El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro no quiere volver a Brasil, donde sabe que tendrá que rendir cuentas por los graves acontecimientos del 8 de enero en Brasilia. Seguidores suyos, y según diversas pruebas también movidos por él, asaltaron las principales instituciones del país. Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos en virtud de un pasaporte diplomático, pero este beneficio caduca en febrero. Ahora ha pedido un visado de turista que prolongaría su estancia por seis meses. 

[Así se orquestó el "golpe grotesco" de Brasil: desfile de autobuses, acampadas y un código militar secreto]

Para Washington es un problema. Si ya fueron intensas las presiones a la Casa Blanca, incluso desde las filas demócratas, para que el presidente Joe Biden obrara el regreso o la entrega de Bolsonaro a Brasil, el clima se repite para que no le sea concedido este permiso. El abogado del exmandatario entregó la solicitud la semana pasada: "Le gustaría tomarse un tiempo, despejarse y disfrutar como un turista más antes de decidir cuál será su próximo paso", ha respondido el letrado a la agencia Reuters.

"Si usará o no los seis meses completos dependerá de él y de la estrategia en la que acordemos embarcarnos", añade la defensa del político ultraderechista. Bolsonaro voló a Florida apenas dos días antes de que expirara su mandato -el 1 de enero- y Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder. Y desde Florida siguió el allanamiento y el saqueo del Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial por parte de negacionistas de la legitimidad de Lula para gobernar.

Esa misma Corte Suprema violentada acordó abrir una investigación a Bolsonaro por presuntamente alentar las protestas que desembocaron en la violencia relatada.

[Manipulación policial, fake news, incitación al delito... las causas pendientes de Jair Bolsonaro en Brasil]

Recientemente, además, la policía halló en el domicilio de Anderson Torres, exministro de Justicia, un detallado borrador firmado por el propio Bolsonaro y con fecha de 2022 que contiene los planes para ejecutar un golpe de Estado. Se trata de una propuesta de decreto de tres páginas escrito a ordenador en el que se establece, punto por punto, en qué consistiría el establecimiento de un "Estado de Defensa" en la sede del Tribunal Superior Electoral.