El aborto está prohibido por ley en Guatemala salvo que la vida de la madre esté en riesgo. Sin embargo, se calcula que cada año se producen 65.000 interrupciones del embarazo de forma ilegal e insegura en aquel país y anualmente unas 21.600 mujeres son hospitalizadas con complicaciones por los abortos ilegales. Ante esta situación, el denominado "Barco abortista" Adelaide de la ONG holandesa Women On Waves (Mujeres sobre las olas) llegó la pasada semana a Guatemala en su primera campaña en América para reivindicar el aborto como un derecho y defender el fin de la prohibición en un país profundamente conservador y de arraigada tradición religiosa.

El Ejército guatemalteco anunció que intentaría impedir la misión y, tras una intensa polémica, la Dirección General de Migración de Guatemala notificó a los tripulantes del buque que debían abandonar el país acusando a los activistas de mentir en su declaración al ingresar al país como turistas. Aunque estos presentaron un recurso y se negaban a ser expulsados, finalmente el pasado sábado el velero tuvo que abandonar las aguas guatemaltecas del Pacífico sin que se haya permitido asistir a ninguna mujer.

El objetivo de la ONG, dedicada a prevenir embarazos no deseados y abortos inseguros, era proporcionar a las mujeres interrupciones médicas legales gratuitas hasta con 10 semanas de embarazo en aguas internacionales. El equipo médico del buque y los ciudadanos guatemaltecos que colaboran a título individual informan a la mujer y le proporcionan, en el caso de quererlo, una píldora para el aborto, y en unas cuatro horas la nave está de regreso en tierra, según explicó una trabajadora de la organización. Los medicamentos utilizados son una combinación de dos píldoras que han estado en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud desde 2005, entidad que ha calificado este método como muy seguro y eficaz.

Reuters

Su expulsión ha impedido que a las mujeres que estaban esperando atención les brindaran asesoramiento, tratamiento y cuidado durante cinco días. Según la organización, desde hace 15 años realizan esta iniciativa en otras partes, salvando los escollos que se les han puesto delante: "Nada en esta campaña se hará de forma ilegal". Así, ha defendido que toda la campaña que se ha emprendido es "legal".

En el otro extremo se encuentran la Iglesia Católica de Guatemala y otros líderes religiosos y políticos que protestaron contra la presencia del barco. "Ha llegado a Guatemala el barco de la muerte", llegó a decir el parlamentario Raúl Romero.

Guatemala es un país que no consiente el aborto salvo en los casos de riesgo para la madre. Es su presidente, Jimy Morales, quien representa la defensa más férrea de las ideas provida siendo favorable a proteger "el derecho a la vida" de los niños desde su concepción. El mandatario había anunciado que prohibiría la misión del velero holandés, lo que generó la presentación de cuatro querellas en contra de la embarcación.

Por su parte, el Tribunal Constitucional de Guatemala pidió al Gobierno tomar todas las medidas necesarias para proteger "la vida de las personas". La decisión, adoptada en el pleno por unanimidad, responde a un amparo provisional otorgado a favor del abogado Edgar Stuardo Ralón Orellana, que denunció la inacción de las autoridades para hacer cumplir la ley.