Las fuerzas armadas de Argentina desplegarán tropas en la frontera con Bolivia, 2.400 kilómetros al norte de Buenos Aires, para intentar un freno al narcotráfico proveniente del país vecino y el paso ilegal de personas que cruzan andando, muchas veces cargando mercancías.
“La defensa del país empieza en sus fronteras”, posteó el ministro de Defensa, Luis Petri, en la red social X, y añadió que “nuestras fuerzas armadas se desplegarán para reforzar la vigilancia y el control en la zona de seguridad de fronteras del norte y noreste del país”.
El anuncio sorprendió también por su nombre: “Operación Julio Argentino Roca”. Este general fue un “procer de la Nación”, dijo Petri, pues dirigió la “Campaña del Desierto” en 1879 para “expandir el territorio” y “controlar tierras habitadas por los pueblos originarios”.
Roca fue el símil argentino del general estadounidense George Custer. Ambos comandaron guerras de blancos, armados con fusiles Remington, contra aborígenes y conquistaron sus tierras. Luego Roca llegó a presidente y repartió latifundios a ex oficiales y comerciantes ricos.
Esta movilización ordenada por el gobierno del presidente Javier Milei está en línea con su reivindicación pública de las fuerzas armadas. Y es un hecho inédito desde la recuperación democrática en 1983. Pues los militares tienen prohibido por ley participar en conflictos internos, una norma que busca ahuyentar nuevos golpes.
Pero en opinión del ministro de Defensa esa política de salvaguardar la democracia se trató de un “sesgo ideológico" por el cual “se persiguió” y “se canceló” a las fuerzas armadas. En consecuencia, redondeó, las fuerzas armadas estuvieron “limitadas a la hora de intervenir en las fronteras”.
El cuidado de las fronteras terrestres y marítimas, en verdad, estuvo históricamente a cargo de Gendarmería (equivalente a la Guardia Civil) y Prefectura Naval (policía de costas). Pero éstas están ahora destinadas a tareas de seguridad ciudadana en Buenos Aires y Rosario.
Por ello el número de militares alcanzará hasta 10 mil y cumplirán tareas de vigilancia y control, además de eventualmente repeler ataques desde el extranjero. En Bolivia, gobierna el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) desde 2006, aunque en medio hubo una intentona golpista en 2019.
Soldados argentinos desplegados en una zona cercana a la frontera.
La base de operaciones estará emplazada en el cuartel del Batallón de Monte 28, localidad de Tartagal, provincia de Salta, que durante la dictadura (1976-1983) funcionó también como campo de concentración de los opositores políticos que habían sido secuestrados en la zona.
Las fuerzas armadas de Argentina no cuentan con armamento estratégico. La mayor parte quedó en el campo de batalla de la guerra de las islas Malvinas que perdieron contra el Reino Unido, en 1982. Apenas si conservan viejos fusiles FAL de los años 50 medio remozados.
Argentina y Bolivia comparten 724 kilómetros de frontera, en parte delimitada por el río Pilcomayo. En “las zonas más calientes” de ese límite común pasa "casi el 80% de la cocaína que intenta entrar a nuestro país", dijo la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich.
En las localidades de Aguas Blancas y Orán “hubo siete asesinatos por sicariato”, resaltó la funcionaria. Y aseguró que Argentina firmará un convenio con Bolivia para lograr “el control aéreo conjunto” y que ese país informe de “los aviones ilegales que salen de su territorio”.
En Aguas Blancas, policías atacaron con disparos en diciembre último a un grupo de bagayeros, personas que hacen contrabando hormiga y cruzan la frontera con ropa y hojas de coca. Asesinaron a un joven de 27 años, Fernando Gómez, e hirieron de bala a otros dos.
A raíz de ello, el Gobierno de Milei anunció que construirá una valla perimetral de alambre, de unos 200 metros de ancho, en esa zona de la frontera –semejante a las de Ceuta y Melilla-, pero de momento no se informó la marcha ni el estado de esas obra.
Bolivia reaccionó en forma crítica. “El mandato del presidente de Argentina vulnera los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional. Esto iría en contra de los tratados internacionales”, dijo el ministro boliviano de Justicia, César Siles, y solicitó la intervención de la ONU y la OEA.