Este miércoles se cumplen tres meses del inicio de las protestas contra el Gobierno en Nicaragua, que ya han dejado a  más de 350 muertos. El 18 de abril cientos de personas salieron a las calles para exigir la derogación de una ley de pensiones, y se enfrentaron a la represión violenta de la policía. Los nicaragüenses se indignaron porque el gobierno recurrió a las armas desde el principio; y lo que comenzó como una marcha contra una ley se convirtió en un reclamo por la dimisión del presidente Daniel Ortega y su administración.

La sociedad civil y el gobierno se han sentado en mesas de diálogo en repetidas ocasiones para intentar solucionar la crisis. La iglesia católica lo propuso y ha sido la institución encargada de mediar en los encuentros, que todavía no han logrado apaciguar la situación. Carlos Áviles es asesor de los obispos que participan en el diálogo nacional, y le contó a EL ESPAÑOL este martes lo que ha ocurrido hasta ahora en las negociaciones entre la sociedad civil y las autoridades. 

¿Las negociaciones han dado resultados?

Hoy [martes] más de 1.500 efectivos de la policías y los paramilitares están atacando un barrio en la ciudad de Masaya mientras hablamos. Tienen aislada esa ciudad y están arremetiendo contra el pueblo. Es un ataque de fuerzas militares contra gente desarmada. Hemos hecho un llamado a la gente para que se refugie y esconda, y no responda a provocaciones. Ese ha sido el "diálogo": el gobierno reprimiendo y matando como si nada.

El diálogo está trancado ahora, porque persiste la violencia por parte de la administración de Ortega, pero hay tres mesas de trabajo: una jurídica, que trata la renuncia de magistrados y otros funcionarios; otra política, para estudiar la posibilidad de adelantar elecciones; y una encargada de la verificación y seguridad. Esta es la única que está activa a diario. A pesar de que no ha habido muchos avances mantenemos las mesas porque a través de éstas se ha podido establecer relaciones con organizaciones internacionales como la ONU y la OEA. 

La violencia no disminuye, ¿de quién es la culpa?

El Gobierno no acepta la culpa. Dicen que los que están protestando son vándalos, pandilleros y criminales. No admiten que es el pueblo el que, a raíz de una ley que querían pasar, está exteriorizando todas esas inconformidades que han ido acumulando los últimos 10 años por las políticas de Ortega.

La violencia es de un solo lado: es la represión del Gobierno. Las protestas han sido cívicas: la gente marcha, tranca las vías principales e instala barricadas para protegerse de la policía a diario. Los únicos que tienen armas son ellos. No es que las fuerzas paramilitares o policiales estén actuando según su capricho, Ortega tiene todo el control. Esto no es una guerra, es el ataque de una fuerza represiva y desmedida contra el pueblo, que lo único que hace es expresarse en marchas multitudinarias. El recrudecimiento de la violencia ha sido de parte del Gobierno.

La comunidad de Masaya sufre un bombardeo de siete horas.

He participado en varias manifestaciones. Han habido algunas extraordinarias, como la del 30 de mayo, que se celebra el día de la madre en Nicaragua, en la que a pesar de que participaron miles de mujeres y niños, la policía no tuvo reparos en disparar. Para nuestras ciudades, que son pequeñas, el hecho de que más de medio millón de personas marchen juntas ya es algo extraordinario. El día de las flores, la caminata organizada por la iglesia, la manifestación convocada por la empresa privada y todas las demás demostraciones han terminado igual: llegan encapuchadas las fuerzas paramilitares patrocinadas por el gobierno con armas de alto calibre a disparar a la gente. Lo más preocupante es ver cómo la policía les cuida las espaldas mientras disparan. Está todo orquestado por Ortega.

¿Los sacerdotes han recibido amenazas?

Hay una persecución abierta. El gobierno dice que la iglesia está promoviendo un golpe de estado, pero no hay nada más falso que eso. La Iglesia escucha las propuestas de la sociedad civil y las expone en el diálogo. Los obispos han tenido mucho cuidado en lo que hacen.

Las autoridades de la iglesia instruyeron a todas las parroquias un pacifismo extremo, pero también un humanismo: que abriéramos los templos a la gente. Le damos refugio y comida a quien sea. Si es un policía y está herido también se le ayuda. Pero eso ha molestado al gobierno, y  en las últimas semanas los policías han atacado más de tres templos con civiles dentro.

Un caso que ha sido noticia en todo el mundo es el de los estudiantes que estaban protestando en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), y al ser reprimidos corrieron a la iglesia de la Divina Misericordia para refugiarse. Los policías pasaron toda la noche disparando desde fuera, hasta que al día siguiente la comisión de verificación y seguridad logró hablar con ellos. El cardenal, el nuncio y yo entramos y logramos sacar a más de 170 personas en buses, y los llevamos a la catedral. Es un relato macabro. Los sacerdotes que estaban ahí y los estudiantes esperaban morir.

No es la primera vez en Nicaragua que se ve tal derramamiento de sangre, ¿por qué este se ha prolongado tanto?, y ¿por qué se repite la historia?

El problema es que antes el pueblo quería una revolución contra un dictador, y ahora se enfrenta a  un supuesto revolucionario que en realidad es un empresario millonario. Daniel Ortega y todo su círculo ejercen un capitalismo salvaje, aunque ellos digan que son pobres como el pueblo. Su populismo es fuerte, y lo usan para dar apariencia de defensores del pueblo, de los que no tienen nada. 

El matrimonio Ortega Reuters

El dinero los mantiene en el poder. Con eso compran conciencias. En Nicaragua desde hace tiempo no hay ninguna institución. La Asamblea Nacional, las alcaldías, los ministerios… Todo está comprado por ellos. Nadie dice nada que no esté aprobado por los Ortega. Este Gobierno es como una monarquía absoluta. Durante esta crisis ningún funcionario oficial se ha pronunciado en contra de nada: ese es el poder del dinero. El Gobierno también ha comprado la mayoría de los medios de comunicación y durante sus 11 años en funciones no han invertido en educación, por lo que gobiernan a un pueblo bastante inculto y fácilmente manipulable.

Hoy la policía está ideologizada. Los han destruido. El sistema judicial igual: aquí no hay justicia. No hay ley del mundo que te pueda salvar si ellos te condenan. Hay absolutismo, y una falta de institucionalidad, que se ha ido creando con el tiempo. Hay desempleo, no hay educación ni seguridad social.

Nicaragua se está acercando a Venezuela, pero puede llegar a estar en peores condiciones, porque ellos tienen petróleo y aquí no hay nada. No tenemos fuentes de riqueza. Solo somos 6 millones de habitantes que dependen del sector de la agricultura y ganadería. Somos pequeños y nos sentimos impotentes.

¿La respuesta internacional ha sido la que esperaba?

Las muestras de violencia han ido in crescendo. Ahora siento que la opinión internacional está haciendo bastante presión sobre el Ejecutivo, pero no sé si sirve de algo. A nivel popular, las personas quieren árbitros internacionales que entren en el país y pongan orden, sobre todo para frenar la violencia. Pero esos organismos están aquí y el gobierno sigue reprimiendo de una manera criminal, impune, cínica. Estamos viendo imponentes cómo atacan a la población civil que protesta pacíficamente, y no hay nada que podamos hacer.

¿Cuánto tiempo más puede durar el conflicto?

Tenemos la esperanza de que pronto el Gobierno acceda a adelantar las elecciones, pero el poder está centralizado en Nicaragua. Solo lo tienen el presidente y la vicepresidenta, que son un matrimonio. Ellos tienen mucho dinero, hicieron muchos negocios de petróleo con Hugo Chávez, y tienen cientos de millones de dólares. No les importa el pueblo. No hay nada que hacer, y mientras tanto, sigue aumentando el número de muertos.