Lula podría volver al Palacio de la Alvorada. Cuando este lunes un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló todas las condenas que pesaban sobre el expresidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva recuperó de golpe todos sus derechos políticos. O, lo que es lo mismo, podría convertirse en candidato en las elecciones de 2022 y, por tanto, volver a presidir el país.

Es decir, la decisión del magistrado Luiz Edson Fachin de anular todas las condenas de corrupción dictadas contra Lula le ceden el paso para una eventual candidatura, siempre y cuando la decisión del magistrado se mantenga y el exmandatario no sea condenado en segunda instancia por los tribunales federales hasta entonces.

El expresidente, de 75 años, fue inhabilitado por su situación judicial y no participó en los comicios de 2018, los que ganó Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y su principal rival político.

De hecho, el actual mandatario ha puesto bajo sospecha al magistrado que anuló las condenas. “Tenía un gran vínculo con el Partido de los Trabajadores”, la formación fundada por Lula en 1980, se ha quejado Bolsonaro.

Según el actual presidente, "obviamente esa decisión" del juez Fachin deberá ser analizada por el pleno del Supremo, lo cual depende de que haya una apelación contra el fallo que anuló las sentencias, en la cual ya trabaja la Fiscalía General.

En ese sentido, Bolsonaro dijo estar convencido de que "el pueblo brasileño ni siquiera querría tener un candidato como ese en 2022 y mucho menos pensar en votarlo", porque "al final de cuentas, todos los escándalos que hubo en su Gobierno están claros frente a toda la sociedad". 

Aunque lo cierto es que Lula no ha dejado claro sus planes ante los próximos comicios, pero, en caso de presentar su candidatura, podría enfrentarse a Bolsonaro, aumentando todavía más la polarización política en el país.

Situación jurídica de Lula

El magistrado Luiz Edson Fachin, en decisión individual en respuesta a una petición de hábeas corpus que aún puede ser apelada ante el pleno del Supremo Tribunal Federal, determinó que el juzgado 13 de Curitiba, de primera instancia y cuyo titular era el ahora exministro Sergio Moro, no tenía competencia para juzgar a Lula.

Fachin anuló todas las decisiones en primera instancia del juzgado de Curitiba y determinó que los procesos sean reiniciados por un juzgado federal de Brasilia.

Con la anulación de las condenas en primera instancia, Lula vuelve a la condición de imputado por corrupción en los cuatro procesos que ya habían pasado por el juzgado de Curitiba, incluso en dos en que las decisiones de Moro fueron confirmadas por tribunales de segunda instancia.

Se trata de los procesos en que fue condenado por supuestamente haber recibido un apartamento de playa en el balneario de Guarujá a cambio de favorecer a una constructora en contratos de la petrolera estatal Petrobras; y en el que fue considerado culpable de corrupción por las millonarias reformas que diferentes empresas hicieron en una casa de campo en que el expresidente pasaba los fines de semana, pese a que no era de su propiedad.

En el primer caso fue condenado a 8 años de prisión y en el segundo a 17 años.

La decisión también anuló dos procesos en que es juzgado por donaciones y favores supuestamente ilegales recibidos por el Instituto Lula de empresas contratistas de Petrobras, y por comisiones ilegales de Odebrecht, en los que aún no existían sentencias.

Los cuatro procesos tendrán que ser reiniciados por un juzgado de Brasilia en fecha aún sin definir y cuyo titular tendrá que decidir inicialmente si considera procedentes las acusaciones de la Fiscalía y le abre juicio al líder socialista.

La decisión de Fachin, sin embargo, aún puede ser anulada en el pleno de la Corte Suprema en caso de que la Fiscalía la apele, algo que ya está estudiando.

Situación política

Con la confirmación de ambas condenas por tribunales de segunda instancia, lo que igualmente perdió validad con la nueva decisión, Lula automáticamente fue inhabilitado políticamente y no pudo disputar las elecciones presidenciales de 2018, en las que aparecía como favorito en las encuestas.

Lula, incluso, llegó a pasar 580 días en prisión y fue liberado una vez que el Supremo alteró su propia jurisprudencia y decidió que, aunque sí pierde sus derechos políticos, una persona sólo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era su caso.

La anulación de las condenas le devuelve los derechos políticos a Lula, que ahora podrá disputar las elecciones presidenciales de 2022, a las que ha admitido públicamente que aspirará en caso de que el Partido de los Trabajadores (PT) decida postularlo.

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