El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha proclamado este jueves el alto el fuego definitivo con las guerrillas FARC a partir de la medianoche del lunes para poner fin a un conflicto de cinco décadas de antigüedad.
"El día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado", ha afirmado el mandatario horas después de que los equipos negociadores del Gobierno y la guerrilla anunciaran en La Habana el acuerdo final, resultado de cuatro años de intensas negociaciones.
Arropado por una multitud de personas y banderas, Santos ha entregado al Congreso colombiano el documento atado con una cinta con los colores nacionales para poder convocar un plebiscito con el que refrendar lo acordado con los guerrilleros.
En la noche del miércoles, Humberto de La Calle y uno de los jefes negociadores de la guerrilla, 'Iván Márquez', estamparon su rúbrica en el texto dando por terminado el proceso e iniciando una nueva etapa histórica para Colombia. Una a una fueron firmadas las más de 200 páginas, en cada una de sus siete copias, del Acuerdo Final logrado tras cuatro años de negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
Durante una comparecencia oficial, el presidente de la República explicó entonces los acuerdos logrados e informó de que el plebiscito en el que el pueblo colombiano refrendará lo negociado en La Habana se realizará el próximo 2 de octubre. Algunas fuentes del Gobierno informaron de que para dentro de una semana se prepara un gran evento, con asistencia de diversos mandatarios, donde Juan Manuel Santos y el líder guerrillero ‘Timochenko’, realizarán la firma final oficial de la paz.
Una ola de optimismo se vive en Colombia, que entra ahora en unas semanas clave para su futuro. Tanto Gobierno como guerrilla se dedicarán a socializar los acuerdos y explicarlo a la población, que lo avalará (o no) en las urnas.
Quizás, uno de los puntos más sensibles sea el relacionado con la participación política de las FARC. Y es que más allá del silencio de los fusiles, este acuerdo supone también la transformación de esta agrupación en un nuevo movimiento político.
Estos beneficios jurídicos, políticos y económicos, fueron el escollo más difícil de resolver en la etapa final de las conversaciones, que llevó a que las dos últimas semanas se ideara una especie de ‘cónclave’, con la participación de varios emisarios del gobierno, para lograr el acuerdo.
Así, y según resaltó el presidente durante su discurso, las FARC contarán con diez escaños fijos en el Congreso de la República (cinco por Cámara), superando incluso el número con el que cuentan ya otras organizaciones de izquierda en el legislativo. Esto se hará efectivo a partir de 2018, cuando entraría a conformarse un nuevo Congreso y la garantía sería efectiva por dos periodos, es decir, hasta 2022.
Antes de esta fecha la guerrilla contaría con voceros en el Congreso y en el Consejo Electoral. Aunque no está claro cómo funcionaría este mecanismo, fuentes del equipo negociador señalaron que éstos no serían guerrilleros sino civiles escogidos por el movimiento, que tendrían voz, pero no voto en estas entidades.
Un pago mensual para la paz
“Los antiguos miembros de las FARC, ya sin armas, podrán acceder a la vida política del país, en democracia, y deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos”, dijo Santos.
Otro de los puntos acordados es la mensualidad que pagará el Estado a cada desmovilizado, equivalente $620.000 pesos (aproximadamente 188 euros). Este punto será de profundo debate en la sociedad. Los opositores al proceso, que impulsan una campaña para que la población vote 'No' en el plebiscito, habían sembrado el rumor de una suma tres veces más alta, lo cual generó algún tipo de descontento en diversos círculos de la sociedad.
Sin embargo, tal y como explican desde la Oficina del Alto Comisionado para la paz, el pago mensual es una herramienta que se ha utilizado en diversos procesos de reinserción en el pasado, y es fundamental para que la persona tenga un ingreso que le permita vivir mientras aprende un oficio productivo.
Un tercer punto acordado define que las FARC, al convertirse en partido político, recibiría del Estado 7.000 millones de pesos al año (más de dos millones de euros), para financiar su funcionamiento.
Adicionalmente se crearía una Comisión de Implementación y Verificación de los acuerdos, en la que tendría participación las FARC, para definir cómo se gastaría el dinero que el Estado asignaría al posconflicto.
Un punto relevante de la agenda de negociaciones consistió en la definición de mecanismos que garantizaran la supervivencia de los reinsertados durante sus primeros años como “civiles”. Así, se definió que cada uno de ellos recibirá 8 millones de pesos (2.400 euros) como capital semilla para invertir en un negocio, y otros dos millones adicionales (600 euros) para iniciar sus vidas lejos de las armas.
Finalmente, este componente del acuerdo determinó que los guerrilleros que han sido condenados saldrían de la cárcel con su pena o sanción disciplinaria suspendida hasta que la Jurisdicción Especial de Paz asuma sus casos, con lo cual se soluciona la ley de amnistía solicitada por las FARC.