las protestas democráticas de los últimos meses de 2014 contra el sistema electoral supervisado que intentaba implantar el Gobierno de Pekín en la antigua colonia británica.
Uno de los cofundadores del partido, Andy Chan, declaró al diario local South China Morning Post que varios agentes de policía le entregaron esta mañana un documento oficial en el que se indicaba que el funcionario responsable de supervisión de asociaciones había recomendado la prohibición de la formación.
Otro partido de corte independentista creado tras las protestas es Demosisto, fundado en abril de 2016 por Nathan Law y Joshua Wong, dos de los jóvenes líderes de las protestas de 2014, quienes han pasado breves períodos de cárcel por su papel en ese movimiento.
El intento de prohibir este partido político "hace sonar la alarma acerca de qué intentará el gobierno restringir la próxima vez en nombre de la seguridad nacional", según el investigador de Amnistía Internacional.