Donald Trump ya no esconde su estrategia: aplazar cualquier juicio para después de la celebración de las elecciones de noviembre. El lunes, el expresidente pidió al Tribunal Supremo que deje en suspenso un fallo del 6 de febrero de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia que rechazó por unanimidad su inmunidad judicial por las acciones que llevó a cabo mientras estaba en el cargo.
En esencia, Trump, que considera que este juicio esconde una motivación política, sostiene que sería injusto para millones de votantes que no pudiera compartir su mensaje durante las elecciones de 2024 debido a que está siendo enjuiciado por un presunto intento de invalidar los resultados de las elecciones de 2020. “Celebrar un juicio penal de meses de duración contra el presidente Trump en plena temporada electoral perturbará radicalmente la capacidad del presidente Trump para hacer campaña”, señalaron los abogados del candidato republicano en un escrito dirigido al Tribunal Supremo.
Según comentaron los abogados del expresidente, si este proceso penal avanza, tendría unas consecuencias devastadoras sobre los futuros presidentes, advirtiendo persecuciones partidistas, extorsión, chantaje y otras amenazas. "Sin inmunidad penal, la presidencia tal y como la conocemos dejará de existir", señalaron. "La amenaza de procesamiento se convertirá en un garrote político utilizado para influir en las decisiones presidenciales más delicadas e importantes, con la amenaza de la vulnerabilidad personal tras dejar el cargo".
Esta petición representó el último esfuerzo de Trump para insistir en su demanda de inmunidad total, la cual fue rechazada por dos instancias judiciales inferiores. En la actualidad, el Supremo se encuentra en el proceso de determinar si y cuándo se llevará a cabo un juicio federal sobre los cargos relacionados con su presunto intento de subvertir las elecciones de 2020. Las fechas, por el momento son inciertas, aunque a menos que los jueces tomen decisiones rápidas, es muy probable que el juicio se retrase hasta el apogeo de la campaña electoral de 2024, e incluso más allá de las elecciones de noviembre.
Eso es precisamente lo que busca el neoyorquino, quien en su solicitud argumenta que la cuestión de si los presidentes tienen "inmunidad absoluta de enjuiciamiento penal por sus actos oficiales" plantea un tema novedoso, complejo y de gran importancia que merece una revisión cuidadosa en la apelación. De esta manera, si la vista se retrasa al año que viene y Trump gana las elecciones de noviembre, según Reuters, podría usar sus poderes presidenciales para forzar el fin del procesamiento o potencialmente indultarse a sí mismo por cualquier delito federal.
Un cúmulo de juicios
El caso de la inmunidad judicial no es el único desafío legal al que se enfrenta Donald Trump. En total, el expresidente está acusado de 91 cargos por delitos graves distribuidos en cuatro juicios penales distintos, cualquiera de los cuales podría conllevar una condena a prisión. Además, enfrenta una demanda civil en Nueva York que podría provocar cambios significativos en su imperio empresarial, incluso el cese de operaciones en su estado natal.
Pocas horas antes de presentar su apelación ante el Supremo, el candidato republicano compareció en una audiencia a puerta cerrada en un tribunal federal de Florida debido al caso penal relacionado con el presunto traslado de documentación clasificada a su residencia en Mar-a-Lago. Al igual que en el caso de la inmunidad judicial, los abogados del empresario neoyorquino están intentando retrasar el juicio más allá de la fecha prevista para el 20 de mayo.
En otro litigio que también está bajo consideración del Tribunal Supremo, el pasado jueves los magistrados indicaron su inclinación a fallar a favor del expresidente en su apelación contra un veredicto del 19 de diciembre emitido por un tribunal superior de Colorado. Este fallo buscaba descalificar a Trump de participar en las primarias republicanas del 5 de marzo, apelando a la decimocuarta enmienda de la Constitución, que lo haría inelegible debido a la "prohibición de insurrección", derivada de su supuesta implicación en el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero de 2021.
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Tanto los jueces conservadores como liberales manifestaron su inquietud sobre la posibilidad de que los estados puedan descalificar a un candidato sin que el Congreso apruebe una ley que defina claramente cómo se debe aplicar la disposición constitucional sobre la inhabilitación. La decisión del Supremo, en todo caso, establecería un precedente para otros estados que busquen implementar medidas similares, como Maine.
Un cuarto caso acusa a Trump de participar en la interferencia electoral de 2020 en Georgia. Hasta el momento, el juicio no tiene una fecha formalmente establecida, aunque la fiscal ha expresado su intención de comenzarlo en algún momento durante el mes de agosto. Sin embargo, el expresidente busca la destitución de Fani Willis, la fiscal a cargo del caso, después de que se revelara una relación personal con Nathan Wade, un fiscal externo designado por Willis para el caso.
La impresionante y variada lista de casos a los que se enfrenta Trump no es algo muy común entre los expresidentes, lo que puede derivar en una amplia gama de consecuencias. Una victoria en las elecciones de noviembre frente a Biden podría poner fin a sus causas penales. Sin embargo, como advierte Stephen Collinson en la CNN, una derrota plantea una perspectiva sombría, ya que Trump podría no tener la capacidad de detener los juicios o revertir las condenas en cualquiera de los procesos federales en su contra.