Este jueves, sólo cuatro días después de su derrota en las elecciones legislativas de Argentina frente a Mauricio Macri, Cristina Kirchner deberá declarar ante el juez Claudio Bonadio por una la denuncia presentada por Alberto Nisman en enero de 2015 días antes de morir. Tendrá que responder las preguntas que el magistrado disponga sobre una presunta exculpación a Irán por el ataque a la AMIA.
Fue el fiscal Gerardo Pollicita el que se ocupó de la denuncia y pidió que se interrogase a Kirchner. Bonadio debe decidir si el interrogatorio es por un delito de encubrimiento o de traición a la patria.
La hipótesis de Nisman que ganó fuerza
El que fuera el antiguo fiscal del caso AMIA, Nisman, presentó la denuncia el 14 de enero de 2015. Iba dirigida contra Kirchner y miembros de su Gobierno. Esgrimía que el Memorándum de Entendimiento suscrito en 2013 por Argentina e Irán quería encubrir, y no resolver, el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que tuvo lugar el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.
Aquel día murieron 85 personas y hubo 300 heridos. Varios sospechosos iraníes se verían favorecidos según Nisman gracias a un acuerdo de intercambio de petróleo por grano.
Sólo cuatro días tras presentar la denuncia, Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su piso de Buenos Aires. Las sospechas de homicidio fueron aumentando con el tiempo. El juez Daniel Rafecas consideró que no había delito y archivó el caso que había recogido Pollicita, ordenando más de 50 diligencias para impulsar las indagaciones.
Más tarde, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas llevó el caso a Casación, logrando que se reabriera, incluyendo a otros 14 interrogados, tras una apelación fallida del fiscal Germán Moldes ante la Cámara Federal. A todos los imputados se les ha vetado la salida del país.
Una citación en plena campaña
Desde que se conoció la citación de Kirchner, el pasado 10 de octubre, la expresidenta de Argentina ha mostrado su disconformidad con la decisión del juez Bonadio, acusando de ser responsable de ella a Macri, en lo que ha tildado de "persecución".
Ha asegurado que ha actuado en base a "intereses políticos", exigiendo "levantar la voz y denunciar la persecución y el deterioro grave de nuestra calidad democrática". En sus declaraciones se ha mostrado muy crítica con el magistrado: "Actúa como una correa de transmisión de las obsesiones del Presidente contra la oposición y contra mi persona".
Esa misma actitud la ha mostrado con Macri, al que ha hecho responsable de "degradación de nuestra democracia, de un uso partidario y obsceno, inconstitucional, donde el Poder Judicial actúa como una fuerza de tareas del Ejecutivo".
Cristina Fernández de Kirchner durante un acto electoral en Buenos Aires.
Inmunidad de arresto
La Constitución Nacional de Argentina establece en sus artículos 68 y 69 que los miembros del Congreso no pueden ser "acusados, interrogados judicialmente, molestados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato de legislador".
Por otra parte, la ley de Fueros 25.320, del año 2000, dice que si hay abierta una causa penal contra un legislador, funcionario o magistrado, la Justicia debe continuar el procedimiento "hasta su total conclusión". Por ello Cristina Kirchner no podría ser arrestada a no ser que sea apartada de su cargo.
Refundación del peronismo
Macri ha ganado las elecciones pero Kirchner cuenta con su propia victoria al asentarse como la dirigente opositora con más fuerza de Argentina. Bajo este capital político queda en sus manos acabar con la fragmentación del peronismo de cara a las presidenciales del 2019.
El objetivo para entonces es evitar la victoria de Macri aunque para ello no se presentará previsiblemente como candidata. Durante este tiempo ha de afrontar ya no sólo las causas por corrupción, sino de encubrimiento de un atentado.