Durante los próximos tres días, la jueza conservadora Amy Coney Barrett, nominada por Donald Trump para el Supremo, comparecerá ante el Comité Judicial del Senado para su audiencia de confirmación. Pese a las presiones de los demócratas para que Trump no eligiera a la sustituta de la progresista Ruth Bader Ginsburg antes de las elecciones, los republicanos, que tienen una escasa mayoría en el Senado -el organismo que nombra a los jueces de la Corte Suprema- están tratando de completar el proceso antes de que Trump se enfrente a Biden en las elecciones.
Los nueve magistrados de la corte cuentan con nombramientos vitalicios y sus fallos pueden modificar la política pública en todos los ámbitos, desde los derechos de voto, el porte de armas, hasta el aborto o la financiación de campañas. Por ello, los demócratas temen que la nominación de Barrett favorezca a los republicanos en casos políticamente sensibles que llegan a la Corte Suprema. Con Barrett, los magistrados de tendencia conservadora tendrían entonces una mayoría de 6-3, cambiando el equilibrio ideológico de la Corte durante las próximas décadas.
Pero además, para los demócratas, hay un punto más del que preocuparse. A lo largo de la campaña, Trump ha hecho varias referencias a la posibilidad de fraude en las elecciones del próximo 3 de noviembre y ha sugerido que podría no aceptar el resultado de los comicios si Biden resulta vencedor. En ese caso, y al igual que pasó en 2000, en las elecciones entre George Bush y Al Gore, que terminó ganando el republicano, la Corte Suprema podría tener un papel principal.
Ese año ambos candidatos obtuvieron alrededor del 49% de los votos de los 6 millones emitidos en Florida, con una ligera ventaja de 1.784 papeletas para Bush que luego se redujo a 537. La diferencia era menor al 0,5%, por lo que la ley de Florida obligaba a repetir los conteos en los condados donde el margen se había contraído.
Dos días después y tras un nuevo recuento automático, Bush seguía a la cabeza, pero su margen se había reducido a 327 votos, mientras crecían las denuncias de fraude y de supuestas irregularidades en las papeletas.
La ley de Florida establece que si la diferencia es menor a 0,25% se debe hacer un conteo manual, algo que Al Gore solicitó en cuatro condados, pero que la secretaria de Estado de Florida rechazó. Al Gore recurrió entonces al Supremo y la Corte terminaría por ordenar la suspensión del recuento manual y Bush se transformó en el presidente de EEUU.
Ahora, muchos demócratas temen que algo parecido pueda volver a pasar y que, en ese escenario, Trump tenga una ventaja importante en el Supremo, donde ha nombrado tres de sus nueve miembros. "Creo que esto terminará en la Corte Suprema", dijo el propio Trump sobre las elecciones. "Y creo que es muy importante que tengamos nueve jueces", agregó.
Proceso exprés
Ante lo que parece una inevitable nominación, los demócratas están presionando a la jueza para que se abstenga de participar en cualquier disputa electoral entre el presidente Donald Trump y el candidato Joe Biden que llegue a la Corte Suprema.
Sin embargo, Barrett ha eludido pronunciarse sobre las peticiones y no ha aclarado qué piensa hacer. Si todo sale como Trump espera y Barrett es confirmada antes de noviembre, se trataría de un proceso exprés. La confirmación más corta hasta ahora fue la del juez Neil Gorsuch, que tardó 66 días, seguida de la de Kavanaugh, 89.
En su discurso de apertura, Barrett ha hecho hincapié en su respeto por la ley y la independencia del Tribunal. "Creo que los estadounidenses de todos los orígenes merecen una Corte Suprema independiente que interprete nuestra Constitución y leyes tal como están escritas", ha destacado, prometiendo cumplir sus deberes "fiel e imparcialmente".
Amy Coney Barrett, de 48 años, es católica, conservadora y madre de siete niños, es la antítesis de Ginsburg en muchas cosas, pero sobre todo en lo que se refiere al aborto: la fallecida jueza protegió ese derecho a toda costa, mientras que la nueva magistrada se ha posicionado en varias ocasiones a favor de restringir el acceso a ese procedimiento. Sin embargo, Barrett no ha llegado a decir si se pronunciaría a favor de anular el fallo judicial de 1973 con el que el Tribunal Supremo legalizó en la práctica el aborto en EEUU.
Con una mayoría republicana en el Senado (53-47), la confirmación de Barrett parece casi asegurada.