El abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, presentó este lunes una denuncia penal contra Javier Milei por "abuso de autoridad", a raíz de unas polémicas declaraciones que hizo el mandatario en una entrevista emitida por el canal La Nación + el domingo por la noche.
El 'libertario', como él mismo se define, presumió de ser él quien "tomó la decisión" de "meter presa" a la dirigente peronista, lo que a juicio de la defensa de la expresidenta constituiría un claro caso de lawfare.
Durante la entrevista, Milei trataba de justificar que las denuncias contra José Luis Espert, su cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires en las legislativas del 26 de octubre que tuvo que renunciar por vínculos con el narcotráfico, eran una "venganza" del kirchnerismo por la condena a Cristina Fernández.
“Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa (Cristina Fernández)”, señaló Milei ante la sorpresa de su entrevistador.
De nada sirvió que el periodista Luis Majul intentara sacarle sin éxito del embrollo en el que se había metido: "Pero usted no se mete con la Justicia...".
"Ahí está el problema, yo no me meto con la Justicia. Digamos, o sea, le puedo asegurar que si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia (...) yo no estaría padeciendo esto", respondió Milei dando a entender ahora que él podría haber hecho algo para la expresidenta no fuera condenada.
Las polémicas declaraciones de Milei han desatado la polémica en Argentina al levantar serias sospechas sobre la independencia judicial, dando, además, munición para la defensa de Cristina Fernández y su discurso de que está presa por cuestiones políticas.
En su denuncia, el abogado de la expresidenta acusa a Milei de “la comisión del delito de abuso de autoridad previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal”. Para el letrado, Milei “presupone un acto de autoridad ilegal, en tanto la atribución de ordenar o disponer detenciones corresponde exclusivamente a los jueces”.
Según la denuncia, la declaración de Milei “se inscribe en una violación del deber constitucional de abstenerse de intervenir en procesos judiciales, constituyendo el núcleo típico del abuso de autoridad" contemplado en el Código Penal argentino.
Dalbón pidió que se cite a indagatoria a Milei y que se remita una copia de la denuncia a la Cámara de Diputados, con el fin de evaluar la apertura de un juicio político.
“La sola afirmación pública de haber tomado una ‘decisión’ de privar de libertad a una persona constituye un indicio de intromisión funcional y presión institucional sobre el Poder Judicial”, añade el documento, que califica el episodio como “un acto de gravedad institucional”.
En junio pasado, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras viales, pero el peronismo considera que es víctima de ‘lawfare’, es decir, de instrumentalización de la Justicia por parte de sus adversarios políticos para perseguirla y desprestigiarla.
Desde entonces, Fernández cumple arresto domiciliario en Buenos Aires.