Washington DC

"Imagínense que llegue un país extranjero y les prohíben a los españoles las corridas de toros, sin siquiera preguntar a los sectores locales. Así nos sentimos aquí". Orlando Vargas es presidente de la junta directiva del Club Gallístico de Puerto Rico, la entidad dedicada a las peleas de gallo con más socios de la isla. Su asociación acaba de cumplir 45 años, aunque ahora contempla con incertidumbre el futuro para un sector que, más allá del simbolismo cultural, da trabajo a más de 22.000 personas. El motivo, que el Congreso de los Estados Unidos acaba de ilegalizar esta práctica.

En Puerto Rico, a esta tradición se la conoce como “el deporte de caballeros” y se remonta a la presencia española en la isla antes de la invasión norteamericanas de 1898. Tras sobrevivir a prohibiciones, diferentes regulaciones e incluso un cambio de potencia colonial, esta costumbre pasará nuevamente a la clandestinidad debido a una reforma de la Ley de Agricultura que acaba de aprobar esta semana el Senado y la Cámara de Representantes en Washington, y que censura las riñas animales en todo el país. 

Actualmente, estos combates ya están perseguidos en toda la Unión, pero son legales si el estado o el territorio regulan el evento y el ave no es parte de comercio interestatal. La nueva normativa de bienestar animal hará incondicional el veto, incluido en la antigua colonia española. En cuanto el presidente Trump estampe su firma en el nuevo reglamento, la ilegalización entrará en vigor en 12 meses, por lo que podría llegar a finales de 2019.  

Fuerte impacto económico

Ni el respaldo popular a estos torneos, ni los intentos de la comisionada de Puerto Rico en el Capitolio, Jennifer González, han servido de nada. La representante boricua ha abogado ante los diputados por debatir en las próximas sesiones alternativas a esta decisión, aunque no hay garantía ninguna.

“Esta decisión tendrá un fuerte impacto económico, porque esta tradición genera 80 millones de dólares al año. Afectará a más de 27.000 familias, al turismo, a bares, a taquillas y también a la banca, porque muchas de las galleras -las instalaciones que acogen estos eventos- están hipotecadas”, explica a EL ESPAÑOL Vargas.

La última esperanza de esta entidad es que Trump retrase la rúbrica de la ley que acaba de salir del Congreso, aunque cuentan con que al final saldrá adelante. Por ello, ya están planeando plantar la batalla una vez que firme la ley. “Vamos a seguir luchando para ver de qué manera podemos enmendar este estatuto y sacar el contenido que habla de los gallos”. 

Vamos a seguir luchando para ver de qué manera podemos enmendar este estatuto y sacar el contenido que habla de los gallos

Según datos del gobierno de la isla, en 2016 asistieron a peleas de gallos 344.451 personas, en 89 galleras repartidas por todo Puerto Rico, una cifra relevante si se tiene en cuenta que cuenta que la isla tiene más de 3,5 millones de habitantes. “Esto demuestra el respaldo popular a esta tradición. El rechazo a esta práctica es muy minoritario aquí”, zanja el presidente de este club.

Para entender la importancia de esta costumbre en Puerto Rico, basta con observar que este país cuenta con una Comisión de Asuntos Gallísticos, y que como ocurre en España con los toros, hay debates sociales alrededor de la evolución de este rito, tales como la inclusión de la mujer en un ámbito históricamente masculino, o las discusiones sobre sus reglamentos. Por cierto, que según la comisión citada anteriormente, esta industria representa 12.000 empleos directos, 15.000 indirectos y genera sobre 18 millones de dólares

El 50% de los gallos muere

En cuanto al aspecto de la protección animal, que es precisamente lo que ha llevado a algunos sectores desde hace décadas a reclamar la prohibición, Vargas admite que “es cierto que en el 50% de las peleas, uno de los gallos muere, si bien en el resto de casos, la riña se detiene antes de que termine, proclamando ganador a unos de los animales, protegiendo así la vida del ave”. “Todo está altamente regulado”, desde los recintos, el  arbitraje o las licencias de criadores, subraya. 

Más allá del aspecto cultural, la ilegalización de este deporte tiene además una lectura política mucho más profunda, en un momento de incertidumbre histórica para la isla. “Este asunto evidencia de nuevo que Puerto Rico no puede defenderse en el Congreso de los EEUU ante leyes como esta, porque no estamos en igualdad de condiciones al ser un territorio y no un estado incorporado: Si lo fuéramos, tendríamos nuestros dos senadores y cuatro representantes”, explica a EL ESPAÑOL Kevin Romero, presidente de las Juventudes del Partido Republicano de Puerto Rico, formación vinculada al PNR que gobierna actualmente allí.

Actual régimen colonial

En cuanto a posibles alternativas, asegura que su partido y el gobierno de la isla están trabajando “para que seamos un estado más” dentro de EEUU, para lo que incluso se está impulsando una nueva consulta ciudadana -ya se celebraron varias en el pasado con resultados desiguales y discutidos por la baja participación-. Aunque Romero señala que esta vía es posible, lo cierto es que Washington ya ha dado varias negativas a esta pretensión. 

El pasado septiembre, el presidente Trump aseguró que daría un “no rotundo” a la estadidad de Puerto Rico mientras siguieran en el poder, políticos críticos con su gestión durante el huracán María. “Puerto Rico no debería estar hablando sobre la estadidad hasta que tenga gente que realmente sepa lo que está haciendo”, dijo el magnate en una entrevista radiofónica. 

Trump aseguró que daría un “no rotundo” a la estadidad de Puerto Rico mientras siguieran en el poder, políticos críticos con su gestión durante el huracán María

Antes, el pasado mayo, la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de EEUU, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), descartó abordar la discusión sobre la estadidad de la isla. Previamente, el también conservador Marco Rubio ya había avisado de que no había suficiente respaldo en el Congreso a la incorporación de un nuevo estado.

La ilegalización de las peleas de gallo es una gota más que amenaza con desbordar la paciencia de una sociedad cada día más consciente de su estatus pseudocolonial que da la última palabra de su gobernación a Washington. 

“No creo que esto vaya a generar un sentimiento antiamericano, pero sí uno contrario a esto que acaban de hacer”, afirma Vargas, quien al igual que Kevin Romero descarta que las peleas vayan a desaparecer. “Serán ilegales cuando entre en vigor la nueva normativa, pero seguirá practicándose en la clandestinidad”, añade el representante de las Juventudes Republicanas. 

"No son equiparables a los toros"

A su juicio, las peleas “no son equiparables a los toros en España, porque la mayoría de los puertorriqueños no están implicados en ellas, pero sí son un elemento cultural muy importante con muchos seguidores”. 

Según recoge la web del Club Gallístico de Puerto Rico, esta tradición llegó a la isla en el siglo XVI, de la mano de los españoles, quedando declarado como deporte oficial del territorio el 5 de abril de 1770, por decreto del gobernador español Miguel de Muesas. Seis años después, fue prohibido por el nuevo gobernador José Dufresne, pero no por motivos de bienestar animal, sino alegando que los trabajadores perdían el tiempo durante sus jornadas laborales pendientes de estos torneos. 

La prohibición no impidió que la práctica continuara de forma clandestina, hasta que en 1825 salió adelante el primer reglamento oficial. Con la invasión estadounidense, vuelve a vetarse, aunque continúan en la sombra. Finalmente, en 1933, se declaran deporte oficial en Puerto Rico.

En la actualidad, en España las peleas de gallos están reguladas por las comunidades autónomas, y sólo en Canarias y Andalucía están permitidas. “Hay contactos con entidades españolas que se dedican a este deporte, en Canarias”, comenta Vargas, quien contempla solicitar apoyo a asociaciones de España en su batalla contra Washington.