El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este viernes al Gobierno del presidente Donald Trump revocar la residencia temporal a más de 532.000 inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que viven en Estados Unidos, reforzando el impulso del presidente republicano para intensificar las deportaciones.
El tribunal suspendió la orden de un juez federal que detenía la medida del Gobierno de poner fin a la "libertad condicional" migratoria otorgada a estos migrantes por su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden, mientras el caso se resuelve en tribunales inferiores.
El permiso de inmigración es una forma de residencia temporal, según la ley estadounidense, para vivir en el país por "razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo", lo que permite a sus beneficiarios vivir y trabajar en Estados Unidos.
Biden usó estos permisos, bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), como parte de la estrategia de su Administración para disuadir la inmigración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México.
El programa TPS es una ayuda humanitaria estadounidense reglada por ley que tiene como objetivo proteger a los ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes.
Trump exigió el fin de los programas de libertad condicional humanitaria en una orden ejecutiva firmada el 20 de enero, su primer día en el cargo.
Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional decidió cancelarlos en marzo, acortando así la duración de los permisos de dos años. El gobierno afirmó que revocar el permiso facilitaría la inclusión de migrantes en un proceso de deportación acelerada, conocido como "expulsión acelerada".
El caso es uno de los muchos que la Administración Trump ha llevado de urgencia al Supremo buscando revertir las decisiones de los jueces que obstaculizan sus políticas, incluidas varias dirigidas contra los inmigrantes.
El 19 de mayo, el Supremo permitió que Trump pusiera fin a una protección contra la deportación llamada estatus de protección temporal que había sido otorgada bajo el Gobierno de Biden a unos 350.000 venezolanos que viven en Estados Unidos, mientras se desarrolla esa disputa legal.
En un intento por reducir los cruces fronterizos ilegales, Biden permitió a partir de 2022 que los venezolanos que ingresaran a Estados Unidos por vía aérea solicitaran un permiso de dos años si pasaban los controles de seguridad y contaban con un patrocinador financiero estadounidense.
Biden amplió ese proceso a cubanos, haitianos y nicaragüenses en 2023, mientras su Administración lidiaba con los altos niveles de inmigración ilegal de esas nacionalidades.
La Administración Trump también ha cancelado el TPS a miles de afganos y cameruneses residentes en Estados Unidos.