Una jueza declaró este lunes culpable al expresidente colombiano Álvaro Uribe de abuso procesal y soborno a funcionario público en un caso de manipulación de testigos que lleva años en curso, convirtiendo así al político de derecha en el primer expresidente del país condenado en juicio.
La jueza Sandra Liliana Heredia leyó su decisión en voz alta en el tribunal, encontrando a Uribe culpable de un tercer cargo, el de cohecho.
El fallo, que se espera que Uribe apele, es el último episodio de un caso altamente politizado que ha durado unos 13 años.
Uribe, de 73 años, y sus seguidores sostienen que el proceso es una persecución política y que él es inocente.
Sus detractores, por el contrario, han celebrado la decisión como la caída merecida de un hombre acusado repetidamente de vínculos con grupos paramilitares de derecha, aunque nunca había sido condenado por ningún delito.
Cada cargo conlleva una pena de prisión de entre seis y doce años. Se espera que la jueza Heredia dicte sentencia en una audiencia posterior.
"La Justicia no se arrodilla ante el poder", dijo Heredia al tribunal el lunes por la mañana, antes de dedicar unas nueve horas a leer su decisión. “Está al servicio del pueblo colombiano”.
“Queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado”, añadió, señalando que su sentencia completa ocupa unas 1.000 páginas.
Uribe y uno de sus abogados, Jaime Granados, participaron en la audiencia mediante videollamada, mientras que otro abogado, Jaime Lombana, asistió en persona.
Granados pidió que se mantenga la presunción de inocencia de Uribe y solicitó que permanezca en libertad mientras continúe el proceso, una decisión que la jueza tomará el viernes.
Tanto detractores como simpatizantes del expresidente se congregaron fuera del tribunal; algunos seguidores llevaban máscaras con su rostro.
Incluso si la condena se mantiene, Uribe podría lograr la prisión domiciliaria debido a su edad.
Un largo proceso
Uribe, que fue presidente entre 2002 y 2010 y dirigió una ofensiva militar contra grupos guerrilleros de izquierda, fue investigado junto a varios aliados por presunta manipulación de testigos para desacreditar acusaciones que lo vinculaban con paramilitares.
Los jueces han rechazado dos veces solicitudes de la Fiscalía para archivar el caso, originado en una acusación de Uribe, en 2012, alegando que el senador izquierdista Iván Cepeda había orquestado un complot para relacionarlo con paramilitares.
La Corte Suprema determinó en 2018 que Cepeda recogió información de excombatientes como parte de su trabajo, y que no pagó ni presionó a los exparamilitares. No obstante, el tribunal señaló que Uribe y sus aliados presionaron a testigos.
Cepeda asistió en persona a la audiencia junto con su abogado.
Críticas desde EEUU
El juicio de Uribe provocó duras críticas del senador estadounidense Marco Rubio antes del fallo. Uribe tuvo una estrecha relación con Estados Unidos durante sus dos períodos presidenciales.
“El único ‘delito’ de Uribe ha sido luchar y defender incansablemente a su patria. El uso político de la justicia en Colombia por jueces radicales marca ahora un precedente preocupante”, dijo Rubio en X.
“Una decisión contra el expresidente podría generar represalias del gobierno de Estados Unidos”, advirtió el Banco de Bogotá en una nota este lunes, refiriéndose a una propuesta del legislador republicano Mario Díaz-Balart de recortar la ayuda no militar a Colombia el próximo año, en parte por preocupaciones de violaciones al debido proceso en el caso Uribe.
Uribe, quien fue puesto en prisión domiciliaria durante dos meses en 2020, lidera el poderoso partido Centro Democrático y fue senador durante años, antes y después de su presidencia. Ha enfatizado repetidamente que extraditó jefes paramilitares a Estados Unidos.
La Comisión de la Verdad de Colombia afirma que los grupos paramilitares, desmovilizados bajo acuerdos con el gobierno de Uribe, mataron a más de 205.000 personas, casi la mitad de las 450.000 muertes registradas durante el conflicto civil en curso.
Tanto paramilitares, como guerrilleros y miembros de la fuerza pública, también cometieron desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamientos y otros crímenes.
Así, Uribe se suma a la lista de exmandatarios latinoamericanos condenados y en ocasiones encarcelados, como Alberto Fujimori en Perú, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández en Argentina y Ricardo Martinelli en Panamá.