El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de dificultar las labores de las autoridades de migración.
La demanda, presentada en una corte federal en Illinois, pide a los jueces que revoquen y califiquen de inconstitucionales las normas existentes a nivel estatal y local que protegen a la población indocumentada de la deportación.
En concreto, el Departamento de Justicia señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago que prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración, al igual que limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal. Esto, a su juicio, viola la "cláusula de supremacía" de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la ley federal prevalece sobre las leyes estatales y locales que puedan entrar en conflicto con ella.
Este tipo de directrices -conocidas como leyes de "ciudad santuario", vigentes en varias de las principales urbes del país incluyendo Nueva York o Los Ángeles- han sido ampliamente criticadas por los políticos republicanos y por el actual mandatario.
Los partidarios de las leyes de las 'ciudades santuario' han señalado que la cooperación de las fuerzas de seguridad locales con las fuerzas de seguridad federales de inmigración disuadiría a los inmigrantes que viven ilegalmente en el país de presentarse como víctimas o testigos de delitos.
Trump ha prometido deportar a millones de personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente, muchas de las cuales viven en jurisdicciones con l'eyes santuario'. Su administración ha pedido a las fuerzas de seguridad locales que se sumen a la ofensiva federal contra la inmigración como un "multiplicador de fuerza" y ha advertido a los funcionarios que se resistan a ese esfuerzo que podrían enfrentar cargos penales.
La recién instalada Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un memorando el miércoles que decía que el Departamento de Justicia debería tomar medidas contra las jurisdicciones que impiden la aplicación de la ley de inmigración.
El nuevo fiscal federal de Massachusetts prometió el miércoles investigar a los funcionarios locales si obstruyen los arrestos intensificados por el gobierno en materia de inmigración, diciendo que "nadie queda exento".
El presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, anunció el mes pasado que investigaría las políticas de las 'ciudades santuario'. Los alcaldes de Boston, Chicago, Denver y Nueva York, ciudades con importantes poblaciones de inmigrantes, deben comparecer en una audiencia del comité el próximo mes.
Varios estados, incluida California, tienen medidas que restringen el cumplimiento de las solicitudes de la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para retener a los sospechosos más allá de su fecha de liberación para que los agentes federales puedan tomarlos bajo custodia o para limitar el acceso de la agencia a las cárceles.
"Illinois defenderá nuestras leyes que priorizan los recursos policiales para combatir el crimen y al mismo tiempo permiten que las fuerzas del orden estatales ayuden a arrestar a criminales violentos", defendió el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, en un comunicado. Pritzker añadió que la ley fue firmada por un gobernador republicano y cumple con la ley federal.