La administración Trump ha deportado a cinco inmigrantes, originarios de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos, a Esuatini, una pequeña monarquía del sur de África sin ninguna conexión con los deportados.
El traslado fue autorizado tras una decisión del Tribunal Supremo que dio luz verde al envío de personas a terceros países sin necesidad de vínculos personales, familiares o culturales con el país de destino.
“Estos monstruos depravados han estado aterrorizando a nuestras comunidades”, afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, al anunciar la medida, según recoge The Telegraph.
Entre los deportados, según Washington, se encuentran un vietnamita acusado de violación infantil y tres hombres condenados por asesinato en distintos estados. Sus países de origen se negaron a aceptarlos de vuelta.
La Casa Blanca sostiene que estas expulsiones son un triunfo de la “mano dura” migratoria del presidente Trump y de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Desde junio, la administración busca acuerdos con países africanos para acoger inmigrantes considerados no deseados por EEUU, bajo el argumento de que sus crímenes los convierten en personas “inadmisibles” en sus países de origen.
La deportación a Esuatini -un país con 1,2 millones de habitantes gobernado desde 1986 por el rey Mswati III, el último monarca absoluto del continente- ha generado desconcierto tanto dentro como fuera del país africano.
El gobierno de Esuatini no ha confirmado ni desmentido el acuerdo con Washington, ni ha precisado dónde se encuentran los deportados o cuál será su situación legal.
La sociedad civil local expresó su preocupación por la falta de transparencia: “El gobierno no ha comunicado absolutamente nada sobre esta medida, lo que genera incertidumbre y temor sobre sus consecuencias”, denunció Ingiphile Dlamini, portavoz del grupo prodemocrático Swalimo, en declaraciones a Associated Press.
“Nos preocupa cómo un país tan pequeño, con recursos limitados, podrá gestionar la llegada de personas con antecedentes penales graves”.
Opacidad y chantajes
Washington estaría negociando estos traslados en el marco de una política de presión que combina restricciones de visado, amenazas de aranceles y recortes de ayuda exterior.
En el caso de Esuatini, el país perdió este año buena parte del financiamiento estadounidense para combatir el VIH, en un contexto en el que tiene una de las tasas de prevalencia más altas del mundo.
El vínculo entre estas presiones y la aceptación de los deportados no ha sido confirmado oficialmente, pero analistas africanos señalan que hay “intercambios implícitos”.
Trump ha declarado que quiere cerrar “nuevos pactos migratorios” con más naciones africanas. La semana pasada se reunió en la Casa Blanca con líderes de cinco países de África Occidental, sin detallar los temas tratados.
Mientras tanto, EEUU ha deportado ya a otros ocho hombres a Sudán del Sur y ha enviado a cientos de venezolanos y centroamericanos a Costa Rica, El Salvador y Panamá.
Deportaciones sin garantías
Una reciente directiva interna del gobierno permite deportaciones a terceros países con tan solo seis horas de antelación, sin necesidad de nuevos procedimientos mientras el país receptor se comprometa a no torturar ni perseguir al deportado.
En paralelo, se ha eliminado el acceso a audiencias de fianza para millones de migrantes que entraron sin autorización, obligándoles a permanecer detenidos durante años hasta que se resuelva su caso.
Además, se han denunciado tácticas invasivas como el uso de citaciones de ICE para obtener información sobre inquilinos de origen extranjero en ciudades como Atlanta, incluyendo solicitudes de contratos de alquiler y documentos de identidad.
Las organizaciones de derechos humanos advierten que esta estrategia sienta un precedente peligroso.
“Enviar a personas a países donde no tienen ningún lazo, sin garantías legales claras, convierte la política migratoria en un instrumento de castigo y chantaje”, señaló un informe reciente del Migration Policy Institute.