El caso de manipulación sistemática de balances de Wirecard salpica a las autoridades de supervisión alemanas y, por extensión, al Gobierno de Berlín, mientras crece el escándalo en torno a una compañía de pagos electrónicos que se suponía modélica.

Dos ministros, el de Finanzas y el de Economía, el socialdemócrata Olaf Scholz y el conservador Peter Altmaier, comparecerán la próxima semana ante la Comisión de Finanzas del Parlamento (Bundestag) para dar explicaciones sobre el caso.

Sobre un tercero, el de la Cancillería, Helge Braun, considerado persona de confianza de la canciller Angela Merkel, planea la pregunta de por qué su departamento no actuó antes, visto que, a más tardar, en 2019 tenía información sobre indicios de irregularidades.

A pesar de esas sospechas o, como mínimo dudas, Merkel, abordó la entrada de Wirecard en el mercado chino con las autoridades del país asiático en una visita oficial a China en septiembre de 2019. La canciller suele dejarse acompañar en estos viajes por una delegación de empresarios destacados, lo que incluía a esa compañía.

Elecciones en peligro

Scholz es hasta ahora el que puede acabar más desacreditado por el asunto, desde el punto de vista político. Tiene rango de vicecanciller en la gran coalición; un sector de su Partido Socialdemócrata (SPD) le ve como un posible aspirante a la Cancillería, en las generales previstas para 2021.

Desde su departamento se ha elaborado un plan para permitir una intervención más directa del Estado sobre la autoridad de supervisión BaFin. La Fiscalía de Múnich lleva la investigación principal sobre Wirecard y sus diligencias apuntan a que la compañía manipuló datos y balances sistemáticamente desde 2015.

Scholz debe actuar con celeridad para lograr una estructura convincente, que permita una intervención rápida y eficaz ante indicios de irregularidades en compañías, bancos, aseguradoras y empresas de servicios financieros.

La BaFin es un organismo independiente, pero bajo supervisión de Finanzas. Desde su Ministerio se ha admitido la necesidad de "mejorar" los mecanismos de supervisión y su objetivo es dotarse de un sistema más transparente y efectivo.

La fiabilidad de la BaFin está en entredicho, pero no es ésa la única sombra sobre Scholz. Al margen de las explicaciones que den los ministros la próxima semana, desde la oposición se apremia para que se cree una comisión parlamentaria que investigue el asunto en profundidad. De ser así, el asunto se alargaría durante meses, con las consecuencias previsibles sobre la campaña electoral de 2021.

Tres detenidos

Desde el punto de vista judicial, la investigación principal contra Wirecard la dirige la Fiscalía de Múnich. Pero este viernes, un bufete de abogados de Fráncfort formalizó otra demanda contra la BaFin, a la que reclaman daños y perjuicios por la insolvencia y caída en bolsa de la compañía. Los demandantes consideran que actuó en contra de los intereses de periodistas e inversores ante una irregularidades que eran ya conocidas.

La Fiscalía de Múnich, por su parte, sospecha que Wirecard, con pérdidas desde 2015, infló deliberadamente sus resultados y que estaba diseñado para la manipulación sistemática de datos y balances desde entonces. El pasado junio, en que se declaró insolvente, se reveló un agujero contable de 1.900 millones de euros, hasta ahora literalmente "desaparecido".

Las acciones, que llegaron a costar 192 euros a comienzos de septiembre de 2018, se pagan hoy a 1,59 €. Los daños para los bancos acreedores e inversores se estiman en 3.200 millones de euros, a juicio del bufete de Fráncfort demandante.

Tres exdirectivos de Wirecard, incluido su ex consejero delegado Markus Braun, ingresaron esta semana en prisión preventiva por orden de la Fiscalía de Múnich. Un cuarto, considerado la pieza esencial en el engranaje, está en paradero desconocido desde mediados de junio.

Se trata de quien fue el número dos de la compañía, Jan Marsalek. La última vez que se le vio en Alemania fue el 18 de junio. Medios alemanes le situaron primero huido en Filipinas, luego en Bielorrusia y más recientemente en Rusia, donde habría llegado a través de una república báltica.

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