Con 15 millones de almas y 11 de votantes, las cifras absolutas más altas de criminalidad del país, el estado de México, la entidad que rodea la capital y el mayor caladero de votos de cara a las presidenciales de 2018, jamás ha vivido una alternancia política.
Junto a Coahuila, con sólo 2 millones de votantes pero uno de los estados más ricos en materias primas, no conoce otro gobierno en 88 años que el del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Si en 2016 ya salieron de sus otros feudos -Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas-, estos dos son los restos de la ‘dictadura’ perfecta, los últimos bastiones del partido del presidente Enrique Peña Nieto. Este domingo, junto con Nayarit, celebran elecciones a gobernador. Las encuestas apuntan a que pueden perder. Y eso aterra al PRI.
“Tanto en las encuestas públicas como las privadas que he visto, en los dos estados hay grandes posibilidades de que pierda el PRI, marcado por el desgaste de ochenta y tantos años de gobierno”, explica Sergio Torres, fundador y estratega de la consultora Politiks 360. “Aún se ve un PRI con una estructura muy fuerte, que aguanta con su voto más duro, pero está en los huesos”.
Mientras en el estado de México los caballos que quedan al final de carrera son el PRI, con Alfredo del Mazo, y la izquierda de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con la maestra Delfina Gómez; en Coahuila son el PRI, con Miguel Ángel Riquelme, y el PAN, con Guillermo Anaya.
En el estado de México, el tema de la campaña es claramente la seguridad. Según los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros seis meses de 2016, es el primero en cuanto a presuntos delitos registrados, con 131.019. También es cierto que es la entidad más poblada del país y la que tiene más gente en situación de pobreza.
En Coahuila, el asunto es la corrupción. Humberto Moreira, ex gobernador del estado y ex presidente del PRI, fue detenido en Madrid por lavado de dinero. El actual gobernador es su hermano, Rubén Moreira, y entre los dos han llevado la deuda estatal a ser la más alta per cápita del país. En México, por el recuerdo del Porfiriato, la reelección está prohibida, por lo que se crean a veces una suerte de líneas dinásticas.
“Yo creo que básicamente el PRI está fuera de la carrera presidencial de 2018, pero si pierden el estado de México, el padrón más numeroso del país, cuna del presidente y su bastión, sería un golpe mortal al priismo y el último clavo en la tumba de Peña Nieto, ya que habla de una muy mala gestión con corrupción e inseguridad”, comenta Torres.
“Coahuila es un estado insignia para el priismo y para Peña también. Humberto Moreira era presidente del PRI cuando lo nombraron candidato, y tiene una importancia económica muy fuerte”. Perder ambos, el corazón y la cartera del PRI, sería un directo a la mandíbula.
A menos de una semana para la elección una encuesta de El Universal para Cohauila situaba al priista Miguel Riquelme con un 35%, seguido del panista Guillermo Anaya con un 31%. En el estado de México, el periódico El Financiero publicaba un estudio en el que Del Mazo llevaba un 34% y Defina Gómez (en México se sigue llamando a los políticos hombres por su apellido y a las mujeres por su nombre) un 29%, pero un 20% de los electores no quería revelar su voto.
Un patrón que ya ocurrió en las elecciones del año pasado en Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango, donde el PRI esperaba ganar y el voto oculto lo largó del poder. Otros análisis lo ponen peor y dan empate técnico o directamente derrota del PRI.
¿COMPRA DE VOTOS?
Ante esta posibilidad, el PRI se ha volcado en el estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México ha aprobado el techo de gasto más alto de toda la historia del país,285 millones de pesos (más de trece millones de euros), en un lugar con nueve millones de personas en situación de pobreza.
El candidato del PRI es primo de Peña Nieto, hijo y nieto de gobernadores del estado de México y le apodan Alfredo del Mazo III. Su estado tiene el mayor número de denuncias por compra y coacción del voto,amenazas a subordinados y condicionamiento de programas sociales de acuerdo a los datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
“Parte de las investigaciones que estamos desarrollando tienen que ver con hechos ilícitos que sí se han desarrollado a partir de programas sociales”, dijo Santiago Nieto, cabeza de la fiscalía.
“Hay una enorme operación de Estado en la que participan el Gobierno federal y el mexiquense, regalando bienes a manos llenas, desde las tradicionales despensas, hasta casas y viajes a Acapulco, bajo la cobertura de programa sociales”, acusa Eduardo Huchim, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal.
“No hay ninguna otra entidad de la República donde haya estas dádivas, no hay otra entidad donde tanta derrama se está dando pero ni por asomo, por ninguna entidad han pasado secretarios de Estado, directores...”.
Según un cálculo realizado por el diario Reforma, de agosto al inicio de la campaña en abril, el Gobierno Federal ha invertido 500 millones de pesos (casi 24 millones de euros) en becas, ordenadores, vales de estudio, créditos de ampliación de viviendas... en el estado de México.
A los actos de entrega de estos programas sociales han acudido desde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hasta la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, que repartió becas. Todos vinculados al PRI, todo se puede ver en Twitter y todo denunciado por la oposición.
El aún Gobernador, Eruviel Ávila, decretó que podían seguir entregando este tipo de programas sociales durante la campaña, algo que prohibió el Parlamento local, controlado por una coalición afín, el 29 de mayo, a seis días de votar.
La oposición en bloque ha hablado de burla y cinismo. En el cierre de la misma, el pasado domingo en Toluca, acudieron los gobernadores de 12 estados, cuatro secretarios de Estado, miles de simpatizantes en autobuses... No fue el presidente, aunque del centenar de visitas, giras e inauguraciones que realizó en 2016 y lo que va de 2017, 20 fueron al estado de México.
“Repartir bienes a nombre del PRI es una clara operación de compra y coacción del voto y todo el Gobierno federal se está volcando en llevar bienes a una entidad federativa bajo el ropaje de los programas sociales, con un dinero federal que debería repartirse de manera equitativa por todo el país”, finaliza indignado Huchim. “Llevo 40 años viendo elecciones, pero ni en tiempos de la hegemonía del PRI recuerdo un descaro tan grande”.