Caracas

Un operativo policial y militar se activó para custodiar el Palacio de Justicia en el centro de Caracas. Se esperaba la presencia de Leopoldo López, el líder opositor que está preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde hace más de dos años. Pero al final de la jornada López no fue trasladado a los tribunales, porque la audiencia de apelación fue suspendida, por segunda vez en un mes. Hace quince días el proceso fue retardado porque una de las jueces dijo estar enferma; ahora se ha informado de que uno de los abogados de otro de los imputados en la misma causa no ha podido comparecer.

Este nuevo diferimiento es “contrario a los principios universales de defensa de la libertad”, según ha estimado el exministro de Justicia español Alberto Ruiz Gallardón, uno de los miembros del equipo defensor del disidente. Gallardón y el abogado Javier Cremades llegaron a Caracas para asistir a López, pero las autoridades no les permitieron siquiera acceder al recinto judicial, a pesar de ser un edificio público.

“Desde un punto de vista de la defensa de los derechos humanos, la libertad de una persona no puede depender de que se ponga enferma una juez o de que se ponga enferma una letrada”, ha explicado el exalcalde de Madrid a las afueras de los tribunales.

Ruiz Gallardón ha insistido en que es una “profunda violación de los derechos humanos” que incidentes de carácter procesal impidan la libertad de su defendido. Por eso ha solicitado la libertad inmediata del dirigente opositor, aunque también ha puesto sobre la mesa otra alternativa transitoria: “Si se mantiene la situación de retención, el tribunal tiene perfectas facultades para sustituir esa situación de prisión por una situación de arresto domiciliario, pero, en todo caso, ese no es el objetivo. Nuestro objetivo es la nulidad del juicio y la libertad de Leopoldo López”.

Cremades ha asegurado que López no es el único y detrás de él “hay numerosos presos políticos”. “La única solución digna que esta justicia singular puede adoptar es la libertad incondicional, declarando la nulidad radical de ese juicio. Hasta que eso no se produzca no nos vamos a parar”.

Los letrados españoles han asegurado que van a volver a Venezuela “tantas veces como sea posible”, hasta conseguir que el coordinador nacional de Voluntad Popular goce de sus plenos derechos ciudadanos.

Para los familiares del político condenado en primera instancia a casi 14 años de prisión por su participación en las protestas violentas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, realizadas a inicios de 2014, López es un “preso de conciencia”. Lilian Tintori, su esposa, ha declarado que el Ejecutivo “quiere detener lo que es indetenible: la libertad de Leopoldo”. Ella ha denunciado que no es posible asistir al centro de reclusión, porque le quitaron la visita, “está aislado”. También ha comentado que un grupo de militares despojó a López de los documentos para su defensa, cuando irrumpieron de forma violenta en su celda la semana pasada. “Eso es tortura, tratos degradantes e inhumanos. Este es un régimen inhumano y cruel”, ha sentenciado Tintori.

En otros casos de disidentes encarcelados también se han denunciado retardos procesales. El alcalde Metropolitano Antonio Ledezma fue detenido en febrero de 2015 y la audiencia para que la Fiscalía presentara sus argumentos fue diferida en diez ocasiones, hasta que se realizó un año después, cuando fueron ratificados los cargos de asociación para delinquir y conspiración.

“Arbitraria” privación de libertad

Juan Carlos Gutiérrez, abogado venezolano que defiende a Leopoldo López, califica el diferimiento como una “dilación indebida” al proceso que debería traer como consecuencia “la inexorable libertad de Leopoldo López”.

Gutiérrez ha expresado que la defensa ha realizado una petición de liberación desde hace varios meses, que hay lapsos procesales que han sido incumplidos y que este nuevo diferimiento es por causas no imputables a López. También ha dicho que, según el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, la medida jurídica de privación de libertad “tiene que cesar por decaimiento procesal”, al haber transcurrido más de dos años sin sentencia firme. “Vamos a insistir para que se produzca la liberación de Leopoldo López, independientemente de que el acto sea diferido y se celebre en otra oportunidad”, ha informado el abogado.

Para Jesús “Chúo” Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, “resulta curioso” que el sistema judicial acepte la apelación de la sentencia y luego niegue en dos oportunidades consecutivas la audiencia necesaria. “Es particularmente ofensivo que se produzca esto después de que fue asaltada la celda de Leopoldo López y le fueron hurtados materiales, apuntes para su defensa en esa audiencia”, ha comunicado en rueda de prensa. El vocero de la MUD cree que lo ocurrido es un ejemplo de la “perversión de los poderes” en Venezuela y de cómo la palabra del Gobierno “no vale nada”.

Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, ha repudiado “la ejecución judicial” en contra de López. Cree que en casos como este, “de presos sin cargos fiscales, de detenidos de facto por un juez”, alarman a la justicia en cualquier país. “Estos son juicios tormentosos, insostenibles desde el punto de vista meramente procesal”, ha dicho el experimentado diputado. “Este tipo de procesos generan un agrave lesión a un derecho humano fundamental que es el derecho a estar en libertad”.

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