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El Tribunal Supremo de EE.UU. respalda el veto impulsado por Trump que obliga a personas trans y no binarias a identificarse en pasaportes con el sexo asignado al nacer.
La decisión elimina la opción 'X' en los pasaportes, que permitía a personas no binarias, intersexuales o de género no conforme reflejar su identidad de género.
La medida ha sido tomada con el apoyo de los seis jueces conservadores del Supremo, mientras que las tres juezas progresistas se han opuesto y han criticado la decisión.
Organizaciones de derechos civiles advierten que la nueva política pone en peligro a personas trans, no binarias e intersexuales, y consideran que viola el derecho a la igualdad.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha avalado este jueves, por amplia mayoría, que la Administración de Donald Trump prohíba a las personas trans poder elegir su género al renovarse o hacerse un nuevo pasaporte obligándoles, por tanto, a identificarse con el sexo biológico de su nacimiento.
Los seis jueces conservadores del Supremo han votado a favor de suspender la orden de un tribunal federal inferior que obligaba al Gobierno a seguir avalando que las personas elijan masculino, femenino o X (género no binario) en su pasaporte. Las tres juezas progresistas se han opuesto a esta decisión.
Al dar la razón al Gobierno de Trump, los pasaportes de las personas trans y no binarias reflejarán el género asignado al nacer y no con el que se identifican, que en algunas ocasiones va más allá incluso de masculino o femenino.
Se elimina la opción 'X'
Durante la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) se había permitido que los titulares de pasaportes se pudieran identificar con una X, que indica que se trata de alguien no binario, intersexual o de género no conforme.
Ya el primer día de su nuevo mandato, Trump firmó una orden para revertir esta política. La Casa Blanca defiende que el sexo biológico es necesario porque puede servir de referencia en documentos oficiales.
"Mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no atenta contra los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado", ha justificado la mayoría del Supremo en su resolución.
En este sentido, los magistrados liberales han tachado el fallo de "perversión inútil, pero dolorosa" y han lamentado que "esta insensata evasión del resultado equitativo evidente se ha convertido en una desafortunada práctica" en un voto disidente escrito por la jueza Ketanji Brown Jackson, a la que se unieron sus pares Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
"También se ha convertido en una práctica habitual mi negativa a mirar hacia otro lado cuando se descartan selectivamente los principios básicos", ha defendido Brown.
"Pone en peligro a trans y no binarios"
Con esta medida ahora autorizada por el Supremo, se elimina la opción de seleccionar X en el género y exige a los titulares de pasaportes que marquen el sexo que se les asignó al nacer, lo que impide que las personas transgénero lo hagan coincidir con su identidad de género.
En los documentos judiciales recogidos por The Hill, el abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), -que representa en el caso a nacionales transgénero y no binarios que demandan al Departamento de Estado por los cambios
implementados- denuncia que "esta nueva política pone potencialmente en peligro a las personas transgénero, no binarias e intersexuales que usan un pasaporte".
Sus argumentos, basados en que la política viola la ley federal y el Derecho Constitucional a la igualdad ante la ley, habían convencido previamente a un juez federal de distrito y al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos para que la suspendieran en sucesivas instancias.
La restitución de la norma se suma a las órdenes del Tribunal Supremo que han dado luz verde a la Administración Trump para prohibir que
personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas y participen en las competiciones femeninas y para cancelar subvenciones de sanidad vinculadas a la diversidad.