Más de 50 personas han muerto en dos días tras enfrentamientos en varias cárceles brasileñas, en la ciudad de Manaus, en el estado de Amazonas, al norte del país. La tragedia pone de manifiesto la realidad de los establecimientos penitenciarios brasileños, cuyas condiciones hace mucho son denunciadas por las organizaciones de derechos humanos, que cuestionan, además, la política carcelaria de los sucesivos gobiernos.
Los motines y las matanzas son frecuentes entre una población penitenciaria que supera las 704.000 personas y que vive hacinada en instalaciones construidas para albergar menos de 416.000 personas, según los datos del Monitor de Violencia, una colaboración entre el Foro de Seguridad Pública e Globo News.
Al hacinamiento de los presos se suma la falta de funcionarios de prisiones: para cada agente penitenciario hay 200 o 300 presos, dependiendo del establecimiento. Todo esto, sumado a la falta de condiciones sanitarias, ausencia de asistencia médica y jurídica y alimentación deteriorada, hace que la situación sea una bomba reloj permanente. De entre la población carcelaria, más de un 35% corresponde a presos preventivos, que están encarcelados sin haber pasado por un juicio aún.
El aumento de los presos supone un problema para los investigadores porque las cárceles son espacios donde el crimen se organiza y donde se favorece la integración en las redes criminales. "Es donde el crimen organizado tiene su centro de reclutamiento. Allí es donde están los líderes, el comando y el control de la violencia en las calles", señaló el exministro de Seguridad, Raul Jungmann, en declaraciones a la BBC.
Uno de los problemas, según los especialistas, es la vocación "carcelaria" del sistema. "Las cárceles jamás han demostrado eficiencia en la reducción del crimen o la violencia. Cuando se elige sistemáticamente, sea cual sea el delito, encarcelar a alguien que no tiene conexiones con grupos criminales, el Estado está poniendo a esas personas al alcance de estas bandas criminales", analizan en el estudio Camila Dias e Rosângela Gonçalves, del Núcleo de Estudos da Violência da la Universidad de São Paulo.
Jungaman corrobora esta idea, diciendo que el Gobierno debería "priorizar el arresto de criminales de mayor impacto, como los grandes traficantes, asesinos, barones del crimen organizado y cambiar la actual política antidrogas". El tráfico de drogas es, actualmente, el segundo delito que lleva más gente a la cárcel, según el Consejo Nacional de Justicia.
A inicios de año, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, ha presentado un plan de lucha contra la corrupción, los crímenes violentos y la criminalidad organizada que tendrá que ser votado en el primer semestre.
Sin embargo, las condiciones penitenciarias no son el centro del plan, y las pocas medidas contempladas no pretenden solucionar el hacinamiento de las prisiones ni proponen medidas alternativos a la política carcelaria. El proyecto cuenta con medidas para endurecer el cumplimiento de las penas, aumenta el número de años que los presos pueden estar ingresados en las cárceles federales (de mayor seguridad) de uno para tres años, renovable por más tres, y dificulta el excarcelamiento de presos reincidentes.