Trump quiere cambiar las reglas de la democracia para acabar con el 'shutdown' más largo de la historia de EEUU

Las claves

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Después de 37 días de cierre del Gobierno federal, dos más que en 2019, también con Donald Trump en la Presidencia, parece que el Partido Republicano ya no tiene tan claro que la circunstancia le beneficie electoralmente. Lo que en un principio se presentaba como un pulso con los demócratas para ver hasta dónde tragaban con los recortes sociales ha derivado en un enorme daño para la sociedad.

Aunque las culpas están muy repartidas, el partido que controla la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado —algo que no pasaba en 2019, cuando eran los demócratas quienes tenían mayoría en el Congreso— está considerado el principal responsable.

El problema, además, es que el aguante de la oposición ha acabado provocando grietas en el Partido Republicano. Para que el Gobierno reabra tiene que haber un acuerdo en las partidas presupuestarias. Ahora mismo no lo hay porque los demócratas exigen la ampliación de los subsidios a los usuarios del Affordable Care Act, conocido popularmente como “Obamacare” y diana de los ataques de Trump desde antes incluso de entrar por primera vez en la Casa Blanca.

Por supuesto, los republicanos se niegan en redondo… pero hay una parte de los senadores conservadores que piensa que incluir esa ampliación de los subsidios puede ser un precio a pagar razonable si eso sirve para pasar el resto del presupuesto y romper el bloqueo.

Actualmente, el partido de Trump tiene mayoría absoluta en las dos cámaras, pero necesita 60 votos afirmativos en el Senado para aprobar la financiación del Gobierno federal. Solo tiene 53.

Trump exige el fin del “filibuster”

En otras palabras, si 13 senadores republicanos votaran que sí a la ampliación del Obamacare, siempre que los demócratas se comprometieran a dar su apoyo a otras partidas más polémicas, el Gobierno podría ponerse de nuevo en funcionamiento. Esa parece ser la posición mayoritaria entre los congresistas conservadores, como han dejado claro el “speaker” de la Cámara, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune. El único que ha afirmado que no va a ceder bajo ningún concepto es Rand Paul, de larga tradición liberal y enemigo de cualquier gasto del Estado.

Sin embargo, como es habitual, el presidente Trump tiene en mente una solución más directa: acabar con la necesidad de consenso.

La Constitución estadounidense no dice en ningún lado que haga falta esa mayoría necesaria de 60 senadores; simplemente es lo que se lleva haciendo desde principios del siglo XIX con ligerísimas modificaciones, como la confirmación de candidatos a determinados puestos de la Administración, que ya se hace por mayoría simple.

El bloqueo por parte de la minoría de las decisiones de la mayoría —el conocido “filibuster” en la jerga política estadounidense— se podría, en rigor, eliminar en cualquier momento si esa mayoría así lo decidiese. ¿Por qué no lo hace? Más allá del daño que se haría a la misma esencia del parlamentarismo estadounidense, está el miedo a que la situación se revierta.

Tanto Trump en su primer mandato como Joe Biden más recientemente coquetearon con la idea de adoptar una medida así, pero el riesgo era evidente: si sus partidos quedaban en minoría más adelante, como de hecho sucedió en ambos casos, no podrían ejercer ningún control práctico sobre el Gobierno.

Peligran las ayudas

En su alegato, expresado en la red social Truth Social, Trump pedía a sus congresistas que rompieran el consenso para así poder “tener a los mejores fiscales y a los mejores jueces”. El asunto es que esos puestos ya se eligen por mayoría simple y es raro que el presidente no lo sepa. Trump, que en un principio no vio con malos ojos el cierre del Gobierno y que ha amenazado con cancelar los pagos de los funcionarios y no reembolsarles los días perdidos, ahora parece el mayor defensor de que las agencias federales vuelvan a cumplir con sus funciones.

Y es que los fondos de emergencia se van acabando y son varios los programas y sectores que corren peligro. Por ejemplo, el programa SNAP (siglas en inglés del Programa de Asistencia Suplementaria a la Nutrición) lleva ya cuatro días en bancarrota. De él depende la alimentación de hasta 40 millones de estadounidenses, que se pueden ver condenados al hambre. También peligran los fondos de ayuda energética, el llamado LIHEAP, una ayuda gubernamental que complementa el gasto en las facturas de la electricidad y el gas.

De cara al invierno que se avecina —y el invierno puede llegar a ser realmente duro en determinadas partes de Estados Unidos—, son decenas de miles los hogares que pueden ver cómo se les corta el abastecimiento. Del mismo modo, unos cuatro millones y medio de empleados públicos dependientes del Gobierno federal pueden ver cómo se acumula un segundo mes sin sueldo. En otras ocasiones, el Gobierno ha devuelto posteriormente las cantidades adeudadas, pero, como hemos dicho, Trump amenaza con no hacerlo esta vez.

Problemas muy serios

Con todo, hay dos sectores críticos para el funcionamiento de Estados Unidos que ahora mismo están en una situación muy delicada. Se trata de los controladores aéreos y los militares. Ambos dependen del Gobierno de Washington y, por lo tanto, no están recibiendo sus nóminas. Al ser considerados trabajadores esenciales, no se pueden ausentar de sus puestos y deben seguir haciendo sus funciones sin cobrar. Eso está provocando que muchos de ellos se estén cogiendo bajas por enfermedad o que, directamente, se hayan buscado segundos trabajos para poder hacer frente al día a día.

Todo ello ha provocado que, en las últimas semanas, se acumulen los retrasos y las cancelaciones en todo el país, algo que puede resultar en un verdadero caos si el cierre se mantiene para el Día de Acción de Gracias, a celebrar el próximo 27 de noviembre. Se estima que, el año pasado, hasta 20 millones de estadounidenses se desplazaron en avión para la fiesta más familiar del país. Las pérdidas económicas asociadas se pueden contar en miles de millones de dólares.

Del mismo modo, es complicado explicarle a un militar destinado a Oriente Próximo o a cualquier país extranjero que, pese a jugarse la vida por su país, su sueldo no le va a llegar por una cuestión de juego político. Complicado y peligroso para un partido cuyos votantes conservadores tienen en el Ejército a uno de sus símbolos. Tampoco están cobrando los agentes del FBI ni de la CIA ni los trabajadores del Pentágono. Abusar de su paciencia puede tener consecuencias graves en la seguridad del país y eso es algo que a nadie le conviene.