México está a punto de hacer historia. Este domingo 1 de junio celebrará los comicios más grandes jamás organizados en el país. Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a más de 881 integrantes del Poder Judicial, entre jueces, magistrados y ministros. Ningún otro país de su tamaño —con una superficie cuatro veces la de España y más de 129 millones de habitantes— ha sometido estos cargos al voto popular.
Esta votación es posible gracias a la controvertida reforma Judicial aprobada en septiembre e impulsada por el Gobierno del entonces presidente Manuel López Obrador, predecesor de la actual mandataria, Claudia Sheimbaum. Su objetivo con esta iniciativa inédita era, sobre papel, combatir la corrupción.
No obstante, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han criticado una presunta politización y un ataque a la independencia del sistema judicial. De hecho, los opositores han tratado de votar los comicios y han hecho un llamamiento a no ir a votar. A la incertidumbre y la tensión que rodea las primeras elecciones de este tipo, se le suman también las denuncias de posible injerencia de actores políticos y los temores a que entre los elegidos se cuelen candidatos que tienen vínculos con el crimen organizado.
En los últimos meses, diversos medios de comunicación en México han informado sobre la postulación de candidatos vinculados a graves señalamientos: desde abusos sexuales hasta vínculos con la delincuencia organizada. Esta misma semana, la organización de derechos humanos Defensorxs reveló que al menos 20 aspirantes a cargos públicos arrastran antecedentes penales, acusaciones de corrupción o presuntas relaciones con cárteles del narcotráfico. "Son candidaturas altamente riesgosas", señalan.
Entre los casos más destacados se encuentra el de Silvia Delgado, abogada penalista que representó al célebre narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. En 2016, cuando aún ejercía como su defensora legal, lo visitaba semanalmente en prisión antes de su extradición a Estados Unidos. Hoy, Delgado busca convertirse en jueza en el estado de Chihuahua.
Otro caso que ha generado mucha inquietud es el de Fernando Escamilla, que pretende ser juez penal federal. Con anterioridad, fue asesor jurídico de abogados defensores de miembros del sanguinario cártel de Los Zetas, lo que ha suscitado dudas sobre su imparcialidad y compromiso con el Estado de derecho.
No menos controvertida es la candidatura de Leopoldo Chávez, que aspira a un puesto como juez federal en Durango, estado enclavado en el llamado Triángulo Dorado, zona estratégica para el cultivo de marihuana y amapola. Chávez fue condenado en EEUU a seis años de prisión tras intentar vender más de cuatro kilogramos de metanfetaminas, según informa Reuters.
En el estado de Jalisco, otro nombre resuena con fuerza: el de Francisco Hernández, exjuez destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por presuntos casos de abuso sexual y corrupción. Hoy, a pesar de ese turbio historial, busca un asiento como magistrado.
Patricia Avendaño, funcionaria del Consejo Electoral de la Ciudad de México , muestra una muestra de la boleta que se utilizará en las próximas elecciones judiciales y de magistrados del 1 de junio.
Injerencia política
Varias de estas candidaturas están siendo investigadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que por ahora no ha descalificado ninguna de las postulaciones, aunque se reserva la posibilidad de actuar más adelante. Paralelamente, se ha abierto una investigación sobre posibles intentos de injerencia política.
Y es que las normas para presentarse eran bastante estrictas: los candidatos tienen prohibido utilizar materiales que los vinculen a partidos políticos, participar en actos organizados por estos o aceptar cualquier tipo de donación. Sí podían usar sus recursos personales hasta un tope de 220.000 pesos (unos 10.000 dólares).
Sin embargo, los candidatos no pueden utilizarlo para publicitarse en los medios de comunicación, por lo que tienen que utilizar sus propias redes sociales. Esto se ha traducido en un desconocimiento de los candidatos por parte de los electores. También en una acumulación de denuncias por posibles irregularidades.
Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), ha asegurado a Reuters que la institución analiza dos quejas formales. La primera, presentada en el estado de Nuevo León, acusa al gobierno estatal y al partido Movimiento Ciudadano (MC) de instruir a funcionarios públicos para movilizar votantes y distribuir panfletos promocionales con los nombres de los candidatos.
La segunda denuncia proviene de Ciudad de México. En este caso, los señalados son servidores públicos y el partido oficialista Morena, acusados de utilizar recursos institucionales con fines proselitistas.