La Administración de Donald Trump se dispone a cancelar todos los contratos federales con la universidad de Harvard, por un valor estimado de 100 millones de dólares, según una carta que se enviará este martes a las agencias federales y cuyo borrador han publicado varios medios estadounidenses.
La carta, de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA) , ordena a todas las agencias federales revisar y potencialmente terminar o reasignar sus contratos con la Universidad de Harvard, alegando preocupaciones sobre discriminación racial en las admisiones, supuestas prácticas de contratación discriminatorias y falta de protección a los estudiantes judíos del acoso.
"La GSA está ayudando a todas las agencias federales en la revisión para la rescisión o transición de sus contratos del gobierno federal con la Universidad de Harvard y sus filiales", dice un borrador de la carta, publicado por The New York Times.
"Esta revisión se alinea con la directiva de la Administración de que todos los servicios federales contratados defiendan y promuevan firmemente las prioridades estratégicas de la agencia", añade la carta.
La misiva instruye a las agencias a responder antes del 6 de junio con una lista de las cancelaciones de contratos. No obstante, los contratos de servicios considerados críticos no se cancelarían de inmediato, sino que se transferirían a otros proveedores.
La medida es el último indicio de la intención de la Administración Trump de paralizar a Harvard, la universidad más elitista y culturalmente influyente del país, atacando su estabilidad financiera y su posición global.
Desde el mes pasado, la Administración Trump ha congelado cerca de 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos con Harvard y, además, le ha prohibido matricular a estudiantes internacionales, aunque esta última orden ha sido de momento paralizada por un juez.
Una lucha contra el sesgo 'woke'
El Gobierno de EEUU ha presentado sus acciones contra Harvard como una lucha por los derechos civiles, ya que ha acusado a la universidad de tener un sesgo "woke" (progresista), de seguir aplicando consideraciones raciales en sus políticas de admisión y de tolerar comportamientos antisemitas en el campus.
La carta de Gruenbaum alega que Harvard ha continuado con "la discriminación racial (es decir, contra la población blanca), incluso en su proceso de admisión y en otras áreas de la vida estudiantil”, y dice que el gobierno está "al tanto de los recientes eventos en la Universidad de Harvard que incluyen acciones antisemitas que sugieren que la institución tiene una preocupante falta de consideración por la seguridad y el bienestar de los estudiantes judíos".
Por su parte, Harvard ha optado por acudir a la vía legal: el mes pasado, presentó una demanda que busca la restauración de los fondos federales, y la semana pasada solicitó a un tribunal federal que restablezca su derecho a matricular a estudiantes internacionales.
La semana pasada, la jueza Allison D. Burroughs restableció temporalmente el derecho de Harvard a matricular a estudiantes internacionales, y una audiencia el jueves determinará si dicha orden debe extenderse.
La universidad cuenta con unos 6.800 estudiantes internacionales, lo que representa el 27 % de su matrícula total. El presidente de Harvard, Alan M. Garber, calificó la cancelación de su capacidad para matricular a estudiantes internacionales como un golpe potencialmente devastador.