El senador Antonio Anastasia, instructor del juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, ha presentado este martes su informe final sobre el caso. No duda de que existen "plenas razones" para que la mandataria sea destituida.

Anastasia ha asegurado que "la gravedad de los hechos constatados no deja dudas" en cuanto a las irregularidades financieras de las que se acusa a Roussef, que ha calificado de "un atentado contra la Constitución", informa el diario brasileño Folha de Sao Paulo.

"Voto por la procedencia de la acusación y porque prosiga el proceso" hacia la destitución, dice la conclusión del informe de 441 páginas de Anastasia, divulgado por el Senado poco antes de que comenzara la lectura del documento en el seno de la comisión a cargo del juicio político.

Rousseff fue suspendida de forma temporal el pasado 12 de mayo por decisión del Senado brasileño. Está acusada de graves irregularidades en el manejo de los presupuestos, por contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraban los gastos sin el visto bueno Congreso, como exige la ley brasileña.

El informe afirma que "el descontrol fiscal" provocado "comprometió la sostenibilidad de políticas públicas y servicios fundamentales para la sociedad", pues generó un "enorme" desequilibrio en los presupuestos.

Además considera que "amplió el endeudamiento público, impactó en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interno Bruto (PIB), y representó un perjuicio para la calidad de vida de la población".

No terminan ahí las conclusiones del documento, que añade que los decretos que alteraron el gasto público sin autorización parlamentaria, constituyen una "usurpación" de las funciones del Congreso y "violó" los "mecanismos de control" mediante los cuales la sociedad vigila "la gestión del dinero público", que son una "condición en una democracia plena".

PRÓXIMOS PASOS

El informe se debatirá en una comisión formada por 21 senadores el miércoles y votado el próximo jueves, según el plan de trabajo acordado con la Corte Suprema, corresponsable del juicio contra Rousseff.

El viernes, cuando comiencen los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ese informe se leerá en el pleno del Senado, que llevará a cabo una primera votación dentro de una semana, el próximo 9 de agosto.

Si ese día el informe es aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, la Corte Suprema convocará una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá si Rousseff será destituida definitivamente o será absuelta y recobrará el poder.

Esa última sesión, que podría durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y una mayoría cualificada de 54 votos sería necesaria para el cese definitivo. Mientras tanto, el que fuera vicepresidente Rousseff, Michel Temer, ejerce el mando y sería él quien continuaría como presidente hasta el 1 de enero de 2019 en caso de confirmarse la destitución de la dama de hierro brasileña.

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