A mediados de enero, una humareda se instaló cuatro días sobre Puerto Príncipe, la capital de Haití. Los vecinos del barrio de Solino, el más afectado, pasaron un fin de semana entero pidiendo auxilio desesperados a las emisoras de radio. "¡Si la policía no viene, morimos hoy!", gritó una residente ante los ojos de los periodistas de Associated Press. Las pandillas acababan de irrumpir en una zona estratégica de la ciudad: si conseguían controlar Solino, podrían acceder fácilmente a barrios hasta ahora pacíficos. Pese a las súplicas, la policía no vino, y entre los días 18 y 21 murieron 25 personas.
La masacre de Solino ha puesto al desnudo la realidad de Haití, donde las pandillas han matado a 4.789 personas y secuestrado a 3.000 en 2023, según la ONU. En Puerto Príncipe, cuyo territorio está controlado por las bandas en más del 80%, salir a manifestarse supone tener agallas. Pero las razones son de peso: desde 2018, la seguridad en Haití se ha deteriorado totalmente, marcada por un aumento de los casos de ataques armados, robos y violaciones contra la población civil.
Las autoridades no dan abasto: el Estado cuenta con 10.000 agentes de policía para una población de 12 millones. El panorama llevó al primer ministro, Ariel Henry, a pedir en 2022 que una fuerza de la ONU entrara a combatir la violencia que causan las pandillas. Kenia se ha ofrecido liderar la misión, pero el viernes pasado el Tribunal Superior de Nairobi prohibió el despliegue. Este martes, el presidente del país africano insistió en una entrevista con Reuters en que su plan de liderar la operación de la ONU sigue en pie.
Varias personas se repliegan en una esquina de Puerto Príncipe durante el atraco a una comisaría.
En medio de este impasse, el asedio de las bandas a Puerto Príncipe el mes pasado ha desencadenado una huelga general de tres días esta semana. Desde el lunes hasta ayer, los habitantes del país caribeño se han impuesto al miedo de las semanas anteriores y han salido a las calles del país para exigir un cambio. La movilización, convocada por la Brigada Sindical Anticorrupción (BSAC), demandaba a Henry una solución a la crisis de seguridad. Además, los haitianos piden una regulación de la economía. En los últimos años han aumentado considerablemente los precios del combustible, y la inflación alcanza su nivel más alto en una década.
La crisis que atraviesa la mitad occidental de La Española hunde sus raíces en los problemas de gobernanza del país, a los que se une los intentos de las pandillas de imponerse por la fuerza. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 dejó un vacío de poder que no ha hecho sino acrecentar las tensiones políticas.
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La solución está en... Kenia
La comunidad de Solino, que alberga a miles de personas, ya estuvo plagada de bandas antes de que la ONU las expulsara a mediados de la década de 2000. Con la solicitud de una nueva misión de mantenimiento de la paz, el Gobierno de Henry busca que las Naciones Unidas fortalezcan a la Policía nacional haitiana para que vuelva a combatir a las pandillas.
Kenia se presentó para liderar esta misión el pasado mes de julio. En octubre, la ONU aprobó la propuesta. Pero el pasado 25 de enero, la Corte Suprema del país africano declaró que el plan de enviar fuerzas de seguridad nacionales a Haití era "inconstitucional", ya que no existe un "acuerdo recíproco" con el país receptor. Este martes, el presidente keniano, William Ruto, declaró en una entrevista a Reuters que, a pesar de la sentencia, su Gobierno va a seguir adelante con sus planes de dirigir una misión de seguridad en Haití aprobada por la ONU.
Una madre camina con su hijo entre las barricadas, el 18 de enero en Puerto Príncipe.
Ruto dijo que Haití había pedido ayuda hace meses, y que esperaba que en breve llegara una solicitud que satisficiera las exigencias del tribunal. "De modo que la misión puede llevarse a cabo la semana que viene, si Kenia y Haití cumplen todos los trámites por la vía bilateral que ha sugerido el tribunal", declaró Ruto tras una cumbre italo-africana celebrada en Roma. A la pregunta de si se estaban manteniendo conversaciones con Haití para conseguir la solicitud necesaria, Ruto respondió: "Por supuesto. De hecho, Haití nos ha escrito formalmente, no hoy, hace varios meses".
Haití buscó ayuda por primera vez en 2022 ante el recrudecimiento de la violencia de las bandas, pero fue incapaz de encontrar a nadie dispuesto a hacerse cargo, y muchos gobiernos extranjeros se mostraron recelosos de apoyar a la administración no elegida del empobrecido país. "La misión está en marcha. La misión es una llamada más grande a la humanidad", declaró Ruto, subrayando que se trataba de una operación policial y no militar.