Asesinatos, violaciones, torturas, quema de casas… A este panorama se enfrenta una minoría musulmana de Myanmar (la antigua Birmania) llamada rohingya. ¿Los culpables? Todos los dedos apuntan al propio Gobierno birmano, que incluye a los militares. El sueño democrático que daba su primer paso con la llegada al poder en marzo de un civil elegido en las urnas y mano derecha de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi (que tiene prohibido acceder a la presidencia) recibe una nueva bofetada con la actual crisis en el norte del país, donde los militares hacen una brutal demostración de fuerza, según los testimonios que llegan de una zona a la que está prohibido acceder.

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La Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas recibe cada día denuncias de violaciones de derechos humanos contra esta etnia como las enumeradas al principio de este artículo. Su Alto Comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha reprochado al Ejecutivo birmano que no permita la llegada de observadores internacionales independientes para controlar la situación en el estado de Rajine, en el norte del país, donde viven los rohingyas acosados. Los militares aseguran que las denuncias son falsas y Suu Kyi las minimiza.

“No digo que no haya dificultades”, afirmó Suu Kyi en unas declaraciones a principios de diciembre en la cadena News Asia de Singapur recogidas por la BBC. “Pero ayuda si la gente reconoce la dificultad y está más centrada en resolver estas dificultades en lugar de exagerarlas tanto que parecen peores de lo que realmente es”.

Pero no convence ni a la ONU. “¿Si las autoridades no tienen nada que ocultar, entonces por qué hay esta reticencia a darnos acceso?”, planteó el pasado viernes Al Hussein. Opina que así “sólo podemos esperar lo peor”. A finales de noviembre, un portavoz de Naciones Unidas ya había calificado extraoficialmente lo que está sucediendo de una “limpieza étnica” en la BBC.

Las informaciones sugieren que las fuerzas de seguridad podrían haber impuesto una pena colectiva a una comunidad entera, ya de por sí vulnerables

La actual crisis comenzó después de que la policía birmana sufriera ataques por asaltantes armados en tres puestos fronterizos con Bangladesh el pasado 9 de octubre y murieran nueve agentes. En las semanas siguientes se sucedieron más ataques contra agentes de las fuerzas birmanas. El Gobierno culpa a un grupo rohingya pero sin identificar ningún culpable, mientras la ONU habla de “asaltantes” y pide que se juzgue a los responsables en vez de hacer pagar a toda una comunidad por ello. Nadie pone en duda los ataques, sino la respuesta de las autoridades birmanas.

La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra asegura que las informaciones que recibe “sugieren que las fuerzas de seguridad podrían haber impuesto una pena colectiva a una comunidad entera, con represalias contra los musulmanes rohingya, ya de por sí vulnerables”.

El poblado de Kyet Yoe Pyin en Myanmar antes y después. HRW/ Reuters

La ONG por los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) asegura que imágenes de satélite demuestran la destrucción de los hogares de la minoría rohingyá. Casi 820 estructuras fueron destruidas entre el 10 y el 18 de noviembre en cinco localidades rohingyá distintas, según sus cálculos. HRW lamenta que el Gobierno culpe a terroristas de la quema de un total de más de 1.200 casas mientras impide la llegada a las zonas afectadas a organizaciones humanitarias.

El portavoz en Tailandia de esta ONG, Phil Robertson, alerta a EL ESPAÑOL de que el número de casas y estructuras destruidas en Rajine probablemente es mayor, ya que la cifra registrada supone sólo la de aquellos lugares que han podido “identificar muy claramente” con los recursos disponibles desde la distancia.

INVESTIGACIÓN GUBERNAMENTAL “INDULGENTE”

“Hay negociaciones sobre visitas guiadas para algunos medios y un acceso limitado para trabajadores humanitarios, (pero) no vemos (que se aproxime un cambio) inmediato. Los militares tienen la sartén por el mango”, lamenta Robertson. “El comandante en jefe de Birmania ha dicho repetidamente que no hay abusos. Está tratando de cubrirlos (como respuesta a los ataques)”.

Una comisión parlamentaria birmana realizó un viaje de tres días a algunos de los poblados afectados, teóricamente para poder comprobar qué está sucediendo. Entre ellos había miembros del partido de gobernante de Suu Kyi, explica a este periódico Ko Ko Linn, un activista rohingyá en Bangladesh, adonde llegó en 1990 tras huir de Myanmar. Los representantes de esta minoría musulmana en la antigua Birmania y en el extranjero firmaron un comunicado conjunto tras la visita de esa comisión en el que detallaban que los militares habían expulsado al 95% de los hombres y a la mayoría de los líderes comunitarios antes de que llegara la comisión de investigación.

Los pocos que no cedieron a “amenazas y presiones” expusieron las “atrocidades” que según sus cálculos han supuesto el asesinato de más de 500 rohingyá, incluidos niños y ancianos, desde que estallara la crisis el 9 de octubre, según sus datos.

Son unos mentirosos, también ella. Están tratando de ocultar crímenes contra la humanidad

“Son unos mentirosos, también ella”, acusa Linn, enfadado por que Suu Kyi niegue que exista una supuesta limpieza étnica. Asegura que lo que quieren es acabar con todos los musulmanes de Myanmar, igual que gobiernos anteriores. “Están tratando de ocultar crímenes contra la humanidad. Deberían permitir una investigación internacional. Ya sabemos cuál será el resultado de la investigación de esta comisión”, se queja. La declaración conjunta de las asociaciones de rohingyá, que él también firmó como portavoz de esta minoría en Bangladesh, considera a la Comisión “indulgente” con los militares.

El silencio de la Nobel de la Paz Suu Kyi

“No está claro que Aung San Suu Kyi y su gobierno puedan ejercer alguna especie de control real sobre el Ejército birmano, incluso si quisieran”, indica Robertson. El portavoz de HRW explica que la Constitución de 2008 da poderes a los militares hasta el punto de convertirlos prácticamente en “un gobierno dentro del gobierno y en cuestiones de seguridad hacen lo que quieren”. Para él, “ése es el problema central”.

Aun así, no excusa a la Nobel de la Paz y asegura que “debería levantar la voz” y pedir que el Ejército tuviera que rendir cuentas por los “abusos que comete”. Al mantener el silencio no ofrece el liderazgo necesario para garantizar que Birmania cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos, critica.

No está claro que Suu Kyi y su gobierno puedan ejercer alguna especie de control real sobre el Ejército birmano, incluso si quisieran

El activista rohingyá, Ko Ko Linn, coincide: “Si Suu Kyi no está de su lado, debería levantar la voz e invitar a la comunidad internacional a investigar lo que sucede. Si no puede hacerlo [por presiones militares], debería pedir ayuda a países poderosos, a la UE y EEUU”.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha pedido al Gobierno de Myanmar que acepte las “manos extendidas de la comunidad internacional, que ofrece ayuda para resolver esta situación crecientemente peligrosa e insostenible en el norte de Rajine, que ya se está extendiendo por la región”.

La discriminación sistemática

Robertson explica que en la región de los rohingya vivían unas 150.000 personas dependientes de los alimentos, ayuda médica y demás suministros que les proporcionan las organizaciones humanitarias. Desde los ataques del 9 de octubre, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) únicamente ha podido acceder a 20.000 personas. La prohibición del acceso a la zona es especialmente preocupante dadas las restricciones a las que esta minoría se ve sometida por la ley birmana.

Están sometidos a una discriminación sistemática: encerrados, sin acceso a un sustento y altamente dependientes de la ayuda humanitaria

Los rohingya son víctimas de una “discriminación sistemática” y limitación de sus derechos: no tienen libertad de movimiento, no tienen derecho a la propiedad y si quieren tener más de dos hijos, tienen que pedir permiso… Por no tener, la mayoría no tienen ni la ciudadanía birmana. “Están encerrados, sin acceso a un sustento y son altamente dependientes (de la ayuda humanitaria)”, resume Robertson.

También se les niega el derecho a la educación, la igualdad de acceso al mercado laboral, y muchos ni siquiera pudieron votar en las pasadas elecciones, según Amnistía Internacional, aquellos comicios de noviembre de 2015 en los que la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi estaba vetada a la presidencia aun sabiendo que la intención de su partido era que gobernara en la sombra.

SÚPLICA CONTRA EL “SILENCIO CÓMPLICE”

La persecución de la minoría rohingya no deja de aumentar, después de un 2015 en el que su situación ya había empeorado, de acuerdo con el informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional. Publicado a principios de este año ya advertía además de que “las autoridades no combatieron la creciente intolerancia religiosa ni las incitaciones a la discriminación y a la violencia contra la población musulmana”.

Si la comunidad internacional no responde de forma efectiva, será cómplice de la erradicación de los rohingyá del mundo

Naciones Unidas calcula que la actual crisis ha provocado la huida de 27.000 personas al otro lado de la frontera para refugiarse en Bangladesh en poco más de dos meses, mientras en todo el año pasado, 33.000 personas -tanto rohingyas como bangladesíes- habían salido hacia el país vecino desde la Bahía de Bengala, según datos de la agencia para los refugiados, Acnur.

Ko Ko Linn lanza una súplica final: “Si la comunidad internacional no responde de forma efectiva y permanece callada, el Ejército continuará haciendo esto. Si (la comunidad internacional) no lo hace, será cómplice de la erradicación de los rohingyá del mundo”.